La corrupción -una flagrante forma de mediocridad- y el poder -por pírrico que sea- generan una pésima combinación -algo así como una tormenta perfecta-.
Ubicados en cargos burocráticamente altos, los funcionarios carentes de ética adoptan actitudes autoritarias -para tratar de ocultar sus acciones ilícitas- revestidas de supuesta legalidad, mediante discursos con lenguaje políticamente correcto manipulan la realidad
-hablando en calidad de dueños de la verdad-, acusan de mentirosos a quienes los desenmascaran -proyectando, en sus detractores, su propia criminalidad-.
Es, exactamente lo que está flagrantemente ocurriendo en Guatemala, en un nuevo capítulo, por demás destructivo, de su compleja historia nacional.
En este caso, los igualados son, principalmente, cuatro: la fiscala general de República y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras; el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del MP, Rafael Curruchiche -bautizado, en manifestaciones populares de protesta, como “Corrupchiche”-; el juez Freddy Orellana, titular del Juzgado Séptimo de Instancia Penal; el secretario general del Ministerio Público, Ángel Pineda.
En abyecta obediencia a la históricamente corrupta -y desprestigiada- clase política tradicional, Porras está liderando el golpe de Estado que se evidencia en flagrante desarrollo para impedir que Bernardo “Tío Bernie” Arévalo y Karin Herrera, actuales presidente y vicepresidenta electos, sean juramentados -lo que debe constitucionalmente ocurrir el 14 de enero-.
El intento golpista inició la noche del 25 de junio, cuando el conteo de los votos presidenciales en los comicios generales de esa fecha ubicó, al binomio Arévalo-Herrera
-la exitosa fórmula presidencial impulsada por el centroizquierdista Movimiento Semilla-, como la segunda más votada entre las 23 fórmulas presidenciales competidoras.
Las acciones se intensificaron la noche del 20 agosto -y se mantienen en ascenso, desde entonces-, al cierre de la segunda vuelta presidencial, con números que, irrefutablemente, dieron el gane a los candidatos de Semilla.
El plan de gobierno de los gobernantes electos destaca, entre otras acciones que los guatemaltecos vienen reclamando desde la primera elección -en 1985- posterior a la era militar (1960-1996), el combate a la corrupción.
A su vez, incondicionalmente obedientes a la matriarca, los operadores del golpe Curruchiche, Orellana, y Pineda han desempeñado, eficientemente, sus patéticos papeles de peones de la corrupción -se diría que han sobrecumplido-.
Curruchiche -formalmente, acatando lo dispuesto por Orellana, aunque ambos responden a Porras-, ha convertido al MP -puntualmente, a la Feci- en el ejército golpista, mediante ilegales allanamientos al Tribunal Supremo Electoral (TSE) -con manipulador secuestro de cajas electorales conteniendo votos y otros documentos, intentos por ilegalizar a Semilla, falsas acusaciones contra el movimiento, una patética confrontación con el secretario general de la Organización de los Estados americanos (OEA), Luis Almagro, entre otros hechos-.
En una de sus aberrantes aseveraciones, cuando la Feci regresó las manipuladas 70 cajas electorales -inicialmente, iban a 160- al TSE, Curruchiche aseguró que los contenidos -votos, actas, boletas de votación en blanco- no fueron alterados, y que la idea consistió en recabar prueba -supuestamente, para demostrar irregularidades-.
En declaraciones a periodistas, el 14 de setiembre, el funcionario informó que, “en total fueron setenta cajas -es decir, 70 indicios- que fueron aperturados, y que se procedió a verificar qué documentos habían en el interior de dichas cajas”.
“Al terminar esta diligencia, estuvo presente el Tribunal Supremo Electoral, a través del Departamento Jurídico y el Departamento de Información”, agregó.
“Asimismo, manifestar de que, derivado de la orden de juez competente que autoriza la diligencia de allanamiento es inspección y registro, es de que, al concluir la misma, las mismas cajas -es decir, los indicios-, quedan en poder del Tribunal Supremo Electoral, para su resguardo correspondiente”, siguió aseverando.
“Es decir que, con esto, se desvirtúa, totalmente, lo que ha manifestado ciertas personas y sectores, en el sentido de que se nudo haber vulnerado la confidencialidad, que se pudo haber vulnerado la secretividad del voto de los guatemaltecos”, dijo, cual dueño de la verdad, para agregar, sin medir la barbaridad de sus afirmaciones: “no es cierto”.
Pero la presidenta del TSE, Irma Palencia, se encargó de ponerlo en su lugar.
En demoledoras declaraciones, un rato después, a periodistas, Palencia expresó, en alusión a Curruchiche -aunque sin necesidad de nombrarlo-, que “le conviene decir que no hubo ninguna violación a la custodia del voto, que todo quedó igual”.
