Alberto Cabezas/Foto-Medios
“La organización que pertenezco, ni las organizaciones con las cuales tenemos unidad en la acción contra la dictadura, ni la oposición no se va a pronunciar en el Congreso Legislativo nicaragüenses solicitando audiencia en las comisiones donde se analizan proyectos de ley para tratar de que se modifiquen lo que no estamos de acuerdo, puesto que eso es lo que ocurriría en un contexto de gobierno normal y democrático, pero en Nicaragua estamos frente a una dictadura totalitaria y criminal y no perseguimos hacer modificaciones ni prestarnos a legitimar el proceso de formación de esas leyes con nuestra comparecencia, sino que rechazamos de plano las 3 iniciativas y el Decreto Ejecutivo que pretenden aprobar en los próximos días para limitar las libertades consagras en la Constitución Política” expresó Oscar Danilo Carrión, quien es Abogado y Notario Público de Nicaragua, posee un post grado en Derecho con Especialidad en Ciencias Políticas de la Universidad de Salamanca España y representa al del Bloque Democrático.
Agrego “consideramos que no hay nada que revisar para modificar, sino que las iniciativas por su naturaleza violatorias de derechos humanos, constitucionales y libertades públicas deben ser completa y absolutamente rechazadas; no deben ser aprobadas ya que de lo contrario el régimen se expondría a contundentes sanciones y acciones por parte de la comunidad internacional por las múltiples violaciones a derechos y libertades que explicamos que contienen esas iniciativas arbitrarias y represivas”.
Con Carrión conversó el Periódico Informativo JBS.
Entrevista
¿Qué piensas de lo expresado por el Embajador de Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos Carlos Trujillo?
En principio nuestro agradecimiento por la buena intención de ayudar a la democracia en Nicaragua.
Sin embargo, el planteamiento alrededor de elecciones con el dictador no lo compartimos un grupo de varias organizaciones opositoras que no pertenecemos ni nos sentimos representados en la Coalición Nacional ni en la UNAB.
Creemos que lo primero antes de hablar de elecciones debe ser el desconocimiento o declaratoria de ilegitimidad del régimen Ortega Murillo tanto en su origen como en ejercicio del poder producto de los fraudes, violaciones constitucionales para reelegirse indebidamente, por los crímenes de lesa humanidad certificados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GIEI de la OEA y por la ruptura del orden democrático y constitucional referido en el informe de la Comisión de Alto nivel nombrada por la Asamblea General de la OEA de Medellín en 2019.
Lo primordial debe ser la declaratoria de ilegitimidad y el desconocimiento como presidente de Nicaragua, la liberación de mas de 100 reos políticos que sufren tratos crueles y degradantes en las mazmorras de la dictadura; se debe obligar al régimen a permitir el retorno de los organismo internacionales de derechos humanos para crear condiciones de seguridad y garantía para el retorno de más de 100 mil hermanos nicaragüenses que sufren las penurias del exilio; se deben iniciar procesos judiciales internacionales en contra de los responsables por los asesinatos, heridos, lesionados, desaparecidos, sus víctimas y familiares; el cese de la represión de paramilitares, policía sandinista sancionada, del acoso, persecución y amenazas a opositores y hasta después pensar en realizar profundas reformas electorales para crear verdaderas condiciones integrales para un proceso electoral justo, limpio, transparente, auditable y observado preferiblemente sin el dictador en el poder.
¿Por qué dice que quieren meter a Nicaragua en un combo de leyes regresivas y totalitarias?
Porque el régimen ha presentado en los últimos 10 días, 3 iniciativas de ley y un decreto Ejecutivo que van en contra de los derechos del pueblo.
La ley de cadena perpetua justificada de parte del régimen supuestamente en una reciente tragedia de varias niñas víctimas de violación, centra su objetivo en los “crímenes de odio” que de nuevo, además de violentar la Constitución Política, persiguen hacer interpretaciones discrecionales y persigue incriminar dentro de esta categoría a aquellos opositores calificados en diversas ocasiones de parte de la dictadura como golpistas, terroristas, otros calificativos despectivos y discriminatorios y puede ser utilizada como espada de Damocles en contra de los opositores al régimen Ortega Murillo al igual que en forma arbitraria han utilizado otras figuras legales para incriminar a los que se oponen a la dictadura sandinista.
La iniciativa de Ley de Agentes Extranjeros, en general pretende criminalizar y enjuiciar a opositores al régimen a título personal o institucional que de una u otra forma trabajan en proyectos o actividades en pro de la democracia, la justicia y las libertades y que son financiados por fondos del exterior.
Esta iniciativa limita los derechos políticos ciudadanos, los expone a eventuales confiscaciones y a penas excesivamente desproporcionadas y ambiguas que solo constituyen otra forma más de restringir derechos y limitar las libertades fundamentales.
Por su parte la iniciativa de Ley de Ciberdelitos tiene como objetivo de fondo imponer un bozal a los ciudadanos que protestamos por las violaciones a nuestros derechos humanos.
Criminaliza y censura el uso de las redes sociales, la libertad de expresión; restringe el ejercicio de la labor de periodistas y comunicadores.
Reedita el Código Negro de los tiempos del somocismo, cercena libertades y derechos amenazando con cárcel a quienes el régimen a su completa discreción y arbitrio considere emisor de “noticias falsas, tergiversadas o que a su juicio produzcan alarma, temor o zozobra entre la población”.
De igual forma, si para la dictadura “incita al odio o a la violencia, o cuando según ellos ponga en peligro la economía, el orden público, la salud o la seguridad soberana”.
Este perverso instrumento persigue acallar la disidencia, los reclamos y el clamor de un pueblo que denuncia a diario en las plataformas digitales, las múltiples violaciones a derechos humanos cometidos por la dictadura y sus agentes, y pretende neutralizar los reclamos por libertades, justicia, democracia, cese de represión, libre movilización, respeto a derechos humanos, libertad de los presos políticos y la salida de la dictadura por fraudes, violaciones constitucionales, por la comisión de crímenes de lesa humanidad y por la ruptura del orden constitucional.
