En un significativo paso hacia la protección de los derechos de la comunidad LGTB+, el Presidente de la República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, ha promulgado un decreto que prohíbe las terapias de conversión forzadas en el país. Este anuncio, realizado el pasado sábado, representa un hito al castigar estas prácticas con penas de cárcel y multas, con el objetivo de erradicar una forma de discriminación que ha afectado a numerosas personas.
El decreto, impulsado por el jefe de Estado luso, establece sanciones severas para aquellos que sometan a otras personas a terapias de conversión. Esto incluye penas de hasta 3 años de prisión o multas, abarcando prácticas médicas, psicoterapéuticas y de comportamiento. En casos de «modificaciones irreversibles» en el cuerpo, la condena puede extenderse hasta cinco años de cárcel, y los condenados podrían enfrentar restricciones profesionales y legales, especialmente en actividades que involucren el contacto con menores.
Esta medida sigue la tendencia positiva de otros países europeos como Alemania y Grecia, que también han prohibido las terapias de conversión. La legislación portuguesa también considera la posibilidad de prohibir a los condenados tener a su cargo a menores, afectando situaciones como adopciones, tutelas y acogimientos familiares. La gravedad de las penas se incrementa en casos de perpetradores múltiples, víctimas menores de edad o individuos particularmente vulnerables. Es un claro mensaje: la sociedad portuguesa rechaza estas prácticas y está decidida a proteger a su comunidad LGTB+.
El respaldo unánime del Parlamento portugués en diciembre pasado, con el apoyo de partidos como el Partido Socialista, Iniciativa Liberal, el Partido Comunista y otros, demuestra el compromiso político con la igualdad y la protección de los derechos humanos. Aunque el Partido Social Demócrata y el ultraderechista Chega expresaron su oposición, la legislación refleja la conciencia colectiva de que estas terapias son inaceptables en una sociedad moderna.
La criminalización de las terapias de conversión en Portugal es un paso trascendental hacia la igualdad y la protección de los derechos humanos. Este decreto no solo busca sancionar prácticas perjudiciales, sino también enviar un mensaje claro de que la diversidad y la inclusión son valores fundamentales en la sociedad portuguesa. Un año después de la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno realizará un estudio para evaluar su impacto, reafirmando el compromiso del país con el progreso y la justicia.
La comunidad internacional observa este acontecimiento con interés, ya que representa un avance significativo en la lucha contra la discriminación basada en la orientación sexual e identidad de género.
