El oficialismo costarricense ha encendido el debate político al anunciar su intención de promover una reforma constitucional que permita la reelección presidencial continua. Actualmente, la Constitución prohíbe la postulación inmediata para un segundo mandato, obligando a los expresidentes a esperar ocho años antes de volver a competir. La propuesta busca eliminar ese período, abriendo la puerta para que Rodrigo Chaves, una vez concluido su mandato en 2026, pueda aspirar nuevamente a la Presidencia en 2030.
Esta reforma apunta directamente a los artículos 132 y 134 de la Carta Magna, pilares del consenso democrático costarricense durante décadas. Para modificar la Constitución por vía legislativa, se requieren al menos 38 votos en el Congreso, equivalentes a dos terceras partes. La estrategia del oficialismo es clara: construir una coalición electoral unificada que alcance hasta 40 curules, evitando así depender de acuerdos con partidos opositores.
El vehículo político seleccionado es el partido Pueblo Soberano (PPSO), respaldado por cinco agrupaciones afines al liderazgo del presidente. Esta alianza busca concentrar fuerza institucional, presentar una candidatura única en las elecciones de 2026, y establecer una mayoría parlamentaria que facilite el cambio constitucional. El comando de campaña ya fue anunciado, con figuras claves en comunicación, organización territorial y estrategia.
El contexto regional refuerza las inquietudes: países como Nicaragua, Honduras y El Salvador han experimentado modificaciones similares que han tensionado sus democracias. Aunque Costa Rica mantiene contrapesos institucionales sólidos, esta propuesta representa un quiebre con la tradición que ha defendido el principio de alternancia desde el retorno a la democracia en el siglo XX.
La discusión trasciende lo legal y se instala en el terreno del proyecto país. ¿Debe abrirse la posibilidad de continuidad presidencial para fortalecer planes de largo plazo, o se corre el riesgo de concentrar poder excesivo en una figura? ¿Es esta reforma una actualización democrática o un síntoma de debilitamiento institucional?
Lo cierto es que la reelección presidencial continua —hoy prohibida— ya no es solo un asunto teórico. Es una apuesta política concreta, con estructura, tiempos y propósito.
