La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica ha señalado «fallas» en la atención que recibieron los 135 migrantes deportados desde Estados Unidos, quienes llegaron al país el 20 de febrero de 2025. La Defensoría acusó a las autoridades costarricenses de no haber habilitado un espacio adecuado para recibirlos en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, además de que no se les brindó suficiente información ni traducción sobre los procesos migratorios a los que estarían sujetos.
En un comunicado oficial, la Defensoría también criticó la falta de una revisión médica inmediata al momento de su llegada. Los migrantes, originarios principalmente de países asiáticos como Uzbekistán, China, Armenia y Turquía, fueron trasladados en autobuses al Centro de Atención Temporal de Migrantes (Catem-Sur), en un viaje de entre seis y siete horas, sin una valoración de su estado de salud. La Defensoría advirtió que esta situación podría haber puesto en riesgo la vida de algunas personas, especialmente aquellas con patologías crónicas que requerían atención médica urgente.
La respuesta del Ministerio de Seguridad Pública fue tajante. Mario Zamora, titular de la cartera, negó las acusaciones de malos tratos, aclarando que las deficiencias en la atención en el aeropuerto fueron consecuencia de la infraestructura del lugar, pero insistió en que al llegar al Catem-Sur los migrantes recibieron la atención necesaria. Además, criticó a la Defensoría por no haberse mantenido en el aeropuerto para acompañar el proceso desde el inicio, como según él, se esperaba.
El desacuerdo entre la Defensoría y el Gobierno se dio en un contexto particularmente delicado, ya que Costa Rica había anunciado días antes un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos para recibir a hasta 200 migrantes deportados, como parte de un esfuerzo de colaboración bilateral. Sin embargo, la llegada de los 135 migrantes deportados ha revelado tensiones sobre la capacidad de Costa Rica para manejar este tipo de situaciones humanitarias de manera efectiva.
Angie Cruickshank, defensora de los habitantes, refutó las declaraciones de Zamora, calificándolas de «desafortunadas». Según Cruickshank, personal de la Defensoría había estado presente en el Catem-Sur durante la semana para monitorear la situación y garantizar los derechos humanos de los migrantes. Además, insistió en la necesidad de que el Gobierno tome acciones para asegurar el respeto de los derechos fundamentales de los migrantes deportados.
Este incidente pone de manifiesto las complicadas relaciones entre Costa Rica y Estados Unidos en cuanto a la gestión de los flujos migratorios y plantea interrogantes sobre la capacidad del país para manejar, en términos de infraestructura y recursos humanos, situaciones de alto impacto en los derechos humanos.
En medio de las críticas y el debate, lo que sigue en la agenda es el compromiso del Gobierno costarricense de garantizar que las políticas migratorias no vulneren los derechos de las personas, que los procedimientos se realicen con la debida diligencia y respeto hacia quienes atraviesan por esta difícil situación.
