REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PODER JUDICIAL PODRÍA AFECTAR LA DEFENSA PÚBLICA EN MEDIO DEL CORONAVIRUS

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Alberto Cabezas/ Foto-Medios  

 

“La Dirección de la Defensa Pública ha promovido el uso de las distintas herramientas tecnológicas y la aplicación de los distintos protocolos de videoconferencias propiciados por las diversas Comisiones Jurisdiccionales y aprobados por la Corte Plena, en las materias que atiende la Defensa Pública, con la finalidad de evitar la suspensión de cualquier tipo de señalamiento y garantizar el buen servicio que brinda la institución” aseguro Juan Carlos Pérez, Director de la Defensa Pública.

“Se ha habilitado en muchas oportunidades, estaciones virtuales para las personas usuarias de la institución. En el caso de personas privadas de libertad, se están realizando videoconferencias con los centros penales, a efectos de evitar la suspensión de las diligencias, en aquellos casos que así lo permitan”.

Agrego “en virtud de la situación que se vive a nivel nacional con motivo de la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, la dirección de la Defensa Pública ha solicitado a las personas defensoras públicas estar vigilantes de las condiciones de privación de libertad de las personas imputadas en las distintas celdas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a nivel nacional, y presentar todos los recursos legales y constitucionalmente válidos a fin de garantizar el respeto de los derechos fundamentales de esta población”.

Con Pérez conversó el Periódico Informativo JBS.

Entrevista

¿En qué consisten y cuáles son las más recientes políticas que se han implementado en su dependencia?

Actualmente se han implementado las políticas giradas por el Poder Judicial mediante Circular N° 52-2020: Acuerdo de Corte Plena. Sesión N° 15-2020 del 20 de marzo de 2020, en atención a la declaratoria de emergencia nacional, debido a la situación de emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19.

Se han potenciado el uso de herramientas tecnológicas que permitan la continuidad del servicio y la comunicación eficiente, ágil y oportuna con la persona usuaria.

A su vez se está trabajando en un re diseño de la página web de la Defensa Pública con el fin de facilitar el acceso a la información de las personas usuarias y se incluirán algunos servicios en línea.

También se está finalizando la construcción de una nueva estrategia de capacitación, implementando el uso de las reuniones virtuales.

¿Por qué es fundamental que la Defensa Pública siga creando programas y estrategias de trabajo exitosas?

La Defensa Pública es órgano auxiliar del Poder Judicial, dedicado a la asesoría y representación legal en diversas materias como: penal, penal juvenil, ejecución de la pena, laboral, pensiones alimentarias y familia, contencioso administrativo, agrario, disciplinario, supervisión disciplinaria, así como atención de población indígena.

Brindamos un servicio público que permite garantizar el respeto a las garantías y derechos fundamentales de las personas usuarias, en particular el Acceso a la Justicia y con ello fortalecemos el sistema democrático.

Las estrategias de trabajo exitosas, frente a una emergencia mundial como la provocada por el COVID-19, permiten la continuidad del servicio y el aseguramiento del resguardo de los derechos fundamentales de las personas usuarias.

¿Se puede reducir el presupuesto económico por la pandemia a la Defensa Pública y que siga funcionando con normalidad en cuanto a sus equipos, recursos humanos, financieros y tecnológicos que tiene a su cargo?

El presupuesto de la Defensa Pública es parte del presupuesto del Poder Judicial y representa aproximadamente el 8% del total del presupuesto asignado, de ahí que una reducción, generaría una afectación en los servicios que se brindan y en los proyectos institucionales que se están ejecutando.

 ¿Por qué es importante las funciones de un defensor público?

La Defensa Pública brinda asesoría y representación legal en diversas materias como: penal, penal juvenil, ejecución de la pena, laboral, pensiones alimentarias y familia, contencioso administrativo, agrario, disciplinario, supervisión disciplinaria, así como atención de población indígena.

Este servicio está dirigido especialmente a personas que no cuentan con los recursos económicos necesarios para contratar los servicios de una persona abogada particular. En muchos casos representamos a las personas con mayor situación de vulnerabilidad en el país,

Dependiendo de la materia en la que se actúe, la función de la persona defensora pública es indispensable para poder hacer valer los derechos de las personas usuarias en estrados judiciales, representan los derechos más importantes de las y los usuarios, entre ellos: libertad, vida, igualdad, trabajo digno, discriminación, debido proceso, salud, propiedad.

A su vez, la representación y asesoría legal que realizamos, independientemente de la materia, implica un acompañamiento durante todo el proceso judicial que enfrenta la persona usuaria, incluyendo participación en audiencias, juicios, reconocimientos, inspecciones, allanamientos, entre otros.

 

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