George Rodríguez/Foto-Archivo
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, encabezan la cadena de 
mando responsable de la represión antiopositora que tiene lugar, hace algo más de dos años, en el país centroamericano, y, por lo tanto de los crímenes de lesa humanidad cometidos en ese contexto.
Al dar a conocer los resultados del peritaje que, sobre el tema, dirigió, Roberto Samcam, mayor retirado del Ejército Popular Sandinista (EPS) -fuerza armada antecesora del actual Ejército de Nicaragua-, subrayó que Ortega y Murillo son los principales responsables directos de las persistentes violaciones a los derechos humanos cometidos, desde abril de 2018, cuando estalló la violenta crisis sociopolítica que sigue afectando a Nicaragua.
La responsabilidad se extiende a los demás integrantes de la cadena de mando -oficiales de la Policía Nacional (PN), autoridades municipales en diferentes puntos del pañis, dirigentes del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)-, precisó Samcam, al participar en la primera jornada de trabajo del Tribunal de Conciencia creado por la costarricense Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano.
Mediante la investigación llevada a cabo en el marco del peritaje -que incluyó, entre otros componentes, entrevistas con ex presos políticos torturados- fue posible determinar “la responsabilidad del vértice superior de la cadena de mando, constituido por el presidente y la vicepresidenta -Daniel Ortega y Rosario Murillo, respectivamente-”, indicó Samcam.
“Esta responsabilidad se extiende a una cadena de mando subordinada -que, claramente, queda identificada, a través del peritaje, en jefes policiales, secretarios políticos del partido de gobierno, alcaldes, diputados del partido de gobierno, y funcionarios de gobierno-“, señaló.
También se determinó la comisión de “crímenes de lesa humanidad, los cuales se identifican en los secuestros que ha habido, en los tratos crueles y degradantes que ocasionaron, a las víctimas, y la violencia sexual como un mecanismo de tortura que ha sido ampliamente documentado con las tesis anteriores”, precisó.
Por la vía del peritaje se logró “comprobar, primero, las violaciones a los derechos humanos de los prisioneros que dieron su testimonio”, además de que “se comprueban los abusos sexuales como mecanismo de tortura, se ratifica la comisión de crímenes de lesa humanidad en contra de los prisioneros que dieron su testimonio”, dijo Samcam, quien actualmente se desempeña como analista político y experto en temas de seguridad.
Ortega y Murillo figuran entre los principales responsables de la represión, dado que la orden original que autorizó las violaciones a los derechos humanos -lo que ha implicado brutal agresión sexual contra prisioneras lo mismo que prisioneros de conciencia- fue impartida por la pareja gobernante, aseguró.
“Hay una responsabilidad directa, del presidente y vicepresidenta de la República, por la comisión de todos estos crímenes, fundamentalmente en la orden expresada ‘vamos con todo’, que, lo que le decía, a la cadena de mando subordinada, es que todo era permitido”, precisó.
“La ejecución de la orden impartida, desde la cúspide de la cadena de mando, hacia abajo, fue cumplida, de manera implacable, por las estructuras subordinadas, y quedan absolutamente demostradas las características de los abusos sexuales, que los tipifican como crímenes de lesa humanidad”, subrayó el mayor retirado, quien mencionó, por nombre y nivel jerárquico, a cada integrante de esa estructura autoritaria, desde Ortega y Murillo hasta los escalones más bajos.
“Hubo sistematicidad -hay organización, no fue nada al azar, ha dirección, hay patrones definidos, conocimiento, y aprobación del nivel superior de la cadena de mando que hemos analizado-“, relató el experto, quien enfatizó que la agresión antiopositora ha sido generalizada.
Samcam explicó que, en el maltrato a los detenidos, el propósito específico ha sido el de torturarlos de modo afectarlos integralmente, y de manera brutal.
Desde el momento de la detención, se registra algunos “patrones de actuación, de acuerdo a los testimonios”, comenzó a explicar.
Se trata de un esquema de represión selectiva, luego de los masivos ataques armados contra las multitudinarias manifestaciones pacíficas opositoras que caracterizaron los meses iniciales de la crisis, marchas cuya consigna central era la exigencia de renuncia por parte de la pareja gobernante.
En ambas variantes represivas, los agentes ejecutores son agentes policiales actuando con apoyo de escuadrones ilegalmente armados.
