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El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, señaló este miércoles «que las reformas electorales aprobadas por la Asamblea Nacional de Nicaragua se «alejan aún más la posibilidad de contar con un proceso transparente, participativo, y equitativo» en noviembre de este año.
El diplomático uruguayo habló durante un consejo permanente del foro regional con sede en Washington donde acusó que detrás de esta reforma «existe un claro intento de control total del proceso electoral».
Según Almagro, la reforma «aleja más aún la posibilidad de contar con un proceso transparente, participativo, y equitativo» y de esta forma el país centroamericano «se encamina a tener la peor elección posible», afirmó en relación a los comicios generales del próximo 7 de noviembre.
Este es el primer proceso electoral después de la «ola de manifestaciones contra Daniel Ortega en 2018, que dejaron al menos 325 muertos y miles de exiliados», según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), «producto de la represión gubernamental, crímenes considerados de lesa humanidad».
El representante de ese organismo en Nicaragua , Luis Alvarado, rechazó y condenó «el injerencismo» en los asuntos del país desde la OEA.
«Rechazamos de manera enfática que la OEA convertida en una ONG más al servicio de los Estados Unidos continúe promoviendo y propagando la división entre los países de América Latina y El Caribe», dijo el diplomático y denunció que la secretaria general actúa como un «administrador colonial».
El 4 de mayo, el Legislativo de Nicaragua, aprobó modificaciones y adiciones a la Ley Electoral que prohíbe el financiamiento de los partidos desde el exterior y pone a pensar si habrá participación de observadores internacionales, o acompañamiento internacional.
Ese mismo día, el Congreso nombró además un Consejo Supremo Electoral (CSE). Ortega retornó al poder en 2007 y fue reelegido dos veces consecutivas y tras lograr la aprobación de una reforma constitucional podría buscar un cuarto mandato sucesivo en noviembre.
Para Almagro, esta reforma «mantiene un esquema obsoleto que apunta a consolidar un poder electoral coptado por el oficialismo» y estas leyes contribuyen a «profundizar el deterioro democrático».
