George Rodríguez/Foto-Medios
La asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (Anpdh) acusó al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de estar cometiendo el delito de “genocidio viral”, en lo que definió como el negligente manejo, en el país centroamericano, de la Enfermedad Coronavirus 2019 (Coronavirus Disease 2019, Covid-19) –causada, a nivel mundial, por un nuevo coronavirus-.
El gobierno encabezado por Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, oculta y tergiversa información sobre la incidencia de la Covid-19 en Nicaragua, además de que no solamente no implementa medidas preventivas como las que son aplicadas en otros países afectados –entre ellas, el aislamiento social- sino que promueve la realización de actividades masivas, que aumentan el riesgo de masificar el contagio, indicó la Anpdh.
La organización –que opera, hace casi dos años, en el exilio, en San José, la capital de la limítrofe Costa Rica- anunció, asimismo, que proyecta denunciar a Ortega, Murillo, y otros jerarcas gubernamentales, en instancias tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), de acuerdo con lo señalado en un comunicado leído, en conferencia de prensa, el 15 de mayo, por el Presidente de la Anpdh, el abogado y activista de derechos humanos nicaragüense Álvaro Leiva.
“Ante la ausencia de información de parte del régimen, o el suministro de la misma en forma parcial y poco creíble, médicos y periodistas independientes, así como ciudadanos en general, han venido reportando a través de las redes sociales un acelerado aumento de casos sospechosos en diferentes ciudades, así como del incremento de fallecimientos por ‘infartos’ y por ‘neumonía atípica’, como forma de encubrir el hecho de que la pandemia ya está causando graves estragos entre la población nicaragüense”, señaló la Anpdh.
“Cada día son más los videos subidos a las redes con imágenes de entierros “clandestinos” en horas de la noche, en cementerios de diferentes municipios de Nicaragua”, precisó.
“Estos casos y los muchos más que puedan existir en Nicaragua, son parte de la negligencia y falta de protocolos para la identificación inmediata de casos de COVID-19 (…) en el país”, agregó.
“A esta irresponsabilidad del régimen Ortega-Murillo se suma el llamado a concentraciones masivas en avenidas y calles de Managua, ignorando las medidas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para evitar el contagio”, continuó planteando.
“El dolo o mala intención con que el régimen ha venido abordando la emergencia de la pandemia del COVID-19, en donde todos sus actos y declaraciones han apuntado a la promoción del contagio masivo de la población indefensa, se constituye ya oficialmente en la comisión del delito de genocidio viral por parte de José Daniel Ortega Saavedra y de aquellos funcionarios a su cargo implicados en el manejo de las estructuras y políticas de Salud Pública en Nicaragua”, aseguró la Anpdh.
“Ante la gravedad de estos hechos hemos decidido, como acción inmediata a favor del derecho a la salud, como derecho humano del pueblo nicaragüense, denunciar a (…) Ortega Saavedra y a todos sus cómplices ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otras instancias, por el delito de genocidio viral”, anunció.
La Anpdh informó, además, que procura, entre otras acciones internacionales, obligar, a la OMS y a la OPS, a que expliquen lo que describió como la ausencia de acción de ambas organizaciones, específicamente, en lo referido a la falta de protección a la que está sometida la población nicaragüense.
“Así mismo, hemos procedido a emplazar públicamente”, a las d s agencias especializadas, “a fin de que den una explicación satisfactoria ante las instancias a las que recurriremos, por su indiferencia y silencio ante la alarmante situación de desprotección del pueblo de Nicaragua frente a esta pandemia”, indicó.
La emergencia sanitaria “nos está llevando a un grado de mortalidad de proporciones incalculables, ante la falta de un plan nacional de atención preventiva y de mitigación de la emergencia humanitaria”, por parte del gobierno, precisó.
La Anpdh también formuló un llamado de solidaridad, a la comunidad internacional, a centrar atención en la situación nicaragüense en materia sanitaria, generada por lo que describió como “la actuación irresponsable y negligente del régimen Ortega-Murillo”, al “no acatar las recomendaciones o protocolos establecidos (por la OMS y la OPS) a nivel mundial para evitar el contagio comunitario” de la Covid-19.
Esa conducta proyecta un riesgo para el resto de la región centroamericana, particularmente para la limítrofe Costa Rica, cuyo gobierno viene implementando, exitosamente, una serie de medidas de contención del virus.