Al respecto, Samcam indicó que, actualmente, “todas las capturas son realizadas en plena vía pública, o sacadas de su casa de habitación -importante: sin orden judicial ni orden de allanamiento de morada, lo cual se tipifica como un secuestro-“.
“Las personas son secuestradas por policías uniformaos y elementos parapoliciales que van acompañándolos, y que van armados”, puntualizó, para agregar que “todos los capturados son trasladados a delegaciones policiales oficiales o a centros clandestinos”.
“Todos los prisioneros son obligados a desnudarse, totalmente, ya sea en presencia de sus captores o de otros capturados”, siguió denunciando, y explicó que se trata de “un mecanismo psicológico de avasallar, someter, y humillar al capturado”.
“Todos los prisioneros son obligados a realizar ejercicios físicos extenuantes, totalmente desnudos, pasan por una etapa de golpizas, previo a los interrogatorios, como una forma de ‘ablandamiento’ -entre comillas-, y los prisioneros son interrogados utilizando diferentes mecanismo de tortura, para arrancar confesiones -golpes, patadas, ahogamientos simulados, asfixia mecánica, extracción de uñas -con tenazas u objetos cortopunzantes-, extracción de piezas dentales -con tenazas-, quema de genitales, choques eléctricos”, agregó.
“Y todos los prisioneros -hombres y mujeres- son sometidos a abusos sexuales”, indicó, al referirse al tema central del tribunal -“Violencia sexual: crímenes de lesa humanidad en Nicaragua”-.
En la tortura, “hay intencionalidad, se pretendió, de manera deliberada, causar daño físico y psicológico, como una medida ejemplarizante de escarmiento, a los prisioneros”
En cuanto a la violencia sexual, indicó que “antes de penetrar, a los prisioneros, con cañones de fusiles o de pistolas, los disparaban, para que estuvieran calientes, y hacer más daño, y causar mayor dolor, a la víctimas”.
Entre las recomendaciones incluidas en el peritaje, Samcam mencionó la de “conformar una comisión internacional de la verdad, que investigue los crímenes cometidos”, además de “iniciar procesos judiciales, a nivel nacional e internacional, a todos los funcionarios implicados en los crímenes cometidos”.
Igualmente, “crear un centro de atención integral a la víctimas de torturas y de abusos sexuales, disponiendo, el Estado, de los recursos necesarios, y clausurar la Dirección de Auxilio Judicial -‘El Chipote’-, convirtiéndolo en parte del Museo de la Memoria Histórica contra la Impunidad”.
“El Chipote” es el centro de detención donde, en condiciones inhumanas de falta de higiene, se comete la mayoría de las torturas -y las de mayor crueldad-.
Los integrantes del tribunal son las juristas costarricenses Alda Facio y Sonia Picado, la abogada española Almudena Bernabéu, la psicóloga colombiana Clemencia Correa, y la activista nicaragüense de derechos humanos Bianca Jagger.
Las acciones de peritaje del tribunal están a cargo de los nicaragüenses Samcam y Javier Meléndez -psicólogo-, además de Soraya Long -ex directora del Programa para Centroamérica y México, del Center for Justice and International Law (Centro por la Justicia y el Derechos Internacional, Cejil)-, y una exerta cuya identidad no fue revelada por razones de seguridad.
El panel sesionará, del 8 al 11 de este mes, en el Hotel Radisson, en San José, la capital costarricense.
Nicaragua es escenario, desde el 18 de abril de 2018, de una violenta crisis sociopolítica, en cuyo marco sectores de la sociedad civil, y ciudadanos a nivel individual -aunque masivamente-, exigen la renuncia del presidente, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, demanda que ha recibido, desde entonces, constante represión policial y paramilitar -ahora, más selectiva que masiva-.
Según los más actualizados datos de la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (Anpdh) -que opera, desde 2018, en el exilio en Costa Rica-, la violencia antiopositora ha cobrado por lo menos 728 vidas, generado unos 842 desaparecidos, 514 presos políticos, y 5,109 heridos.
La situación se ha agravado, desde marzo de este año, a causa de la pandemia mundial del nuevo coronavirus, emergencia sanitaria ante la cual el gobierno orteguista ha sido básicamente omiso en cuanto a implementar medidas para tratar de evitar la propagación de la enfermedad.
