PUSC, Nueva República y oficialismo respaldan informe que exime a Marta Esquivel en caso CCSS
La Comisión Especial Investigadora de las presuntas irregularidades en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aprobó este martes, por mayoría, el informe final presentado por el diputado oficialista Daniel Vargas, documento que exonera de responsabilidad política a la expresidenta ejecutiva Marta Esquivel y a la actual jerarca Mónica Taylor.
Tal y como se había anticipado, el informe contó con el respaldo de cuatro legisladores: María Marta Carballo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Olga Morera, de Nueva República; el propio Vargas, del oficialismo, y el diputado independiente Luis Diego Vargas. Al constituirse en mayoría, este será el documento que se eleve al Plenario Legislativo para su discusión y votación.
Informe de 427 páginas
El texto aprobado consta de 427 páginas y recoge, según sus firmantes, los principales hallazgos tras 44 sesiones de trabajo y múltiples audiencias.
“Este informe trata de recoger los principales hallazgos a partir de las distintas audiencias, 44 sesiones de trabajo, momentos distintos donde no siempre coincidimos”, señaló el legislador oficialista al defender el documento.
El informe aborda temas sensibles como el denominado Caso Barrenador, la implementación del sistema ERP institucional, las listas de espera y la suspensión del portafolio de inversiones. En todos estos puntos, concluye que no existe responsabilidad directa de la Presidencia Ejecutiva, ni en la gestión de Esquivel ni en la de Taylor.
Caso Barrenador: foco en fallas técnicas
Uno de los aspectos más polémicos es el tratamiento del Caso Barrenador, investigación judicial que ha generado amplio debate público y que involucra cuestionamientos sobre presuntos sobreprecios en procesos de contratación.
En las conclusiones del informe no se menciona a Esquivel, actualmente diputada electa por el partido Pueblo Soberano y señalada por la Fiscalía en el expediente judicial. En cambio, el documento sostiene que la controversia no tuvo como origen principal la comprobación técnica de un daño patrimonial, sino inconsistencias en la generación, interpretación, validación y custodia de estudios financieros elaborados por la Gerencia Financiera, particularmente la Unidad de Contabilidad de Costos de la CCSS.
El texto afirma que el estudio de costos que dio pie al caso se realizó con base en el presupuesto detallado y no general de ofertas, lo cual sería contrario a la Ley de Contratación Pública. Cita además el oficio DCP-0250 de la Contraloría General de la República, señalando que dicho estudio “no es válido para determinar sobrecostos”.
Para los diputados firmantes, las debilidades detectadas responden a fallas metodológicas acumuladas a lo largo de los años y no a decisiones individuales atribuibles a la jerarca de turno. El informe indica que una revisión técnica integral y oportuna habría permitido identificar inconsistencias en etapas tempranas, evitando el conflicto institucional, judicial y mediático posterior.
Informes divididos
La comisión cerró funciones con informes divididos, reflejo de las tensiones políticas que marcaron el proceso. No obstante, al imponerse la mayoría integrada por el oficialismo, el PUSC, Nueva República y un legislador independiente, será este documento el que marque la posición formal del órgano investigador ante el Plenario.
Ahora corresponderá al conjunto de los diputados definir si avalan las conclusiones que eximen de responsabilidad política a la exjerarca o si, por el contrario, se abre un nuevo debate sobre el alcance de las responsabilidades en la crisis institucional que atraviesa la CCSS.
El resultado en el Plenario no solo tendrá implicaciones políticas inmediatas, sino que también incidirá en la narrativa pública sobre uno de los casos más sensibles para el sistema de salud costarricense.