Esas acciones –que incluyen una intensa campaña de promoción del voluntario aislamiento social, frecuente lavado de manos, cierre total o parcial de establecimientos comerciales, fuerte restricción de circulación vehicular, entre otras medidas-, han mantenido al país centroamericano entre los de menor incidencia de la enfermedad, a nivel mundial.
Asimismo, el ministro de Salud, Daniel Salas, y el presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Román Macaya, y diferentes funcionarios gubernamentales, participan diariamente –al mediodía local- en conferencia de prensa durante la cual se actualiza la información de casos y se informa sobre medidas para hacer frente a la emergencia sanitaria en Costa Rica.
De acuerdo con los datos al mediodía del 15 de mayo, el país registraba 843casos, y nueve fallecimientos, desde que el primer paciente fue detectado con la Covid-19, el 6 de marzo.
Al respecto, la Anpdh advirtió que “la conducta criminal del régimen dictatorial de Nicaragua tiene además gravísimas repercusiones para los países de la región centroamericana, especialmente para Costa Rica, hermano país donde convivimos aproximadamente un millón de nicaragüenses, entre residentes permanentes y temporales, exiliados, refugiados, trabajadores agrícolas cíclicos y otros en condición migratoria irregular”.
“El Gobierno y el pueblo de Costa Rica han venido realizando extraordinarios y exitosos esfuerzos para contener la transmisión del virus y sería lamentable y condenable que este valioso esfuerzo se pusiera en peligro por la actitud negligente e irresponsable de la dictadura de los Ortega Murillo”, señaló.
En posterior diálogo con Informativo JBS, Leiva denunció que el accionar del gobierno nicaragüense en la emergencia por la pandemia, podría tener un componente político.
“Esto puede ser una estrategia bien orquestada, por el régimen, que tenga un propósito maquiavélico, de descaro y de crueldad, con propósitos políticos favor de ortega”, indicó Leiva, quien hace casi dos años está radicado en Costa Rica, en calidad de asilado.
Ello, “porque el hecho de que no sólo se suma el gran vacío de poder político que existe en Nicaragua sino que hay una ausencia de un liderazgo que se ponga al frente de la pandemia mundial del coronavirus, que amenaza a Nicaragua”, explicó.
“Es decir, la población, cada día más, repudia a la dictadura orteguista, porque hay una indiferencia –y hasta mala intención- que el régimen majea sobre el caso Covid-19”, aseguró, para agregar que “es del dominio público que el dictador Ortega manipula la verdad sobre las amenazas y los resultados de la pandemia en Nicaragua –como ha mentido siempre, en sus actuaciones públicas-”, dijo.
Mediante la promoción gubernamental de actividades populares de participación masiva –incluidas marchas de apoyo al gobierno- Ortega parece indicar que su intención es la de usar, en Nicaragua, la pandemia, “como un arma biológica” contra los sectores de la población que no lo apoyan, lo que respondería a una agenda de naturaleza política, aseguró.
“Esta negligencia con que trata la amenaza real de la pandemia, ubica, a nuestro país, en una situación de peligro inminente, a un holocausto contra el pueblo de Nicaragua, lo que refleja el odio y el desprecio que el dictador Ortega y su esposa, Murillo, sienten contra la nación nicaragüense, contra las familias, contra los hombres, las mujeres, los adultos mayores, y niños”, dijo.
“La conducta de Ortega, con respecto a la pandemia (…) revela que disfruta, con cierto grado de morbo, la posibilidad de un desarrollo descontrolado de dicha enfermedad, que le permita tres cosas: vengarse de sus enemigos –el pueblo humilde que no lo apoya-, y demás justificar la petición del levantamiento de sanciones, y solicitar ayuda internacional que le permita oxigenar su régimen”, puntualizó.
En el caso de Nicaragua, pandemia se sumó a la violenta crisis sociopolítica que, estallada en abril de 2018, ha cobrado por lo menos 712 vidas, generado algo más de 840 desaparecidos, casi 515 presos políticos, poco más de 5,100 heridos, y casi 100 mil exiliados en la vecina Costa Rica.
En el contexto de la dramática situación sociopolítica, diferentes sectores poblacionales viene exigiendo, masivamente, la renuncia de Ortega y Murillo, lo que ha recibido la invariable respuesta de implacable represión policial y paramilitar –lo mismo masiva que selectiva-.
