Representantes de la Unión Nacional de Gobiernos Locales vieron con muy buenos ojos el expediente 23.252 Segunda Ley Especial para la Transferencia de Competencias, Atención Plena y Exclusiva de Equipamiento de Infraestructura Educativa, sin embargo, dejaron claro que los gobiernos locales no “tienen para reparar centros educativos”.
A la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo acudieron Rafael Ángel Vargas presidente, Karen Porras directora ejecutiva y Humberto Monge, todos en representación de la UNGL, quienes aseguraron que el interés de su organización es ayudar en la crítica situación que enfrentan más de 800 centros educativos del país, que cuentan con declaraciones de cierre por parte del Ministerio de Salud, pero nada de esto se puede hacer si no tienen los fondos suficientes.
Vargas fue claro en que, para hacerle frente a la problemática, se requieren, al menos de 90 a 100 mil millones anuales, pero es imposible que se piense en trabajar con los poco más de 13 mil millones de colones que fueron presupuestos por el Ministerio de Educación para este 2023, que es uno de los más bajos de los últimos años.
El congresista Danny Vargas, impulsor de la iniciativa, manifestó su preocupación por que esta propuesta pueda ser frenada por que los vientos electorales de la campaña municipal que se avecina, por lo que dejó claro que lo que más le interesa “por encima de las vanidades” es una solución para el grave problema de la infraestructura educativa que atraviesa el país, así que está dispuesto a que el expediente sea incluso archivado, si se puede redactar otro que sea de consenso, o bien que a este se le hagan todos los cambios
que se consideren convenientes para que siga avanzando en la corriente legislativa.
Pero una posición muy diferente sostuvo el parlamentario Ariel Robles, quien manifestó claro que, así como está propuesto el proyecto, no le dará su apoyo.
Aclaró que este año el presupuesto del Ministerio de Educación es el más bajo de los últimos años, apenas supera el 5 por ciento del PIB, por lo que “pegarle un mordisco” de 120 mil millones de colones es repartir pobreza.
Insistió en que “la plata para la educación no está alcanzando en el país”, por lo que se debe hacer todo un análisis de cómo lograr la máxima eficiencia con lo poco que hay.
