La diputada liberacionista y presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, Paulina Ramírez Portuguez, reclamó al Ministerio de Hacienda el negarse a transferir ¢10.000 millones adicionales incluidos en el Presupuesto Ordinario de la República para atender necesidades de vivienda.
“Nos preocupa que se sigan cercenando los recursos para atender las grandes necesidades de vivienda y que se incumpla la Ley de Presupuesto Ordinario. La retención de esos recursos afecta la programación presupuestaria del Banco Hipotecario de la Vivienda, incide negativamente en los indicadores de colocación de bonos y olvida que este sector es un potenciador económico”, reprochó la congresista, quien envió un oficio al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, recordandole la importancia de transferir los dineros, no afectar la atención de soluciones habitacionales y en el que advierte que no existen razones jurídicas que sustenten esta decisión.
Su malestar surge luego de conocer que la Dirección Nacional de Presupuesto del Ministerio de Hacienda comunicara al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que “los recursos incluidos mediante moción en la etapa de discusión y aprobación del presupuesto en la Asamblea Legislativa, no están siendo considerados en la cuota presupuestaria liberada, sino que estarán siendo valorados una vez que se tengan evaluadas las condiciones del servicio de la deuda, principalmente el gasto por intereses o las condiciones económicas que presente el próximo año; lo que implica que se mantendrá sin ejecutar un monto de ¢11.426 millones…”, amparándose el Ministerio en “la situación económica que presenta el país, los compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el cumplimiento de la regla fiscal.”
La preocupación de la diputada Paulina Ramírez la llevó a enviar una consulta al gerente general del BANHVI, Dagoberto Hidalgo, para que le detalle la cantidad de recursos girados a favor de la institución y que se encuentran contemplados en el Presupuesto Ordinario.
Excluidos de Regla Fiscal
La Asamblea Legislativa aprobó un rebajo de ¢81.137 millones de la Partida de Intereses, recursos que fueron destinados a diversos Títulos Presupuestarios. De ese total, ¢11.426 millones fueron aumentados en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), para financiar diversos programas y se destinaron ¢10.000 millones al FUSOVI, los cuales deben ser girados como transferencia de capital a través del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), esto en virtud de lo que establece el inciso a) del artículo 46 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y Creación del BANHVI.
La diputada Paulina Ramírez recordó que los ¢81.137 millones que fueron rebajados de la Partida de Intereses, “no representan un aumento en el gasto total ni afectan el cumplimiento de los límites establecidos por la regla fiscal para el 2023, solo implica un cambio en el uso de los recursos”.
Agregó que “los recursos del FODESAF no están sujetos a la regla fiscal, pues la Ley de la Competitividad Territorial para la Atracción de Inversiones fuera del GAM los excluyó”. Esto ha sido incluso validado y ratificado por la Procuraduría General de la República (PGR), en el Dictamen PGR-C-150-2022, de fecha 20 de julio de 2022, en el que concluyó que la excepción o exclusión establecida en la Ley N° 10.234, se refiere a la totalidad de los dineros que conforman dicho Fondo.
Paulina Ramírez advirtió que estas acciones del Ejecutivo “agravan la crisis sobre la construcción de viviendas de interés social”. Citó datos del BANHVI que revelan que entre los años 2020 y 2022, el FOSUVI ha sufrido recortes que ascienden a ¢58.837 millones, lo que se traduce en 5.696 viviendas menos, 22.783 personas sin solución de vivienda, 242.072 m² dejados de construir y, por consiguiente, no se lograron generar al menos 21.787 oportunidades de empleo. “Tales recortes también implican el cierre de ventanillas para la recepción de nuevas solicitudes del bono familiar de vivienda y la acumulación de solicitudes por atender”, agregó.
De acuerdo con la congresista “la negativa de hacer efectivos estos recursos afectan considerablemente el financiamiento de programas sociales que atienden poblaciones vulnerables y genera dudas respecto al giro de los demás recursos aprobados mediante moción y que van dirigidos a financiar a las asociaciones de desarrollo, infraestructura vial cantonal, proyectos culturales y educativos, regímenes de salud y enfermedad de la CCSS, así como la nueva jurisdicción de crimen organizado”.
