George Rodríguez/Foto-Archivo
La Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (Anpdh) formuló hoy un exhortación, al gobierno de Nicaragua, a desarmar a las fuerzas paramilitares que operan en el país centroamericano.
El desarme debe llevarse a cabo bajo la supervisión de organismos internacionales, y debe implicar las destrucción del arsenal en poder de esos grupos irregulares, indicó la Anpdh, en un comunicado leído, en conferencia de prensa, por el presidente de la organización, el abogado Álvaro Leiva.
Si bien la represión policial y paramilitar antiopositora es cotidiana, se agudiza en torno a fechas históricas, tal como ocurrió el 19 de este mes, con la celebración del 41 aniversario del derrocamiento de la dictadura del general Anastasio Somoza Debayle (1967-1979), señaló la Anpdh.
Ese día, en la localidad de La Trinidad, en el departamento (provincia) de Estelí, ubicado en el sector norte de la zona central del país, al paso de una caravana de simpatizantes del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y del régimen encabezado por el presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, un joven fue fatalmente baleado, indicó, a manera de ejemplo.
“Una vez más instamos al régimen Ortega-Murillo sobre el desarme de los paramilitares bajo la observación y mecanismos de seguimiento de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y Organización de Naciones Unidas (ONU), a fin de que se verifique el completo desarme y la destrucción de dichas armas públicamente”, planteó.
“Aunque la represión gubernamental es un asunto cotidiano en Nicaragua, los días previos a la realización de actos masivos y trascendentales para la dictadura siempre se han caracterizado por un aumento de la represión”, precisó, en el texto leído en la conferencia de prensa realizada en la sede de la Anpdh en San José, la capital costarricense -donde opera en el exilio- y difundida, en vivo, en la red social Facebook.
En ese sentido, la asociación indicó que la pandemia mundial del nuevo coronavirus causante de la Enfermedad Coronavirus 2019 (Coronavirus Disease 2019, Covid-19), se ha sumado a la violenta crisis sociopolítica que, desde abril de 2018, golpea a Nicaragua.
“Este año la situación se empeora, debido a que la atención de la mayor parte de la población se está centrando en los efectos de la pandemia (…) que ha causado miles de víctimas mortales, el colapso de los centros hospitalarios estatales y graves secuelas económicas”, señaló, en el texto de siete páginas que tituló “Informe ejecutivo sobre violaciones de derechos humanos en Nicaragua correspondiente del 17 al 20 de julio de 2020”.
Esto último, “mientras el régimen sigue convocando a concentraciones masivas de todo tipo, acción negligente que hemos calificado como una nueva forma de genocidio -viral o virósico- contra el pueblo nicaragüense”, denunció, a continuación.
Al señalar que, en el contexto de la crisis sanitaria, fueron liberados más de cinco mil presos comunes -quienes cumplían condenas por delitos tales como violación de menores, homicidio, asalto armado-, la Anpdh puntualizó que el régimen orteguista se ha negado a poner en libertad a más de cien presos políticos, “contra quienes más bien ha endurecido las condiciones carcelarias”.
“Dentro de ese contexto, el régimen de Daniel Ortega ha recrudecido la represión contra los expresos políticos, según denuncia pública de los familiares de ,los reos afectados”, agregó.
A causa de la puesta en libertad de presos comunes, y debido a que la Policía Nacional “tiene orden de centrar sus esfuerzos en reprimir a los opositores, los delitos comunes se han incrementado de manera alarmante en todo el país”, denunció la asociación, en el texto leído por Leiva, un abogado especializado en derechos humanos, quien es, además, activo militante en la defensa de las garantías fundamentales.
Tal situación indica que “el estado nicaragüense es un estado fallido, incapaz y negligente para cumplir con sus obligaciones constitucionales y violando los derechos humanos de toda la sociedad nicaragüense”, planteó, a continuación.
Al proporcionar algunos ejemplos, la Anpdh relató que, “el propio día 19 de julio y durante el paso de una caravana de motorizados sandinistas -custodiada por la policía del régimen en el municipio de La Trinidad, departamento de Estelí, el joven nicaragüense Jorge Rugama Rizo fue asesinado de un disparo en la cabeza por gritar ‘Viva Nicaragua Libre’”.
“Familiares de la víctima y testigos presenciales del hecho identificaron al presunto asesino como Abner Pineda, un paramilitar que labora para el gobierno municipal de Estelí (la capital departamental) -en manos del Frente Sandinista- y quien supuestamente participó activamente durante la denominada “operación limpieza” en el año 2018, disparando contra los jóvenes que participaban en las protestas generalizadas que se desarrollaron en Nicaragua durante ese año”, siguió narrando.
La Anpdh aludió así a la operación policial-paramilitar desarrollada al inicio de la crisis sociopolítica, acción fuertemente represiva que consistió en remover los “tranques”
-bloqueos de tramos carreteros- y barricadas en calles de ciudades -a nivel nacional- construidos por civiles opositores, ofensiva que tuvo saldo de víctimas fatales así como heridos, detenidos, y desaparecidos.
La pandemia ha agudizado la crítica situación interna nicaragüense, enmarcada, desde abril de 2018, en la violenta crisis sociopolítica estallada entonces, y caracterizada por la constante represión policial y paramilitar antiopositora.
Según los más actualizados datos de la Anpdh, la represión antiopositora ha cobrado por lo menos 722 vidas, generado unos 842 desaparecidos, 514 presos políticos, y 5,109 heridos.
Masivos segmentos de la población nicaragüense, lo mismo que diversos sectores políticos y de la sociedad civil, vienen exigiendo la renuncia de Ortega y Murillo, lo que ha recibido, como respuesta, la represión policial y paramilitar.
