Las falsas terapias de conversión para personas LGTBIQ+ han sido prohibidas en España desde hace casi dos años bajo la ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, conocida como la «ley trans». Sin embargo, la aplicación de sanciones ha sido escasa, lo que ha generado una cultura de impunidad, según denuncia Saúl Castro, fundador de la organización «No es terapia». Esta entidad ha impulsado una nueva propuesta de ley que busca castigar con penas de prisión la promoción y realización de estas pseudoterapias.
Xavi Martínez Cal, quien fue sometido durante cuatro años a falsas terapias de conversión en Valencia, apoya la iniciativa. “Se deben criminalizar porque actualmente no se protege a las víctimas. Si no se los criminaliza, esta gente va a seguir actuando”, advierte Martínez Cal. Las prácticas a las que fue sometido estaban organizadas por el Centro de Orientación Familiar Mater Misericordiae, recientemente suspendido de actividad por el Arzobispado valenciano, en colaboración con la organización «Es Posible la Esperanza».
La necesidad de una legislación penal
El primer expediente relacionado con estas prácticas se abrió recientemente en siete diócesis españolas, pero las sanciones siguen siendo limitadas. «En la Comunidad Valenciana, Andalucía o Madrid se han archivado nuestras denuncias sin explicación, sin permitirnos recurrirlas o alegando incorrectamente que carecen de competencia para tramitarlas», señala «No es terapia». La semana pasada, PP y Vox rechazaron en la Asamblea de Madrid una propuesta de penalización, argumentando que estas prácticas «no son una realidad significativa» y que ya están sancionadas por la ley.
Desde la organización «No es terapia» se denuncia que los órganos administrativos encargados de sancionar estas prácticas actúan según intereses políticos. «Es violencia que se perpetra en entornos alejados del escrutinio público y de difícil tutela sin intervención judicial, por lo que solo la jurisdicción penal puede garantizar una instrucción efectiva», subrayan.
Impacto en la salud mental de las víctimas
Las personas LGTBIQ+ que han sido sometidas a estas pseudoterapias tienen un mayor riesgo de sufrir problemas de salud mental. Estudios recientes, como uno publicado en The Lancet Psychiatry, indican un aumento en la incidencia de depresión, estrés postraumático y pensamientos suicidas en las víctimas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) también ha instado a los gobiernos a prohibir estas prácticas.
Por ello, la propuesta de ley busca incluir penas de entre uno y cuatro años de prisión, además de indemnizaciones y medidas de protección para las víctimas. La iniciativa cuenta con el respaldo de partidos como Sumar, Podemos, IU, ERC, Compromís, BNG, Más Madrid, Junts, Comuns y Bildu. Durante la tramitación de la ley trans en 2023, se presentó una enmienda para penalizar estas prácticas, pero no prosperó, con el PSOE entre los partidos que votaron en contra.
Un llamado a la acción
Organizaciones como la Felgtbi+ han instado a la Unión Europea a prohibir las falsas terapias de conversión y clasificarlas como eurocrímenes. «Esta violencia no es terapia. No somos enfermos, ni pecadores, ni vagos, ni maleantes», enfatiza Martínez Cal. La comunidad LGTBIQ+ y sus aliados continúan presionando para que estas prácticas sean criminalizadas y para que se garantice la protección de las víctimas.
