George Rodríguez / Foto – Medios
El gobierno de México planteó hoy la necesidad de que su contraparte de Estados Unidos se esfuerce por impedir el flujo de armas hacia territorio mexicano.
“Tienen que hacer muchísimo más”, porque “lo que se está haciendo es muy poco, o nada”, advirtió el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, en la matutina conferencia de prensa presidencial, durante la cual informó sobre la reunión bilateral Estados Unidos-México, llevada a cabo, hace dos días, en la Casa Blanca.
“Les dijimos: ‘el tema de ustedes es migración, el nuestro es armas, y tienen el mismo peso’”, indicó el ministro, al relatar el encuentro en el cual, por Estados Unidos, participaron el vicepresidente Mike Pence y el secretario de Estado Mike Pompeo, así como otros funcionarios de ambos países.
Un 70 por ciento de las armas que circulan ilegalmente en México son ingresadas desde Estado Unidos, principalmente desde California, Arizona, Nuevo México, y Texas –los estados que, en sucesión de oeste a este, limitan con México, a lo largo de la frontera binacional terrestre de 3155 kilómetros-, de acuerdo con estimaciones de diversas fuentes.
Una considerable proporción de esas armas es usada por organizaciones de crimen organizado –principalmente estructuras narcotraficantes- que impunemente operan con marcadamente elevados niveles de violencia, lo que incluye enfrentamientos por disputas territoriales, acciones de sicariato, ejecuciones lo mismo masivas que individuales de enemigos.
Sin embargo, en conferencia de prensa inmediatamente posterior a la reunión en la Casa Blanca, Ebrard subrayó que, entre la variedad de temas que contiene la agenda binacional, en materia de migración y tráfico de armas, “estamos avanzando”.
Por su parte, en un breve comunicado que emitió tras el encuentro encabezado por Pence y Ebrard, la Casa Blanca informó que “los líderes acordaron que, mientras se ha hecho progreso, queda más trabajo para reducir aún más el flujo de migrantes ilegales hacia Estados Unidos”.
En ese sentido, Pence “destacó los esfuerzos del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos (US Department of Homeland Security) por extender la implementación de los Protocolos de Protección de los Migrantes (Migrant Protection Protocols) para agilizar la tramitación de solicitudes de inmigración, y señaló la necesidad de trabajar estrechamente con el Gobierno de México para extender aún más esos esfuerzos”, de acuerdo con la versión oficial estadounidense.
“Los líderes acordaron implementar los Protocolos de Protección de Migrantes en la mayor medida posible”, agregó la Casa Blanca, en el comunicado de dos párrafos.
Según lo informado en el texto, Pence “reconoció los pasos significativos y sin precedente, del Gobierno de México, para ayudar a controlar el flujo de inmigración ilegal hacia la frontera de Estados Unidos desde el lanzamiento de la Declaración Estados Unidos-México, en Washington, el 7 de junio de 2019”.
El texto hizo así alusión al acuerdo que, bajo fuerte presión estadounidense, ambos países suscribieron en esa fecha.
El acuerdo apunta, esencialmente, a que el gobierno de México frene el masivo ingreso de migrantes irregulares, a su territorio, desde el Triángulo Norte de Centroamérica –El Salvador, Guatemala, Honduras-, a través de su frontera terrestre sur de 962 kilómetros con Guatemala, rumbo a Estados Unidos.
En cumplimiento del convenio, el gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, movilizó, a nivel nacional, a miles de efectivos de la Guardia Nacional –fuerza de seguridad creada este año-, acción que ha generado críticas en sectores de sociedad civil organizada.
Al respecto, la Casa Blanca señaló, en el comunicado, que “el Vicepresidente alabó el establecimiento, por México, de una Guardia Nacional y su movilización de miles de tropas hacia las fronteras de México para detener el flujo de migrantes ilegales a través de México”.
Los miles de personas quienes emprenden en complejo y riesgoso éxodo hacia Estados Unidos, incluyen niños y mujeres -en numerosos casos, embarazadas-, para cubrir los algo más de cuatro mil kilómetros desde el Triángulo Norte –una de las regiones más violentas, a nivel mundial-.
Esos obligados migrantes huyen de la violencia –lo mismo generada por actividades de crimen organizado que, en el caso de mujeres y niños, y en menor medida, de índole intrafamiliar-, la pobreza extrema, y la falta de oportunidades que, entre otras negativas realidades, cotidianamente enfrentan en sus países de origen, naciones que presentan críticos índices socioeconómicos lo mismo que de seguridad ciudadana.
