En el contexto actual de Costa Rica, el retroceso en el cumplimiento de derechos humanos se vuelve evidente en áreas sensibles como la seguridad ciudadana, la educación y los programas sociales, según expone el último Informe Anual de la Defensoría de los Habitantes 2023-2024, liderada por Angie Cruickshank Lambert. A través de un análisis exhaustivo y la propuesta de medidas estratégicas, la Defensoría alerta sobre una serie de desafíos que requieren acción inmediata y una reorientación de las políticas públicas para proteger los derechos fundamentales de la población.
1. Seguridad y Derechos Humanos
El capítulo II del Informe Anual, que examina el estado de los derechos humanos en el país, evidencia un deterioro en los servicios de seguridad ciudadana. Ante esta situación, la Defensora de los Habitantes ha instado al Estado a fortalecer sus compromisos y a implementar acciones que garanticen no solo la protección de los ciudadanos, sino también el seguimiento riguroso de los compromisos adquiridos en este ámbito.
Se subraya la necesidad de que las instituciones responsables prioricen el bienestar de los habitantes mediante una coordinación interinstitucional más efectiva y con mayor transparencia en el uso de los recursos asignados.
2. Impacto del Recorte Presupuestario en la Operatividad
La reducción presupuestaria que afecta a múltiples sectores también ha impactado la capacidad operativa de la Defensoría. Según el informe, esta institución ha sido forzada a buscar formas de optimización de recursos sin comprometer su misión de vigilancia de los derechos humanos.
Las orientaciones estratégicas del periodo incluyen, por ejemplo, el fortalecimiento administrativo y la promoción de su incidencia tanto nacional como internacional. Cruickshank Lambert enfatiza que, pese a las limitaciones, la Defensoría se ha mantenido firme en su compromiso con la defensa de los derechos humanos, buscando soluciones para asegurar la sostenibilidad operativa de la institución.
3. Pobreza Infantil y Programas Sociales
La Defensora también resalta en el informe el alarmante aumento de la pobreza infantil y extrema en el país. A pesar de que la Defensoría no tiene competencias para ejecutar políticas sociales directamente, su papel de órgano contralor le permite señalar carencias en los programas estatales destinados a este sector.
El informe indica que, a la fecha, los programas carecen de indicadores claros de impacto, lo cual impide medir efectivamente su efectividad en el bienestar infantil.
La Defensoría insiste en la creación de una Política Nacional para la Atención de la Pobreza que trace una ruta crítica hacia la reducción de la pobreza en el país.
4. Violencia contra las Mujeres
La violencia contra las mujeres sigue siendo un problema persistente en Costa Rica.
El informe de la Defensoría documenta importantes deficiencias en la implementación de políticas públicas diseñadas para combatir la violencia de género.
Angie Cruickshank Lambert hace un llamado urgente al Estado para que se asignen los recursos necesarios a las instituciones encargadas de proteger a las mujeres y para que se fortalezcan los mecanismos de monitoreo que permitan evaluar la efectividad de estas políticas.
5. Reducción del Presupuesto Educativo
Ante los recortes en educación, Cruickshank Lambert señala que estos afectan gravemente el derecho a la educación de los costarricenses.
La Defensora ha solicitado acciones concretas al Estado para evitar un deterioro mayor en el sistema educativo, subrayando la importancia de cumplir con la inversión educativa estipulada por ley.
La educación es, según la Defensora, una piedra angular en la protección de otros derechos humanos, y su debilitamiento pone en riesgo el desarrollo social y económico del país.
6. Transparencia y Gobernanza
El avance en la implementación de una Política Pública de Transparencia y Anticorrupción ha sido limitado, según la Defensoría. Cruickshank Lambert expone que Costa Rica carece de un ente rector en esta área, lo cual limita la capacidad de monitoreo y rendición de cuentas.
Para abordar esta deficiencia, la Defensoría propone reactivar el Índice de Transparencia del Sector Público y, al mismo tiempo, urge al gobierno a establecer un ente coordinador que lidere una política pública robusta en materia de transparencia y anticorrupción.
7. Grupos Vulnerables
Finalmente, la Defensoría expresa su preocupación por la falta de avances en los derechos de grupos vulnerables como las personas migrantes, con discapacidad, los pueblos indígenas, las personas afrodescendientes, la comunidad GLBTI+Q y las personas sordas. En su informe, la Defensoría documenta acciones de seguimiento y supervisión, aunque señala que la responsabilidad de ejecución recae en instituciones específicas como la Dirección General de Migración y Extranjería y el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS).
Compromiso con la Rendición de Cuentas
La Defensora concluye el informe subrayando que la rendición de cuentas es un derecho humano que debe respetarse.
Las cifras crecientes de recursos de amparo presentados ante la Sala Constitucional reflejan la creciente frustración de la ciudadanía en cuanto a su derecho de acceso a la información pública.
La Defensoría ha experimentado obstáculos similares en su propia búsqueda de información, especialmente en temas relacionados con la Política de Seguridad Ciudadana “Costa Rica Segura Plus 2023-2030”, lo que la ha llevado a recurrir a vías legales para garantizar el derecho a la información.
Conclusión
La Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, advierte que Costa Rica enfrenta una serie de desafíos en la protección de los derechos humanos.
Desde la reducción presupuestaria hasta la falta de políticas claras en áreas críticas, el informe subraya la urgencia de reforzar el compromiso estatal con la ciudadanía.
La Defensoría reafirma su rol como guardián de los derechos humanos , continúa su labor de vigilancia y supervisión en favor de un país más justo e inclusivo.
