George Rodríguez / Foto – Medios
La Comisión de Alto Nivel sobre Nicaragua, de la Organización de los Estados Americanos (OEA), expresó hoy malestar por la prohibición gubernamental de que ingrese a territorio nicaragüense, y llamó a la administración del presidente Daniel Ortega a recapacitar.
El grupo de trabajo declaró que “expresa su malestar ante la decisión del Gobierno nicaragüense de prohibir el ingreso a Nicaragua de sus miembros y de un funcionario de la Organización, instrumentada a través de una comunicación de la Dirección General de Migración del día de la fecha”.
Asimismo, “hace un llamado al Gobierno nicaragüense a revisar su posición y permitirle el ingreso al país para llevar a cabo su mandato”, agregó, en un comunicado.
El equipo, integrado por los embajadores de siete países en la OEA -Argentina, Canadá, Estados Unidos, Jamaica, Paraguay-, informó que tenía proyectado llevar a cabo, los días 16 y 17 de este mes, una visita a Nicaragua.
La visita, “tenía por objeto dar cumplimiento a su mandato de llevar a cabo gestiones diplomáticas al más alto nivel a fin de procurar una solución pacífica y eficaz para crisis política y social en Nicaragua”, precisó la comisión.
El grupo hizo así alusión a la violenta crisis sociopolítica que hace casi 18 meses golpea al país centroamericano.
“El Gobierno nicaragüense había sido informado de la realización del viaje dada la intención de la Comisión de interactuar de manera constructiva con sus autoridades, así como con actores relevantes de la sociedad civil, con el fin de establecer un proceso de diálogo y alcanzar una solución a la situación que atraviesa el país”, explicó, además.
No obstante, la comisión subrayó la “decisión de seguir adelante con las tareas que le fueron encomendadas por la Asamblea General ante el deterioro de las instituciones democráticas y los derechos humanos en Nicaragua”.
La decisión gubernamental fue inicialmente comunicada, ayer, por autoridades migratorias nicaragüenses, a los representantes locales de nueve aerolíneas internacionales.
“La Dirección General de Migración y Extranjería (…) hace del conocimiento que, a partir de la fecha, no está autorizado el ingreso a Nicaragua ni podnin ser abordados en sus aerolíneas con destino a Nicaragua” los siete integrantes de la comisión.
Se trata de los embajadores Leopoldo Francisco Sahores, Sebastien Slgouln, Elisa Ruiz Díaz, Carlos Trujillo, Pablo Sandino, y Audrey Marks, así como el funcionario Gonzalo Javier Koncke, de la Secretaría General de la OEA, precisaron el director de la dependencia, comandante de brigada Juan Emilio Rivas, y el director de Fronteras, comandante Edgar Gerardo Acevedo.
La comisión fue creada por resolución de la 49 Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la OEA, reunión llevada a cabo, del 26 al 28 de junio, en la noroccidental ciudad colombiana de Medellín.
El texto planteó “instruir al Consejo Permanente a que nombre una comisión que, en el marco del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, realice gestiones diplomáticas al más alto nivel para procurar una solución pacífica y efectiva a la crisis política y social en Nicaragua y que rinda un informe en un plazo máximo de 75 días”.
El artículo 20 de la carta establece el procedimiento a cumplirse en situación de afectación del orden constitucional en algún país miembros.
“En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente”, señala.
“Si las gestiones diplomáticas resultaren infructuosas o si la urgencia del caso lo aconsejare, el Consejo Permanente convocará de inmediato un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para que ésta adopte las decisiones que estime apropiadas, incluyendo gestiones diplomáticas, conforme a la Carta de la Organización, el derecho internacional y las disposiciones de la presente Carta Democrática”, prevé.
La resolución de Medellín planteó, asimismo, “instruir al Consejo Permanente a que, recibido el informe de esta comisión, adopte las medidas que sean necesarias incluida, si es el caso, la convocatoria a una sesión extraordinaria de la Asamblea General”.
El texto fue aprobado con el apoyo de 20 países, frente a cinco votos en contra, y ocho abstenciones, con una ausencia.
