Costa Rica. La posibilidad de aplicar penalidades a quienes cancelan anticipadamente un crédito genera cuestionamientos sobre la relación entre las entidades financieras y los consumidores, particularmente cuando el cliente decide saldar su deuda antes del plazo originalmente establecido.
La reflexión fue planteada por Gerardo Leal Orias, quien es Contadora y cuestiona la lógica de penalizar a una persona que cumple anticipadamente con sus obligaciones financieras y considera que, en lugar de una sanción económica, debería existir algún tipo de incentivo para quienes demuestran capacidad y voluntad de pago.
Leal sostiene que las entidades financieras realizan sus proyecciones considerando los ingresos esperados de sus operaciones crediticias, incluidos los intereses que generará cada financiamiento. Desde esta perspectiva, afirma que la cancelación anticipada modifica esas proyecciones, pero también genera beneficios para la institución.
“El negocio de la compra venta de dinero es del banco, por tanto, en las métricas financieras debe incluirse la frecuencia e incidencia del pago anticipado para mantener un inventario latente de nuevos clientes”, plantea Leal.
Según su análisis, cuando una persona cancela anticipadamente un crédito, la entidad financiera recupera de una sola vez el capital pendiente y reduce el riesgo asociado a un eventual incumplimiento futuro.
“El banco financiador no se queda sin sus recursos, los está recuperando en un solo pago, se libera del riesgo del impago eventual y mejora la disponibilidad para nuevas colocaciones”, señala.
Más recursos disponibles
Otro de los argumentos expuestos está relacionado con el efecto que puede tener la cancelación anticipada sobre la economía familiar. Al desaparecer una cuota mensual, el consumidor dispone potencialmente de mayores recursos para atender necesidades básicas, adquirir bienes o contratar servicios.
Leal considera que este movimiento podría generar un efecto positivo sobre otros sectores de la economía, al aumentar la capacidad de consumo de los hogares.
“La extinción de la exigencia de la mensualidad libera recursos presumiblemente para consumo, activando así otras industrias, la producción nacional crece, justamente la precursora de nuevos empleos”, sostiene.
Desde esta perspectiva, la discusión no debería limitarse únicamente a la relación contractual entre banco y deudor, sino considerar también las consecuencias económicas que tiene para las familias la liberación de recursos comprometidos durante varios años.
¿Castigo o incentivo?
El planteamiento de Leal va más allá de cuestionar las penalidades. Propone cambiar la lógica y convertir el pago anticipado en una conducta que pueda ser reconocida por las instituciones financieras.
“Creo que no es mejor opción no prohibir la ‘vivonada’ de multar por ser buen pagador; más bien, debería haber un premio (un descuento)”, expresa.
La discusión adquiere especial relevancia para los consumidores que, después de obtener un crédito a largo plazo, consiguen mejorar su situación económica y deciden utilizar sus recursos para reducir o cancelar anticipadamente la deuda.
Para Leal, una política que premie el cumplimiento podría contribuir a fortalecer la relación entre las entidades financieras y sus clientes, en lugar de considerar el pago anticipado como una conducta que debe ser penalizada.
“El gobernante debe estar con el ciudadano”, concluye el autor de la reflexión, quien deja abierta la discusión sobre cuál debería ser el equilibrio entre la sostenibilidad del negocio financiero y la protección de los consumidores.
