Tres organizaciones internacionales invitaron, al gobierno de Costa Rica, a robustecer los mecanismos que simplifiquen la inserción de la incorporación de la comunidad migrante -en particular, el mayoritario componente nicaragüense- el mercado laboral formal.
Se trata de un segmento poblacional que tiene participación en esa área, pero, en la mayoría de los casos, en el sector informal, de acuerdo con lo planteado por Naciones Unidas, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y el Fondo Monetario Internacional FMI, en un informe sobre el tema.
Al dar a conocer, el 3 de setiembre, en San José, la capital costarricense, datos contenidos en el documento, Valeria Lentini, economista de la representación local del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), destacó que Costa Rica es -después de Chile-, el país latinoamericano con la segunda mayor proporción de personas extranjeras -en relación con la población nacional-:
Por su parte, la presidenta del no gubernamental Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), Ana Quirós, expresó preocupación por lo que describió como expresiones locales de xenofobia respecto a los nacionales de Nicaragua.
Quirós, una costarricense quien se había naturalizado nicaragüense, fue despojada, en 2019, de su segunda nacionalidad, en el marco de la represión antiopositora que impera, desde abril de 2018, en nicaragua.
Asimismo, Cisas fue la primera oenegé -actualmente, son alrededor de cuatro mil- a las cuales el régimen ha despojado, desde entonces, de personería jurídica.
Nueve agrupaciones fueron así afectadas en noviembre de 2019, iniciando por Cisas, tres días después de que Quirós fue detenida, desnacionalizada, y expulsada a Costa Rica.
Al dar a conocer algunos datos contenidos el informe tripartito -denominado “Características e impacto económico de los migrantes y refugiados en Costa Rica” (“Characteristics and Economic Impact of Migrants and Refugees in Costa Rica”), Lentini dijo que “hay una invitación a fortalecer las capacidades para facilitar la formalización de la población que ya está participando en el mercado laboral de este país (…) mejorar esas condiciones”.
El propósito consiste en “tener una mejor condición para las personas trabajadoras nicaragüenses”, subrayó la funcionaria, dijo Lentini, al participar en el Foro “Aporte de los migrantes nicaragüenses a la economía costarricense”, actividad organizada por Cisas.
La economista precisó, asimismo, que Costa Rica es “el segundo país latinoamericano con mayor cantidad de población nacida en el extranjero”, de la cual “el 82 por ciento, son nicaragüenses”, y “más de la mitad requiere protección internacional”.
También puntualizó que, en el país centroamericano, “hubo un pico de solicitudes (nicaragüenses) de asilo, después del 2018”.
La funcionaria hizo, así referencia, al hecho de que, a causa de la persistente crisis socioeconómica y política en Nicaragua, en el lapso de 2018 a 2022, más de 220 mil nacionales de ese país emigraron hacia Costa Rica -principalmente cruzando, por puntos ciegos, la frontera terrestre binacional de unos 309 kilómetros.
Lentini explicó que “la integración -siempre, en cualquier país del mundo- de personas nacidas en el extranjero, impone un desafío, pero, también, una gran oportunidad”.
En el caso del informe Acnur-Bid-Fmi -que data del 22 de diciembre de 2023- “estamos hablando de migración, o desplazamiento (…) de personas con vocación de permanencia, que es donde está, principalmente, la población nicaraguense”, dijo.
La funcionaria aclaró que el documento no aborda el tema de la masiva migración en tránsito, desde el sur -Principalmente, Panamá, siguiendo la peligrosa ruta que incluye el densamente selvático Tapón del Darién-, hacia Estados Unidos.
Este flujo constante, que significa cientos de miles de personas -incluidas familias, mujeres, niños no acompañados- desplazándose, anualmente, incluye a latinoamericanos -mayoritariamente, nacionales de Venezuela- y a ciudadanos extracontinentales -provenientes de países Africanos y Asiáticos-.
En el caso de los nicaragüenses, una proporción considerable de los solicitantes de refugio, permanece, en Costa Rica, el tiempo necesario para regularizar su estatus migratorio, tras lo cual emprenden el riesgoso y extenso recorrido hacia Estados Unidos.
Como presentadora del foro, Quirós señaló que, “desde hace ya algún tiempo -o, más bien, desde que llegamos-, nosotros hemos escuchado comentario, por parte de las autoridades nacionales, acerca de la población exiliada, acerca de la población refugiada, y, generalmente, los comentarios no han sido muy positivos”.
“Por un lado, fomentan la imagen de que Costa Rica es un país de brazos abiertos, pero, cuando vamos a buscar los brazos, o no están o están un poco desaparecidos, o, muchas otras veces, están cerrados, y tienen una serie de barreras para que la población no nacida en Costa Rica se integre, se incorpore”.
