George Rodríguez / Foto – Confidencial
Más de seiscientas personas han fallecido y casi cinco mil han resultado heridas en el marco de la violenta crisis sociopolítica que hace más de un año golpea a Nicaragua, informó hoy la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (Anpdh).
Asimismo, de los más de mil de secuestrados por efectivos policiales y paramilitares, unos 800 permanecen desaparecidos, agregó la Anpdh, en su “Informe Anual. Junio 2018-Junio 2019”, dado a conocer, en redes sociales, por su representación en el exilio, en San José, la capital costarricense, donde actualmente funciona la asociación.
“Durante el período comprendido entre abril de 2018 y junio 2019 al menos 605 ciudadanos nicaragüenses fallecieron en el contexto de las protestas, 4,759 personas resultaron heridas”, indicó, en el documento de 16 páginas, que contiene datos que cubren desde abril del año pasado, cuando estalló la dramática situación en el país centroamericano.
Además, “de las 1,256 personas secuestradas por grupos paramilitares y la Policía Nacional 423 fueron procesados ilegalmente, 1 fallecio en el sistema penitenciario y 832 personas continúan todavía desaparecidas”, precisó.
Al desglosar las más de dos mil denuncias recibidas por la Anpdh, alrededor de mil corresponden a hombres, casi 800 a mujeres, y más de un centenar a menores, de acuerdo con los datos incluidos en el rubro “ANALISÍS DE LOS PRINCIPALES DERECHOS VIOLENTADOS EN EL AÑO 2018”.
“Para un total de 2,110 denuncias, estas se dividen en: Hombres 1,324; Mujeres 778; LGBTIQ 04; Menores de edad 158; siendo las violaciones más representativas el asesinato de un familiar con 114; torturas 61 y quemas de viviendas con 68 y siendo un número de jóvenes afectados de 864”, detalló.
Respecto a este último dato, la Anpdh destacó que los jóvenes constituyen un sector poblacional particularmente golpeado por la violencia policial y paramilitar antiopositora.
“Es imperativo hacer una especial observación a la cantidad de jóvenes afectados por estos crímenes que se presumen de lesa humanidad dentro de la crisis sociopolítica, ya que estos jóvenes han sido víctimas de torturas, secuestros y se han visto obligados a interrumpir sus estudios, separarse de sus hogares y sufrir los embates del exilio”, explicó.
En la parte introductoria del informe, la Anpdh señaló que, a raíz de su labor, en el marco de la dramática situación nacional, sus integrantes han sido objeto de persecución, lo que determino la necesidad, de varios de sus dirigentes, de exiliarse.
Entre ellos, figura el secretario ejecutivo de la organización, el abogado Álvaro Leiva, quien se encuentra, en calidad de asilado político, en Costa Rica.
“Debido a la asistencia humanitaria servida por ANPDH en medio de la crisis socio política del país, los defensores de la institución fueron perseguidos y amenazados de muerte tanto por para policías como por funcionarios de la Policía Nacional”, relató la entidad.
En tal contexto, Leiva solicitó, en mayo de 2018, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), medida cautelar de protección para el defensor de derechos humanos Danilo Antonio Martínez Rodríguez y su familia, medida que fue acordada, agregó.
Tras la difusión, en julio del año pasado, de un informe preliminar sobre víctimas fatales de la represión, la Anpdh recibió “información alarmante de funcionarios internos del gobierno, policías, fiscales, jueces, que se había activado prácticas ilegales de persecución judicial y criminalización sin fundamento legal”, contra integrantes de la asociación, según lo señalado en el documento difundido hoy.
Ello determino que cinco integrantes de la Anpdh –Leiva, Danilo Antonio Martínez Rodríguez, José Luis Rodríguez Reyes, José Francisco Rizo y Jhoswel Antonio Martínez- “decidieran salir urgentemente de Nicaragua para garantizar sus vidas con destino a la República de Costa Rica”, siguió relatando la agrupación.
“El uno de agosto de dos mil dieciocho (…) fueron protegidos temporalmente en una iglesia católica de Managua. Y en horas de la madrugada del dos de agosto de dos mil dieciocho, tomaron un autobús hacia Ocotal de Nicaragua en dirección al puesto fronterizo de Las Manos frontera con la República de Honduras entrando vía terrestre por puntos ilegales ciegos huyendo de las autoridades policiales, para policiales y militares de Nicaragua saliendo por la comunidad fronteriza de Honduras conocida como El Paraíso”, agregó.
El grupo viajó, “después vía aérea hacia San José Costa Rica, donde llegamos y permanecemos desde el sábado cuatro de agosto de dos mil dieciocho, puntualizó.
“A partir de este momento la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (…) ha debido legalizar sus operaciones en Costa Rica y tuvo que dedicarse a prestar su asistencia humanitaria y de defensa de derechos de los nicaragüenses tanto exiliados como aun residentes en Nicaragua”, explicó.
En recientes declaraciones a Informativo JBS, Leiva indicó que, en cuanto a la dramática situación nicaragüense, y al sostenido –y creciente- éxodo que ésta ha generado, la Anpdh recibe denuncias, que verifica y documenta, con la perspectiva de formular, en algún momento, las acusaciones del caso, a nivel internacional, en instancias que son parte los sistemas Americano y de Naciones Unidas de derechos humanos.
Ello, en virtud de que, para que Nicaragua se recupere de la crisis, se requiere la impartición de justicia y la aplicación de severo castigo a los responsables de las denunciadas violaciones a los derechos humanos, según explicó.
En ese sentido, Leiva señaló que el marco general para esto, consiste en el establecimiento de un multisectorial gobierno de transición.
