George Rodríguez/Foto-Archivo
El gobierno de Nicaragua está reforzando, con tropas regulares y grupos paramilitares, la vigilancia en la frontera entre ese país y Costa Rica, denunció el secretario general de la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (Anpdh), el abogado Álvaro Leiva.
Ello, para intimidar a los centenares de ciudadanos nicaragüenses varados, hace aproximadamente 10 días, en el sector del puesto fronterizo costarricense de Peñas Blancas, a unos 311 kilómetros al noreste de San José, la capital nacional, agregó el activista, en conferencia de prensa difundida, en vivo, el 29 de julio, por la red social Facebook.
Las personas aglomeradas en el lugar, en precarias condiciones -situación agudizada por el riesgo que implica la pandemia del nuevo coronavirus, causante de la Enfermedad Coronavirus 2019 (Coronavirus Disease 2019, Covid-19), son civiles, por lo que no se justifica la presencia militar y paramilitar en el lado nicaragüense del límite terrestre de 309 kilómetros, planteó.
Leiva informó, asimismo, que la entidad que dirige -y que, desde 2018, opera en el exilio, en la capital costarricense- ha formulado las denuncias del caso a la representación regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).
“Tenemos información, de primera mano, de que no sólo se ha reforzado militarmente, la frontera, por el lado de Nicaragua, como que, realmente, eso fuera un temor, del régimen, que lo que ahí se encuentran son fuerzas militares o fuerzas armadas”, denunció el abogado especializado en derechos humanos, cuyo activismo tiene proyección internacional.
“Aquí, lo que estamos hablando son de niños, niñas, adolescentes, adultos de la tercera edad, mujeres en estado de embarazo, minusválidos, personas civiles”, precisó.
“Y esto es muy importante darlo de referencia, que, aquí, realmente (…) es un ciudadano civil, aquí, no es un ciudadano militar, como para estar reforzando militarmente la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, por el lado nicaragüense”, agregó.
Al respecto, Leiva formuló un llamado al presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, exhortándolos a que los migrantes varados en la frontera binacional son nicaragüenses quienes solamente aspiran a regresar a su papis de origen.
“Aquí, yo quiero hacerle un llamado, al régimen Ortega-Murillo, a Daniel Ortega, a Rosario Murillo: que se tomen conciencia que, aquí, lo que son, son personas vulnerables, personas civiles que están frente a la inclemencia del medio ambiente, con hambre, con sed”, expresó.
“Simplemente, que se pongan su mano en la conciencia para permitirles el ingreso, a estos nicaragüenses, y que, si está reglamentado el tema de que tienen que pasar por una evaluación médica (…) o de un examen de Covid, definitivamente, eso es una responsabilidad del Estado nicaragüense, hacerles su prueba, para el ingreso sin ninguna restricción, a estos nicaragüenses”, siguió planteando.
“También tenemos información de que han sido trasladados grupos paramilitares
-civiles armados-, acompañando al traslado de las fuerzas armadas, en función de crear el caos, crear más incertidumbre, crear más miedo”, denunció.
“Esa es la imagen que está dando el régimen Ortega, frente a sus ciudadanos y a la comunidad internacional: de que, en Nicaragua, no existe la voluntad política de mejorar el tema de la radiografía de los derechos humanos”, reflexionó, para agregar que “es lamentable cómo está respondiendo, el régimen, frente a una crisis humanitaria”.
En opinión del defensor de derechos humanos, “verdaderamente, aquí, lo que se debía de esperar, es la facilitación para el ingreso de estos civiles”, ya que, reafirmó, “no son militares, no son fuerzas armadas, como para tener que reforzar, militarmente, o estar intimidando con grupos ilegales armados, para emplazarlos contra una ciudadanía civil, que, simplemente, lo que quiere es ingresar a su país de origen”.
La Anpdh ha denunciado, al Acnur y a la Cidh, la situación, y, en el caso particular de la instancia de Naciones Unidas, exhortó, al representante para Costa Rica, Milton Moreno, a que la agencia especializada intervenga en la crisis humanitaria que padecen esos nicaragüenses.
En una carta que le dirigió el 26 de julio -texto al cual Informativo JBS tuvo acceso-, Leiva expresó que, “con todo respeto lo insto a asumir el papel protagónico que debe tener el ACNUR ante esta grave situación y promover una operación organizada y coordinada entre Nicaragua y Costa Rica, bajo su supervisión, velando porque el retorno de estas personas se realice en condiciones de dignidad y seguridad”.
Al respecto, en la conferencia de prensa, el dirigente señaló que la exhortación a Moreno apuntó a que el Acnur asuma “su rol de asistencia, para este grupo de nicaragüenses, a fin de que no estén, más, expuestos a las violaciones de derechos humanos del cual, hoy, son víctimas”.
“Este tema es un tema de alta crisis de violaciones de derechos humanos hacia estos migrantes que se encuentran varados”, situación específica que “sólo acrecienta la crisis de violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses, por parte de un régimen que, hasta el día de hoy, no demuestra una voluntad política de mejorar la radiografía de los derechos humanos de los nicaragüenses, dentro y fuera del territorio”, precisó.
A los migrables varados en Peñas Blancas, “se les está negando el ingreso a su propio país, contraviniendo y violando disposiciones constitucionales de Nicaragua, así como varios tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos, que han sido debidamente suscritos y ratificados por el Estado nicaragüense”, subrayó.
Leiva advirtió, asimismo, que “vamos a seguir trabajando, monitoreando, y dándole seguimiento a esta crisis que, hoy, están enfrentando, más de quinientos conciudadanos, en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua (…) incidiendo, nacional e internacionalmente, en las instancias donde haya que hacer incidencia”.
Desde el inicio de la crisis sanitaria en Centroamérica -al inicio de marzo-, centenares de nicaragüenses quienes han tratado de regresar a su país de origen, se han visto, en general, imposibilitados de hacerlo, por el régimen orteguista.
El gobierno sostiene que no se trata de que no lo hagan sino de que su regreso sea ordenado, y mediante la realización de pruebas clínicas para determinar si están infectados con el virus.
Esta posición, reafirmada más recientemente por Ortega durante una actividad oficial en Managua, la capital nicaragüense, contrasta con la conducta general del gobierno que ha sido fuertemente criticada, nacional e internacionalmente, por la denunciada flagrante omisión en materia de medidas de prevención dentro del país, y por la igualmente denunciada manipulación del número de casos, para que sea considerablemente menor al real.
En ese sentido, Leiva ha denunciado, reiteradamente, que, en Nicaragua, ocurre lo que ha descrito como un genocidio viral.
El nuevo contexto dramático mundial que enmarca, en general, a las economías nacionales
-incluida la nicaragüense- golpeadas, a nivel global, por la pandemia, se suma, en el caso de Nicaragua, a la violenta crisis sociopolítica que, hace algo más de dos años, afecta al país centroamericano, y se caracteriza por la severa represión antiopositora imperante desde entones.
De acuerdo con los datos más recientes que la Anpdh, la represión policial y paramilitar del gobierno orteguista ha cobrado, desde abril de 2018 -cuando estalló la crisis sociopolítica-, más de 720 vidas.