“No es cierto, las cosas ya no quedaron iguales”, agregó, irrefutablemente.
Sin embargo, en un mensaje al personal del MP, en conmemoración de los 202 años de independencia guatemalteca -y centroamericana-, Porras exaltó, el 15 de setiembre, la gestión de sus huestes golpistas.
“Tengo que reconocer el trabajo de todos y cada uno de ustedes, porque al interno de sus fiscalías, de sus agencias, han logrado alcanzar altos niveles de eficiencia”, dijo, en alusión a una inexistente dimensión paralela -en la cual las cosas son lo que, en la vida real, no
son-.
“Nunca, en la historia del Ministerio Público, se había alcanzado tan contundentes resultados como los que, hoy por hoy, podemos darle al pueblo de Guatemala”, agregó, hablando fuerte, en tono desafiante.
Por si todo lo ocurrido fuese poco, ejerciendo su patético poder como secretario general del MP, Pineda dirigió, el 12 de setiembre, a los legisladores estadounidenses Michael McCaul (republicano) y Bob Menéndez (demócrata), una carta de queja.
Ello, a raíz de un comunicado que McCaul y Menéndez -presidentes, respectivamente, de las comisiones de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes y de Relaciones Exteriores del Senado-, emitieron, conjuntamente, el 14 de julio, refiriéndose a la crisis política guatemalteca.
“Firmemente, apoyamos la certificación (…) del Tribunal Supremo Electoral (TSE) guatemalteco, de los resultados de la elección presidencial del 25 de junio, que fue independientemente verificada, por la Organización de los Estados Americanos, como no habiendo presentado serias irregularidades”, indicaron.
“Sin embargo, a la luz de la decisión del TSE, estamos profundamente preocupados por el intento de la Fiscalía General de la República de ilegalmente revocar la personería jurídica del partido de un candidato opositor, antes de la segunda vuelta presidencial del país el 20 de agosto”, señalaron, a continuación.
“La decisión de la Fiscalía General de la República es un flagrante intento por socavar la voluntad del pueblo guatemalteco, lo que intenta burlar la certificación electoral hecha por el TSE, y viola las leyes electorales de Guatemala”, agregaron, devastadoramente.
“Estamos junto al pueblo de Guatemala, en sus manifestaciones pacíficas en apoyo de la integridad de las instituciones democráticas de su país, y continuaremos monitoreando de cerca, y respondiendo a cualquier nuevo intento por poner en peligro la credibilidad y la limpieza de los procesos electorales del país”, advirtieron.
En su insolente carta, Pineda expresó, a McCaul y a Menéndez, “mi preocupación ante las reiteradas acusaciones infundadas y mal intencionadas que fueron publicadas en el comunicado de prensa de fecha 14 de julio de 2023”.
Ello “ha contribuido a que también el Congreso de los Estados Unidos se sume a los ataques promovidos por el Departamento de Estado en contra de Guatemala”, agregó, en el texto que también dirigió, “por instrucciones superiores”, a otros legisladores de aquel país.
Pineda hizo, así, referencia al hecho de que el Departamento de Estado lo incluyó -junto con Porras, Curruchiche, Orellana, y otros especímenes golpistas, en la anualmente actualizada Lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos (List of Corrupt and Undemocratic Actors), para el Triángulo Norte de Centroamérica -el Salvador, Guatemala, Honduras-, además de Nicaragua.
“Hemos notado que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América ha estado investigando y exponiendo la utilización del poder como un arma contra enemigos políticos, y es precisamente esto, lo que el Departamento de Estado ha está haciendo en contra del Ministerio Público”, se permitió aseverar.
“Incluso han llegado al punto de promover informaciones carentes de veracidad intentado socavar la imagen y la función del Ministerio Público de cumplir con su mandato legal y constitucional y legal de ser garante del estricto cumplimiento de la ley”, agregó, en el texto de 21 extensos párrafos, deficientemente redactado -incluidas faltas de ortografía y de puntuación -algo absolutamente normal en tales personajes-.
También aseveró que “el Departamento de Estado ha intentado intimidar y coaccionar a nuestros funcionarios para que no cumplan con su deber legalmente establecido al sancionar arbitraria y maliciosamente a funcionarios con advertibles fines políticos”.
Perdón. No es exactamente al revés? No es que funcionarios judiciales y del MP
-obviamente corruptos- son quienes están actuando ilegal y politiqueramente? O me perdí la parte en la cual los corruptos dejaron de serlo?
Evidentemente, como decía mi abuela -o mi bisabuela- paterna: ningún cagado se huele.
