Garantías individuales: ¿Mano dura o riesgo de autoritarismo en Costa Rica?
La candidata presidencial Laura Fernández, del partido Partido Pueblo Soberano (PPSO), ha sacudido el panorama político costarricense al proponer públicamente la suspensión temporal de las garantías individuales establecidas en la Constitución Política de Costa Rica ante una eventual escalada del sicariato o el crimen organizado. CR Hoy+2La Nación+2
La iniciativa, que apunta a permitir operativos especiales en barrios de “máxima delincuencia” sin las limitaciones normales de libertad de tránsito, inviolabilidad del domicilio o secreto de las comunicaciones, ya cuenta con el respaldo de la diputada Pilar Cisneros, lo que profundiza el debate sobre el equilibrio entre seguridad y derechos ciudadanos. Diario Extra
1. ¿Qué propone Laura Fernández?
Subtítulo: Medida extrema ante una crisis de seguridad
En su presentación del plan de gobierno, Fernández aseguró que “si la cosa se pone muy fea con inteligencia policial detectando los barrios de máxima delincuencia, levantar garantías, hacer operativos y sacar a estos maleantes de circulación”. CR Hoy+1
Específicamente, la aspirante habló de suspender derechos como la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones —todos contemplados en los artículos 22 al 24 de la Constitución. CR Hoy+1
Señaló que la medida requeriría que el Ejecutivo solicitará a la Asamblea Legislativa de Costa Rica la autorización, lo que implica la necesidad de una mayoría calificada (mínimo 38 de los 57 diputados) para aprobar la suspensión de garantías. CR Hoy
2. ¿Por qué ahora? Contexto de inseguridad
Subtítulo: La ola de homicidios y el crimen organizado como telón de fondo
En el primer semestre de 2025, el país contabilizó 443 homicidios, frente a 434 en el mismo período de 2024: un aumento del 2 %. Semanario Universidad
Las autoridades estiman que el total de homicidios para todo 2025 podría rondar los 880 a 900 casos, cifra similar a la más alta de la historia del país. Observador+1
Según datos oficiales, el 74 % de los homicidios registrados en el 2025 estarían vinculados con ajustes de cuentas entre grupos del crimen organizado, y un 79 % de esos asesinatos se cometieron con armas de fuego. SWI swissinfo.ch
En un informe de 2024, la oficina especializada en crimen organizado registró 46 casos de tráfico internacional de drogas, 32 de tráfico de drogas, 8 de homicidio calificado, entre otros delitos complejos. Ministerio Público
Este escenario alimenta el argumento de Fernández sobre la “excepción” en barrios de alta criminalidad, aunque también dispara alarmas sobre la fragilidad institucional y los derechos humanos.
3. Reacción política y social
¿Mano firme o amenaza a las libertades?
Opositores y analistas advierten que la propuesta puede derivar en un salto hacia un Estado de excepción sin los debidos controles democráticos. El Mundo CR+1
Por su parte, Fernández afirma que se trataría solo de una medida “en casos estrictamente necesarios” y limitada territorialmente. CR Hoy
Analistas políticos señalan que el discurso de “mano dura” apunta a captar el voto evangélico, un sector que valora orden , firmeza frente al delito, aunque pone en riesgo la separación de poderes y las garantías constitucionales. Diario Extra
Datos clave y definiciones
A. Definición clave
Garantías individuales: Derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de Costa Rica (Capítulo IV, artículos 22 al 37) que protegen la libertad de tránsito, inviolabilidad del domicilio, secreto de las comunicaciones, libertad de asociación, etc. CR Hoy+1
Sicariato: Forma de violencia homicida comandada por encargo, muchas veces vinculada al crimen organizado, ajusticiamientos o venganza criminal. En Costa Rica, esta modalidad ha cobrado mayor relevancia en la última década. Vinv UCR
B. Estadísticas relevantes
Proyección de homicidios para 2025: entre 880 y 900. Observador+1
En 2024 ya se registraron 880 homicidios, la segunda cifra más elevada de la historia del país. SWI swissinfo.ch
En 2024, la Fiscalía especializada en crimen organizado reportó 192 casos de venta de drogas sin autorización, 74 de tráfico internacional, 22 de robo agravado, 11 de transporte de drogas y 10 por estupefacientes de uso no autorizado. Ministerio Público
Rezago en las fiscalías especializadas: FAEDO obtuvo acusaciones en solo ~12 % de sus causas en 2024, lo que evidencia dificultades en la persecución del crimen organizado. Ministerio Público
C. Aspectos constitucionales relevantes
El artículo 121 inciso 7 de la Constitución costarricense señala que la suspensión de garantías individuales solo puede realizarla la Asamblea Legislativa, por un periodo máximo de 30 días, y puede aplicarse total o parcialmente a parte del territorio. CR Hoy+1
D. Contexto internacional comparado
Países vecinos como El Salvador han aplicado estados de excepción y regímenes de excepción que limitan derechos con el argumento de combate a las pandillas; la estrategia costarricense se inspira en ese modelo, generando recelo sobre la amenaza a derechos humanos. AP News+1
Preguntas y Respuestas
Q1. ¿Puede la presidenta ejecutar sola la suspensión de garantías individuales?
