La Sala Constitucional de Costa Rica, conocida como Sala IV, emitió una resolución importante respecto a la suspensión de la construcción del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, que afecta directamente a la población adulta mayor. En su sentencia 2025-001904, el Tribunal ordenó a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y otras instituciones relacionadas completar los estudios de factibilidad del proyecto en un plazo máximo de dos meses.
El recurso de amparo fue presentado por un usuario del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, quien alegó que la paralización del proyecto pone en riesgo los derechos fundamentales de las personas adultas mayores, especialmente su derecho a la salud y a la vida. La suspensión del proyecto, que data de 2009, se da a pesar de los estudios preliminares realizados, los cuales no han identificado obstáculos significativos para su avance.
El Tribunal Constitucional consideró que la decisión de la CCSS constituye una vulneración de derechos esenciales, como la salud, la igualdad y la dignidad de la población adulta mayor. En su resolución, destacó que el Estado debe garantizar la eficiencia en la prestación de servicios de salud, especialmente en lo que respecta a esta población vulnerable. En este contexto, los magistrados enfatizaron que la Constitución exige una atención de salud continua, eficiente y sin justificaciones como limitaciones presupuestarias.
La sentencia también establece que, en un plazo de dos meses, la CCSS, la Defensoría de los Habitantes, el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología y el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor deberán coordinar acciones para concluir los estudios de factibilidad y continuar con el proceso de construcción del hospital.
Los magistrados Castillo Víquez y Garro Vargas expresaron su desacuerdo con la resolución, argumentando que el análisis de decisiones administrativas, como la suspensión de proyectos por parte de la CCSS, debe ser evaluado por las instancias competentes y no por la Sala IV.
Alicia Avendaño, presidenta de la Junta de Salud del Hospital Geriátrico Raúl Blanco Cervantes, expresó su satisfacción por la resolución. En declaraciones a la prensa, destacó que la construcción del nuevo hospital es urgente debido a las limitaciones de la infraestructura actual, que no cumple con los estándares de la Ley 7600 y no puede ofrecer atención continua a los adultos mayores.
Avendaño también señaló que, una vez que se completen los estudios de factibilidad, se podrán iniciar los procedimientos de licitación para la construcción del hospital, un proceso que podría llevar alrededor de dos años si se declara de urgencia institucional.
La resolución de la Sala IV ha sido recibida con esperanza por los defensores de los derechos de las personas adultas mayores, quienes esperan que esta decisión impulse las autoridades a actuar con rapidez para asegurar una atención adecuada y digna para esta población.
