Dieciocho organizaciones nicaragüenses en el exilio solicitaron al Tribunal Administrativo Migratorio de Costa Rica que revise el caso de Carlos Calero Hurtado, cuya eventual devolución a Nicaragua genera preocupación entre activistas por los riesgos que, según denuncian, podría enfrentar.
SAN JOSÉ. Un grupo de 18 organizaciones nicaragüenses en el exilio presentó una solicitud ante el Tribunal Administrativo Migratorio (TAM) de Costa Rica para que se impida la devolución de Carlos Calero Hurtado a Nicaragua, en un caso que pone en discusión la protección internacional, los procedimientos migratorios y el principio de no devolución.
La petición fue acompañada por una manifestación en San José, en la que participaron más de 12 activistas nicaragüenses. Las organizaciones sostienen que el regreso de Calero podría exponerlo a detención arbitraria, tortura o desaparición forzada, debido a sus antecedentes de participación política y a las circunstancias que, según indican, rodearon su salida de Nicaragua.
La solicitud plantea la necesidad de que las autoridades migratorias examinen las condiciones particulares del caso y consideren las obligaciones internacionales de Costa Rica en materia de derechos humanos y protección de personas que solicitan refugio.
El abogado Salvador Marenco, integrante del Colectivo Nicaragua Nunca Más, explicó que las organizaciones decidieron unir esfuerzos para solicitar que Calero permanezca en Costa Rica mientras se examina su situación.
El planteamiento se fundamenta en el principio de no devolución, una garantía del derecho internacional que busca evitar que una persona sea enviada a un territorio donde pueda enfrentar persecución, tortura u otros daños graves.
Antecedentes personales y políticos
Carlos Calero Hurtado es originario de Morrito, en el departamento nicaragüense de Río San Juan. Según los antecedentes recopilados por el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX), su trayectoria incluye participación en la Resistencia Nicaragüense durante la década de 1980 y, posteriormente, en las protestas iniciadas en abril de 2018.
Durante su juventud trabajó como operador de radiocomunicaciones para la Contra y sufrió una herida de bala en el brazo izquierdo. Años después, se incorporó a la Resistencia Campesina, organización vinculada con las movilizaciones opositoras de 2018.
El 13 de diciembre de ese año fue detenido y encarcelado en Nicaragua por motivos que, de acuerdo con los antecedentes difundidos por GREX, estuvieron relacionados con su actividad política.
Después de recuperar la libertad, salió del país y se trasladó a Costa Rica, donde inició un procedimiento para obtener protección internacional.
Su situación migratoria cambió el 7 de abril de 2026, cuando acudió voluntariamente a las oficinas de la Unidad de Refugio de Ciudad Quesada para formalizar su documentación. Según GREX, en esa ocasión fue detenido y trasladado a un centro de aprehensión migratoria.
Posteriormente, la Comisión de Visas Restringidas y Refugio rechazó su solicitud de refugio, una decisión que abrió la posibilidad de su devolución y motivó la intervención de las organizaciones nicaragüenses ante el Tribunal Administrativo Migratorio.
El principio de no devolución
El caso plantea interrogantes sobre la aplicación de las garantías internacionales de protección a personas que manifiestan temer por su seguridad en caso de regresar a su país de origen.
El principio de no devolución constituye una referencia central en los procedimientos de refugio. Su aplicación requiere examinar las circunstancias individuales de cada solicitante y valorar los riesgos que puedan existir en caso de retorno.
En el caso de Calero, las organizaciones firmantes solicitan que se consideren sus antecedentes de detención, su participación en actividades opositoras y las circunstancias que describen como factores de riesgo.
La discusión también involucra las competencias de las instituciones costarricenses encargadas de resolver los procedimientos migratorios y de protección internacional, así como las garantías que corresponden a las personas sometidas a estas actuaciones.
Organizaciones solicitan una revisión del caso
La opositora nicaragüense Lludely Aburto, integrante de la Articulación de Movimientos Sociales y exiliada en Costa Rica, respaldó la solicitud y señaló que los antecedentes políticos de Calero deben formar parte de la valoración de las autoridades.
Por su parte, Marenco mencionó otros casos de ciudadanos nicaragüenses enviados desde Costa Rica a Nicaragua, entre ellos Walder Ruiz y Douglas Gamaliel. Sobre este último, afirmó que enfrenta una situación de desaparición forzada. Estas referencias forman parte de las preocupaciones expresadas por los activistas y requieren distinguir las denuncias de las circunstancias que hayan sido establecidas oficialmente.
La intervención de las 18 organizaciones busca que el Tribunal Administrativo Migratorio valore los argumentos presentados antes de que se concrete una eventual devolución.
El caso de Calero también sitúa en el debate público la responsabilidad de los Estados de examinar las solicitudes de protección internacional con atención a las circunstancias personales y a las garantías reconocidas en los instrumentos internacionales.
La resolución del procedimiento migratorio será determinante para establecer los pasos siguientes en la situación de Calero Hurtado. Mientras tanto, la solicitud de las organizaciones mantiene la atención sobre el alcance de las garantías de protección y el papel de las instituciones costarricenses en la evaluación de los riesgos alegados.
