Panamá: Crecen las preocupaciones por la libertad sindical tras detenciones de dirigentes del Suntracs
Denuncia sindical y actuaciones judiciales
El movimiento sindical panameño atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión en los últimos años, luego de la detención de dos dirigentes del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), organización que denuncia ser víctima de una persecución política y sindical por parte de las autoridades del país.
Los dirigentes Marco Andrade y Genaro López fueron detenidos en el marco de una investigación por un presunto delito de peculado relacionado con el manejo de fondos destinados a programas de educación sindical. Paralelamente, las autoridades realizaron allanamientos tanto en sus residencias como en oficinas de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi).
Desde Suntracs, su secretario general, Yamir Córdoba, rechazó las actuaciones judiciales y aseguró que forman parte de una estrategia para debilitar a las organizaciones sindicales que mantienen posiciones críticas frente a decisiones gubernamentales. Según el dirigente, las acciones ocurrieron poco después de que sindicatos panameños presentaran denuncias ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por presuntas violaciones a la libertad sindical.
La organización sindical sostiene que Panamá fue incluida recientemente entre los casos examinados por el Comité de Aplicación de Normas de la OIT debido a cuestionamientos relacionados con el cumplimiento del Convenio 87, instrumento internacional que protege la libertad sindical y el derecho de organización de las personas trabajadoras.
Investigación sobre fondos de educación sindical
Los representantes legales de Suntracs afirman que todos los recursos destinados a la capacitación sindical fueron ejecutados conforme a los procedimientos establecidos y que los gastos contaron con revisiones y aprobaciones institucionales durante los años investigados. En su criterio, las acusaciones carecen de fundamento suficiente y forman parte de procesos que califican como irregulares.
Por su parte, el Ministerio Público mantiene abierta la investigación por supuestas irregularidades en el uso de fondos públicos asignados a la educación sindical durante el período comprendido entre 2019 y 2024. La denuncia fue presentada por el Ministerio de Trabajo tras detectar presuntas inconsistencias administrativas que ahora son objeto de investigación judicial.
Este caso se suma a otros procesos que enfrentan dirigentes del sindicato, algunos relacionados con conflictos surgidos durante las protestas sociales contra reformas a la seguridad social y otros vinculados a proyectos de desarrollo en distintas regiones del país panameño. Además, existen procedimientos administrativos que buscan la disolución del sindicato y la cancelación de la personería jurídica de una cooperativa vinculada a la organización.
Seguimiento nacional e internacional
Diversos sectores laborales consideran que el desenlace de estos procesos será observado de cerca tanto por organismos internacionales como por organizaciones defensoras de los derechos laborales, debido a las implicaciones que podrían tener para la libertad sindical y el diálogo social en Panamá.
Como parte de los acontecimientos más recientes, un juez de garantías legalizó la aprehensión de los dirigentes Genaro López y Marco Andrade, mientras la Fiscalía continúa impulsando una investigación por presunto peculado relacionado con fondos destinados a la educación sindical. El Ministerio Público sostiene que el supuesto perjuicio económico supera los 750 mil dólares y ha informado sobre nuevos elementos probatorios, entre ellos documentación, registros de asistencia y movimientos financieros que, según la acusación, deberán ser valorados durante el proceso judicial.
Entretanto, la defensa de los dirigentes rechaza las imputaciones y afirma que las actividades de formación sindical sí fueron ejecutadas y respaldadas con la documentación correspondiente, por lo que considera que las acusaciones carecen de fundamento. El desarrollo del caso continúa siendo seguido con atención tanto por organizaciones sindicales como por observadores nacionales e internacionales, debido a sus posibles implicaciones para la libertad sindical, el debido proceso y las relaciones laborales en Panamá.
Mientras la justicia panameña continúa con las investigaciones, el caso ha reavivado el debate sobre el equilibrio entre la fiscalización del uso de recursos públicos y la protección de los derechos fundamentales de las organizaciones de trabajadores, un tema que continúa generando atención dentro y fuera de Panamá.
