El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), a través de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), otorgó en noviembre de 2022 la viabilidad ambiental al proyecto de extracción de materiales en el cauce del Río Frío, en San Rafael de Guatuso, a favor de la empresa Inversiones Comerciales Rubén de Goicoechea S.A., representada por Edwin Estrada Hernández. La resolución, emitida bajo el expediente administrativo D1-0493-2019-SETENA, ha generado preocupación entre ambientalistas y vecinos de la zona, debido a la posible afectación sobre el ecosistema ripario y el corredor biológico “Ruta de los Maleku”.
Un proceso con observaciones y advertencias
Según el informe técnico INF-TEC-DT-DEA-1049-2022, la SETENA recibió el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) del proyecto el 27 de febrero de 2022, tras un largo proceso iniciado en 2019. La comisión plenaria realizó diversas solicitudes de aclaración y complementación de datos, incluyendo estudios sobre la calidad del agua, la vulnerabilidad del acuífero, el uso del suelo y la fase de cierre del proyecto.
Durante la inspección de campo efectuada el 28 de marzo de 2022, funcionarios observaron la existencia de un puente hecho de troncos y tablones, sobre el cual no quedó claro si sería utilizado por la maquinaria, incumpliendo parcialmente las directrices técnicas. Además, la Unidad de Geografía de SETENA señaló que el área de extracción interfiere con otra concesión minera previa (expediente 9881-2013) y presenta potencial de inundación, al estar atravesada por una falla geológica.
Ecosistema alterado, pero aún vulnerable
El informe reconoce que el proyecto se ubica dentro del Corredor Biológico Ruta de los Maleku, aunque sin una figura de protección formal. No obstante, la zona presenta un ecosistema ripario alterado por actividades agrícolas y ganaderas, con parches de bosque donde sobreviven especies indicadoras como mangle blanco, laurel, sotacaballo e higuerones.
En cuanto a la fauna acuática, se mencionan especies como el guapote y los chupapiedra como bioindicadores de calidad ambiental. A pesar de ello, el documento advierte que el proyecto debe respetar estrictamente la normativa ambiental vigente para evitar daños irreversibles.
Resultados del estudio de agua y suelo
El análisis físico-químico del agua mostró valores bajos de hidrocarburos y sólidos suspendidos tanto aguas arriba como aguas abajo, concluyendo que no existe riesgo de contaminación significativa. Asimismo, se determinó que el nivel del acuífero es profundo (más de 17 metros) y de tipo aluvial semiconfinado, por lo que los posibles contaminantes tardarían más de 3.200 días en percolar hasta el agua subterránea.
No obstante, la propia SETENA reconoció que el área presenta riesgo potencial de inundación y que deben tomarse “medidas necesarias tendientes a evitar problemas futuros”.
Opinión comunitaria dividida
El estudio socioeconómico incluido en el expediente refleja una opinión mayoritariamente desfavorable o indiferente de la población local.
De 31 personas consultadas,
el 51,6 % consideró que el proyecto sería desfavorable para la comunidad,
el 19,4 % lo vio como favorable,
y un 29 % no respondió.
La mayoría (64,5 %) indicó que “les da lo mismo” si se ejecuta o no el proyecto, lo que SETENA interpretó como una actitud de indiferencia social. Sin embargo, el propio informe admite que podrían surgir conflictos si la empresa no mantiene adecuadamente los caminos o maneja incorrectamente sustancias contaminantes, como hidrocarburos.
Un proyecto autorizado pese a los riesgos
En su resolución final N° 1848-2022-SETENA, la Secretaría Técnica concluyó que el proyecto “cumple con lo establecido en los decretos 31849-MINAE y 32966-MINAE” y que “no representa riesgo de contaminación de aguas superficiales o subterráneas”. De esta forma, se otorgó la viabilidad ambiental, requisito indispensable para que el MINAE continúe con el trámite de concesión minera en el cauce público del Río Frío.
Pese a las advertencias sobre interferencia con otras concesiones, riesgo de inundación y preocupaciones sociales, la decisión se sustentó en que el ecosistema ya se encuentra “altamente alterado” y que el impacto ambiental sería “controlable” mediante monitoreo mensual y compromisos de mitigación.
Reacciones y próximos pasos
Organizaciones ambientalistas y defensores de la biodiversidad en la Región Huetar Norte han señalado que este tipo de autorizaciones ponen en riesgo los cauces fluviales y la conectividad ecológica en zonas donde persisten comunidades indígenas y ecosistemas sensibles.
Asimismo, vecinos de Guatuso y del corredor biológico han solicitado mayor transparencia en los estudios y participación pública efectiva, recordando que el artículo 13 de la Ley 7600 y la Ley Orgánica del Ambiente obligan al Estado a garantizar consultas inclusivas y acceso a la información ambiental.
El proyecto del Cauce de Dominio Público Río Frío se suma así a una serie de concesiones en cauces naturales de la Región Norte, que —según ambientalistas— podrían alterar irreversiblemente los sistemas hídricos y la vida de las comunidades ribereñas, si no se fiscalizan con rigor técnico y social.