R: No. De acuerdo con la Constitución costarricense, la suspensión de garantías individuales requiere una solicitud del Poder Ejecutivo pero la aprobación de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, con mayoría calificada (al menos 38 diputados) y por un periodo limitado (máximo 30 días) y puede aplicarse solo a parte del territorio o solo algunos derechos. CR Hoy+1
Q2. ¿Qué derechos concretamente podrían suspenderse según la propuesta?
R: La candidata mencionó derechos como la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones, todos contemplados en los artículos 22 y 23 y 24 de la Constitución. CR Hoy+1
Q3. ¿Por qué propone esta medida Laura Fernández?
R: Según su discurso, la medida se plantea como un recurso “extremo” ante una escalada del sicariato o del crimen organizado, donde “barrios de máxima criminalidad” serían intervenidos mediante inteligencia policial y se requeriría levantar garantías individuales para permitir operativos ágiles. CR Hoy+1
Q4. ¿Cuáles son los principales argumentos en contra?
R: Los críticos advierten que suspender garantías individuales abre la puerta a abusos de poder, debilita la protección de derechos fundamentales, erosiona el Estado de derecho y puede ser una medida electorera para captar voto del miedo sin garantizar soluciones institucionales de fondo. El Mundo CR+1
Q5. ¿Cuál es el estado de la inseguridad en Costa Rica que motiva este debate?
R: Costa Rica enfrenta un aumento sostenido de homicidios y violencia asociada al narcotráfico; se proyectan hasta 900 homicidios en 2025, con un alto porcentaje de estos vinculados a crimen organizado y armas de fuego. SWI swissinfo.ch+1
Reflexión final
La propuesta de Laura Fernández de suspender garantías individuales coloca en el centro del debate electoral costarricense la tensión entre seguridad y libertad. Si bien el aumento del crimen organizado exige respuestas, el verdadero desafío está en diseñar medidas efectivas y respetuosas del marco constitucional. Por un lado, la urgencia de frenar homicidios y el narcotráfico es real; por otro, la historia muestra que las democracias que sacrifican derechos en nombre del orden pueden perder más de lo que ganan. En 2026 los costarricenses tendrán que decidir si prefieren un giro hacia la mano dura o robustecer las instituciones del Estado de derecho. Invito al lector a participar, opinar y compartir este análisis —la seguridad del país depende de todos.
Firma
Alberto Cabezas Villalobos, Periodista (Lic. en Administración de Empresas / Máster en Educación) – Secretario de la Asociación Agencia para el Desarrollo Accesible sin Fronteras – Secretario de Relaciones Internacionales de la Confederación Unitaria de Trabajadores – Presidente de la Comisión de Accesibilidad de la CUT – Miembro del Foro Nacional Consultivo de Personas con Discapacidad. Reportaje elaborado para el programa “Entre Todos” de Radio Victoria (Heredia).
