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«De conformidad con estadísticas de la OCDE ( Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) para el 2018, las cargas sociales en Costa Rica representan un 8.2% del Producto Interno Bruto, mientras que en Francia equivalen a un 16.1%, Reino Unido 6.4% y Estados Unidos 6.1%. En promedio las cargas sociales de los países de la OCDE representan un 9.4% del PIB» aseguro Dra. Alejandra Vega trabajadora de la Gerencia Médica de la Caja Costarricense del Seguro Social.
Con Vega conversó el Periódico Informativo JBS.
Entrevista
¿Con reducir las cargas sociales se disminuye la informalidad en Costa Rica?
En principio se tendería a pensar que cargas sociales más reducidas podrían ser más asequibles para mayor cantidad de personas, no obstante, el fenómeno de la informalidad según la OCDE es multidimensional. Así, hay que considerar que:
- Está relacionado con la cantidad de trámites que se les exige a las microempresas para su formalización, por ejemplo, trámites obligatorios: trámites para obtener el permiso sanitario de funcionamiento en el Ministerio Salud, patente municipal y aquellos requisitos adicionales según actividad y tamaño del proyecto, como: viabilidad ambiental, conexión al sistema de alcantarillado, deposición de residuos, registro sanitario, entre otros.
- Algunas de las razones por las cuales estas empresas permanecen en la informalidad están asociadas a los costos administrativos; y a la falta de capacidades y recursos financieros de los emprendedores para separar su actividad productiva de la estructura familiar.
- De acuerdo con el índice de facilidad para hacer negocios (Doing Business) del Banco Mundial, en 2019 Costa Rica se ubicó en el lugar 69 de 190 países en la clasificación general, sin embargo, en el indicador relativo a la apertura de negocios se coloca en el lugar 142. La apertura de una empresa requiere 23 días, cuando el promedio de los países de la OCDE es de 9.2 día.
A esto se agrega que la informalidad guarda relación con muchos otros factores tales como descalces entre oferta y demanda del mercado de trabajo, dinámica en las relaciones laborales que actualmente son más complejas en su determinación y por lo tanto, demandan mayor capacidad de fiscalización, situación económica del país, situaciones como la pandemia que se experimenta y que afecta no solo al país sino también a nivel internacional, entre otros.
¿Existe una buena carga tributaria para financiar la CCSS en Costa Rica?
El espacio fiscal para el financiamiento de la seguridad social puede aproximarse a través de indicadores como el porcentaje de carga tributaria en relación con el PIB, que en el caso de Costa Rica y según información publicada por la OCDE para el 2018, ronda el 23.9%, el cual es relativamente bajo comparado con el promedio de carga tributaria de países de la OCDE de 34.2%.
A futuro deberá abrirse un espacio de discusión sobre el financiamiento de la seguridad social, ya que, por el efecto de cambios demográficos y el aumento de enfermedades crónicas, entre otros, los ingresos tenderán a disminuir y habrá mayores presiones sobre los gastos.
¿Qué porcentaje de la población costarricense sostiene la CCSS? Y ¿De estos cuántos son nicaragüenses?
Según datos de la Dirección Actuarial, la población asegurada directa (que contribuye con la seguridad social) representa un 69.71% de la Población Económicamente Activa. Sobre los trabajadores asegurados aproximadamente un 88% son nacionales y 12% extranjeros.
¿Qué características tienen los no asegurados en Costa Rica?
De conformidad con un estudio de la Dirección Actuarial publicado en el 2019, cerca de 841 mil personas de la Población Económicamente Activa no se encuentra asegurada (equivalente a un 30% de la PEA).
De estos el 70% habita en zonas urbanas; el 41% son jefes de hogar; el 55% son hombres; el 17% son migrantes externos; el 20% está afectada por el desempleo abierto; 37% tiene algún grado de primaria y el 60% se ubican en los primeros dos quintiles de ingreso.
Con respecto a las condiciones laborales, el 48% labora en empresa no constituidas en sociedad; el 30% en empresas constituidas en sociedad y un 15% en hogares; el 12% se ubican en actividades agrícolas; el 35% son no asalariados (mayoritariamente vendedores y trabajadores en servicios diversos).