También planteó la necesidad de evitar la “repetición de valores que son fundamentados en prejuicios”.
Quirós presentó, además, un video que contiene testimonio de migrantes nicaragüenses, sobre su forzada salida del país, y su asentamiento en Costa Rica.
De acuerdo con la actualización de datos contenida Enel material audiovisual, de los algo más de 400 mil migrantes actualmente en Costa Rica, alrededor de 350 mil son nicaragüenses.
En declaraciones que dio en su participación en el video, Quirós dijo, respecto a los nacionales de Nicaragua en el exilio, que “todos ellos, todas ellas -no importa la labor que hagan-, aportan, social y económicamente, al desarrollo de Costa Rica”.
Según lo indicado en el informe que Lentini dio a conocer, en términos generales, “las personas migrantes y refugiadas aportan un conjunto diverso de habilidades a Costa Rica, complementan la participaciones de las nacionales en el mercado laboral, ayudan a mitigar el envejecimiento de la población del país e impulsan la actividad económica y la recaudación de impuestos a un costo fiscal relativamente bajo”.
“A pesar de la larga tradición de Costa Rica de acoger a personas extranjeras, el aumento de los flujos migratorios y de desplazamiento de los últimos cinco años ha resultado un desafío para el país”, indicaron las instituciones autoras del texto.
En tal contexto, “las políticas gubernamentales, junto con la coordinación con la migración y el sector privado, pueden superar desafíos clave y al mismo tiempo beneficiar a todas las partes involucradas”, plantearon.
También precisaron que “las personas nicaragüenses participan en un mercado laboral segmentado, a menudo complementando -en lugar de sustituyendo- a los trabajadores nacionales, pero enfrentan desafíos para obtener estatus de residencia legal y empleos formales”.
A manera de ejemplo, indicaron que, “en las zonas urbanas, el 30 por cuento de los hombres nicaragüenses trabajan en la construcción, mientras que, en las zonas rurales, donde la informalidad es más prevalente, trabajan principalmente en la agricultura -56 por ciento-”.
Simultáneamente, “a nivel nacional, el 34 por ciento de las mujeres nicaragüenses trabajan en servicio doméstico, y en zonas rurales también en servicios de alojamiento -24 por ciento-”, señalaron, a continuación.
Asimismo, explicaron que “la complementariedad labora es más fuerte que la sustitución laboral, siendo esta última más frecuente entre los trabajadores poco calificados”.
Los autores del informe revelaron, además, que, “a medida que las mujeres nicaragüenses asumen trabajos de limpieza y cuidados, las costarricenses más calificadas pueden aumentar su participación en el mercado laboral”.
“Sin embargo, muchas personas nicaragüenses no pueden trabajar legalmente en Costa Rica debido a los desafíos para regularizar su estatus migratorio”, aclararon, a continuación.
Al refutar la imagen que, de los migrantes, se mantiene vigente en una parte del imaginario colectivo, sobre el peso de los migrantes en la economía nacional, los autores informaron que “las estimaciones sugieren que las y los trabajadores nacionales en el extranjero contribuyeron directamente alrededor del 6.5 por ciento del PIB de Costa Rica en promedio durante 2017-21”.
También explicaron que “los resultados muestran una contribución al PIB (producto interno bruto) de Costa Rica significativamente superior a la economías emergentes y en desarrollo -1.2 por ciento del PIB-, pero alineada con el promedio de los países avanzados -6.9 por ciento del PIB-”.
“Otros estudios han calculado que la contribución de los migrantes y refugiados al PIB de Costa Ria oscila entre el 9.3 y el 12 por ciento”, puntualizaron.
En la formulación de conclusiones, las tres entidades plantearon que, en general, “el aporte de la población nacida en el extranjero a la economía costarricense ha sido positivo”.
Igualmente, que esas personas “participan activamente en el mercado laboral e impulsan la producción, la inversión y la recaudación de ingresos”, además de que, “quienes están en el mercado laboral formal compensan con creces el costo fiscal de los servicios y las transferencias de bienestar que reciben con sus contribuciones e impuestos a la seguridad social”.
Al plantear recomendaciones, sugirieron que “se debe fortalecer la capacidad del gobierno para mejorar la identificación, regularización y formalización de migrantes y refugiados”.
Asimismo, se debe “mejorar el diseño de políticas públicas a nivel nacional y regional”, además de “simplificar los procedimientos, mejorar los sistemas digitales de migración, mejorar la coordinación y el intercambio de información entre agencias gubernamentales”.
Por otra parte, “contratar personal adicional podría reducir los costos y los tiempos de procesamiento para que las personas extranjeras obtengan un estatus migratorio”, en opinión de quienes elaboraron el informe.
