Alberto Cabezas/Foto-Medios
A nivel mundial, y según datos de la Organización Mundial de la Salud, el suicidio es la segunda causa de muerte de personas entre los 15 y 29 años. La cifra la superan, únicamente, los accidentes de tránsito.
Costa Rica no es ajena a esta realidad.
La tasa nacional de suicidios en Costa Rica pasó de 6,4 en el 2017 a 7,2 por cada 100 mil habitantes en el 2018, es decir, fueron 361 personas.
Si bien Costa Rica registra tasas de mortalidad por suicidio menor a uno, sin embargo, es el segundo país con más suicidios de Centroamérica, solo superado por El Salvador.
Los picos más altos de intentos suicidas se encuentran en la población de edades entre 15 y 19 años.
El suicidio es la tercera causa de muerte en el país entre personas jóvenes. Lo anterior refleja una tendencia a la alza en una población específica, entre ella se sitúan los estudiantes colegiales y universitarios.
Desde el año 2003 el suicidio se declaró como un problema de salud pública por la World Health Organization (WHO), hasta el 2012 el país puso en marcha el plan de acción de salud mental.
CIFRAS INDICAN LO CONTRARIO DE LA REALIDAD NACIONAL EN LAS CARCELES COSTARRICENSES
Según el Ministerio de Justicia y Paz, en este año no se han suicidado ningún privado de libertad, el año paso lo hicieron 3, en el año 2018 4 y en año 2017 4.
“Es importante señalar que la salud constituye uno de los derechos fundamentales de la población privada de libertad, siendo que, el Estado costarricense a través del Ministerio de Justicia y Paz hace efectiva esta obligación de respetar, proteger y hacer cumplir las condiciones para el goce efectivo de este derecho. Desde el Ministerio de Justicia se lucha día a día para hacer efectivo este derecho en consonancia con la legislación nacional e internacional que rige la materia acorde con el principio de respeto a la dignidad humana” asevero Denia Núñez, Jefa Nacional de Psicología del Ministerio de Justicia y Paz.
“Puede considerarse el estrés como el proceso que se pone en marcha cuando una persona percibe una situación o un acontecimiento de tal forma que supera o sobrepasa los recursos que cuenta para su afrontamiento. Por tanto, puede ser considerado tanto como un fenómeno social como psicofisiológico. Partiendo de la anterior definición, es claro, que la privación de libertad genera estrés con el consecuente impacto en la salud de las personas. Lo anterior se asocia con factores como: el alejamiento de las redes sociales y familiares, las preocupaciones por la situación de la familia, la situación jurídica, si se encuentra en prisión preventiva o está cumpliendo una sentencia firme, la duración de la sentencia, y otros relacionados con el ajuste a la vida dentro de un centro penitenciario” asevero
Agrego “tanto el personal médico como de psicología del Ministerio de Justicia y Paz, realizan de manera frecuente procesos de intervención tendientes a mejorar el equilibrio emocional de las personas, es decir, lograr un mejor afrontamiento de las diversas situaciones, lo cual incluye el manejo adecuado de los sentimientos y las reacciones, así como de enfermedades o condiciones de salud que se presenten”.
Con Núñez conversó el Periódico Informativo JBS.
Entrevista
¿Cómo reflexionaron los privados de libertad de libertad por medio de actividades del Ministerio de Justicia en el Día Mundial de la Salud Mental?
Es importante señalar que la reflexión implica pensar atenta y detenidamente sobre algo, acción de pensamiento que se busca como parte de las actividades que día a día realiza el personal profesional que atiende las necesidades de las personas privadas de libertad, tanto las disciplinas relacionadas con la salud, como las disciplinas más relacionadas con lo social y su interconexión.
Este año, el Día Mundial de la Salud Mental se celebró en un contexto internacional de pandemia de COVID-19, lo cual ha implicado una importante afectación en la cotidianidad de todas las personas, incluidas las personas privadas de libertad. Esta situación ha generado una serie de retos para el personal penitenciario, especialmente para el personal de salud que presta sus servicios.
Para ello, el Ministerio de Justicia y Paz, ejecuta una serie de acciones, estrategias y protocolos orientados a la salud física y mental de las personas privadas de libertad.
