Una académica canadiense sostiene que el modelo de zona económica especial de Hong Kong ofrece, a la vez, un “alto” y un “bajo” Estado de derecho, y que las fronteras de estas zonas son siempre porosas.
Las zonas económicas especiales (ZEE) que se diseñan para atraer inversión extranjera pueden proteger menos los derechos humanos de lo que prometen, según la profesora Alyssa King, de la Facultad de Derecho de la Queen’s University, en Kingston, Ontario (Canadá). Su análisis, publicado en la plataforma Open Global Rights, resume una charla que ofreció el 14 de julio de 2026 en el Coloquio de Derechos Humanos de FAU y toma como ejemplo a Hong Kong.
Para ubicar al lector. Hong Kong es una ciudad portuaria del sur de China y uno de los principales centros financieros del mundo. Fue colonia británica hasta 1997, cuando pasó a la República Popular China bajo la fórmula de “un país, dos sistemas”, que le reconoce un sistema legal y económico propio como región administrativa especial. Una zona económica especial es un territorio con reglas distintas a las del resto del país para atraer comercio e inversión. Costa Rica tiene su propio régimen de zonas francas, aunque King se refiere a un modelo más amplio, en el que la zona tiene incluso su propia jurisdicción legal.
Según King, Hong Kong ha sido promovido por los gobiernos británico y chino como modelo para otras zonas dedicadas a las finanzas internacionales y al derecho comercial. Estas zonas ofrecen a los inversionistas una jurisdicción separada, una relación distinta con el derecho internacional y apertura a talento jurídico extranjero. En Hong Kong, esto se traduce en procesos en inglés, abogados extranjeros no licenciados localmente que pueden comparecer, y jueces no permanentes de otros países en la Corte de Apelación Final. La ciudad también usa el sistema de common law, de tradición anglosajona, aunque el resto de China tiene otro sistema. King recuerda que la idea de que el common law favorece el crecimiento económico, conocida como tesis de los orígenes legales, tiene evidencia “bastante débil”, aunque sigue circulando.
La investigadora plantea que la misma lógica de separación que permite el modelo “alto” de Estado de derecho también habilita uno “bajo”, con menos garantías. Recuerda que, bajo dominio británico, Hong Kong tuvo un gobierno encabezado por el Ejecutivo, ausencia y luego solo elecciones parciales, y amplias leyes de sedición. Al ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Reino Unido formuló reservas para Hong Kong sobre el derecho a votar y ser elegido y sobre la protección de migrantes ante la deportación. Tras los disturbios prochinos de 1967 se aprobó además una ordenanza de orden público con una definición muy amplia de motín. Para King, la falta de democracia y la poca atención a demandas laborales y de vivienda social hicieron a la ciudad más atractiva para los negocios.
Hoy, afirma, la Ley de Seguridad Nacional de 2020 y la legislación local posterior sobre sedición dejan al territorio en una posición comparable a la del resto de China, y no como una zona de excepción. La ley tiene incluso un alcance extraterritorial mayor que normas similares del continente.
King agrega que las líneas entre la zona y el resto del país son delgadas. Cita al analista Alvin Y. H. Cheung, quien describe a Hong Kong como “un lugar real con gente real que enfrenta problemas reales”. Parte de la sociedad civil hongkonesa se vincula con la lucha democrática del continente: durante años se conmemoró en la ciudad la represión de las protestas de la plaza de Tiananmén de 1989, en Pekín. Benny Tai, académico del derecho y líder de las protestas de 2014 que hoy está preso, veía al movimiento democrático de Hong Kong atado a la democratización del continente, y la abogada Agnes Chow Hang-tung, procesada por ayudar a organizar la vigilia anual por Tiananmén, invocó la Constitución china de 1982 en su alegato final. Las autoridades chinas, por su parte, han intervenido directamente en el derecho de Hong Kong, tanto con la Ley de Seguridad Nacional como, antes, con interpretaciones legislativas de la Comisión Permanente de la Asamblea Popular Nacional.
La conclusión de King es que Hong Kong ha sido a la vez una zona “alta” y “baja”, a menudo de forma simultánea, y que ambos modos son compatibles e incluso complementarios. Esto, advierte, obliga a preguntarse en qué medida los proyectos de zonas especiales contribuyen realmente al Estado de derecho, y muestra los límites de una estrategia que busca confinar ideas jurídicas a una zona pequeña y delimitada.
