George Rodríguez/Foto-Archivo
La intransigencia del régimen dirigido por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, en cuanto a hallar solución aceptable a la violenta crisis sociopolítica que ha generado, amerita que la Organización de los Estados Americanos (OEA) analice nuevamente el caso, y decida aplicar, al país centroamericano, la Carta Democrática Interamericana.
Debido a que la naturaleza sanguinaria, y la ausencia de voluntad política, del gobierno Ortega-Murillo, torna inviable la búsqueda de solución negociada, resulta necesario que la OEA intervenga paran poner fin a la situación de permanente violación de los derechos humanos que padece la población nicaragüense.
Exponente de esta línea de análisis, el presidente de la asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (Anpdh), Álvaro Leiva, dijo, a Informativo JBS, que dirigió, el mes pasado, a la presidencia del Consejo Permanente (CP) de la OEA, una carta en ese sentido, texto en el que reafirmó –con datos actualizados- similar planteamiento que formuló en marzo de este año.
Leiva, un abogado especializado en derechos humanos, y activista en este campo, aseguró que la Carta Democrática debe aplicarse a Nicaragua, dado que el régimen Ortega-Murillo ha roto el orden constitucional de ese país.
El sustento de la comunicación –fechada el 24 de abril- es, en términos generales, la dramática crisis de violaciones a los derechos humanos y de comisión de hechos de lesa humanidad estallada en abril de 2018, y los actos de lesa humanidad que el gobierno viene cometiendo mediante la severa represión policial y paramilitar contra cualquier expresión de oposición, explicó.
La solicitud también en apoya en información proporcionada, al CP de la OEA, por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (Giei), indicó Leiva.
El activista hizo así alusión al grupo que, junto con el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), constituía la fuerza de trabajo con la que, en el país, contaba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hasta que ambos fueron expulsados, por la cancillería nicaragüense, el 19 de diciembre de 2018, fecha en la cual el ministerio también suspendió la visitas de la comisión a la nación centroamericana.
“Como organismo de derechos humanos, hemos hecho formal petición, a través de una misiva que remitimos el 24 de abril del presente año, a la presidencia del Consejo Permanente de la OEA, tomando, como antecedente, la profunda crisis de derechos humanos que existe en Nicaragua, hasta el día de hoy, por parte del régimen Ortega-Murillo, que no demuestra voluntad política de mejorar esa radiografía”, señaló.
El activista hizo así referencia a la Anpdh, entidad que, desde agosto de 2018 opera en el exilio, en San José, la capital costarricense.
“Tomamos, como antecedente, todo lo que ha transcurrido, desde abril 2018, hasta la presente fecha”, y “tomamos, de referencia, el informe (de ese año) de la Giei (…) donde, en este informe, claramente, establece las graves violaciones a los derechos humanos –y la reparación y el castigo algún día-, que deben de rendir cuenta, por ello, los autores”, precisó.
“Y, sobre todo (…) que refleja que lo que hubo, en contra de la población civil nicaragüense, fue una masacre, y que toda esta masacre debe de ser investigada, para ser castigados aquellos que han cometido delitos de lesa humanidad, genocidio, y violaciones de derechos humanos”, agregó.
Leiva expresó que ello incluye hechos tales como los ataques paramilitares de enero de este año contra comunidades ubicadas en la zona de la norteña Biosfera de Bosawás –sector fronterizo con Honduras-, además, más recientemente, de la noche del 19 al 20n de abril, en la comunidad de Esquipulas, ubicada en la isla de Ometepe, a su vez situada en el sudoccidental Lago Cocibolca –también conocido como Lago Nicaragua-.
“Tomamos en cuenta, también, toda la actitud y el comportamiento que ha tenido, el régimen, frente a la salud pública de los nicaragüenses, vinculado a la pandemia” de la Enfermedad Coronavirus 2019 (Coronavirus Disease 2019, Covid-19) –causada, a nivel mundial, por un nuevo coronavirus-.
La conducta del gobierno de Ortega, que, a diferencia de otros países golpeados por la pandemia, se ha caracterizado por la laxitud, no obstante la magnitud de la emergencia sanitaria, “ha sido un actuar indiferente, donde, prácticamente, se evidencia que ha habido una promoción de contaminación, hacia la población, por no tomar las medidas de recomendación por parte de la OMS, de la OPS, y de gobiernos amigos de los derechos humanos -y amigos del pueblo de Nicaragua-“, denunció, en referencia a las organizaciones Mundial de la Salud (OMS) y Panamericana de la Salud (OPS).
Por lo tanto, “nosotros, sin mayor dilación, es que giramos, una petición concreta, de que se convocara, lo más pronto posible, al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, a fin de que se revise la persistencia de estos crímenes de lesa humanidad, genocidio, violaciones graves a los derechos humanos, por parte del gobierno de Daniel Ortega Saavedra (…) se le aplicara la Carta Democrática, y se pida la sustitución por una junta de gobierno de transición”, informó.
La idea consiste en “que se convoque a una Asamblea General Extraordinaria de la OEA, con el propósito de que se discuta el tema de Nicaragua, y se declare que, en Nicaragua, no sólo existe un vacío de poder político sino que, ya, en Nicaragua ha habido una ruptura del orden democrático y del orden constitucional”, explicó.
“Ya es hora que, al régimen Ortega-Murillo (…) se le aplique la Carta Democrática, y, en caso de que n o se contara con los suficientes votos para esto, entonces, sea declarada –con mayoría simple de votos- la ilegitimidad del gobierno”, señaló.
Esto, “por la forma tiránica de ejercer el poder político”, para “dar paso a nombrar una junta de gobierno, transitoria, cuya misión sea organizar, fiscalizar, y dirimir las elecciones generales y nacionales, lo más pronto posible –en un plazo no mayor de doce meses-, para resolver, así, la crisis sociopolítica y de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua”, dijo, a continuación.
Aprobada inicialmente –en 2001- como Cláusula Democrática Interamericana, el texto se convirtió, al año siguiente, en la más elaborada Carta, la que fue aplicada a Honduras, a raíz del cruento golpe de Estado contra el entonces presidente (2006-2009), Manuel “Mel” Zelaya.
En el vigésimo de sus 28 artículos, la carta establece que, “en caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente”.
Según la naturaleza de la situación, el consejo podrá disponer que se lleve a cabo las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática en el país afectado.
“Si las gestiones diplomáticas resultaren infructuosas o si la urgencia del caso lo aconsejare, el Consejo Permanente convocará de inmediato un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para que ésta adopte las decisiones que estime apropiadas, incluyendo gestiones diplomáticas, conforme a la Carta de la Organización, el derecho internacional y las disposiciones de la presente Carta Democrática”, agrega.
La disposición reafirma que, durante el proceso, se llevará a cabo las gestiones diplomáticas pertinentes, entre ellas, los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática.
Entretanto, el artículo 21 prevé los pasos a seguir en el caso de que las gestiones diplomáticas y de buenos oficios no sean exitosas, y determina que el país en cuestión sea sancionado, por la vía de la suspensión como integrante de la OEA.
Al describir la dramática situación nicaragüense, Leiva explicó que, ”hay que estar claro que, ya, en Nicaragua, a estas alturas, no se puede estar hablando ni de diálogo ni de un ejercicio electoral que garantice, al pueblo, que se va a respetar su voluntad soberana, de la elección de sus autoridades”.
Se trata de “un régimen que, hasta el día de hoy, no demuestra ni un solo signo de voluntad de poder conciliar o recuperar la paz social, la democracia, el respeto a los derechos humanos, que demanda el soberano pueblo de Nicaragua”, subrayó.
”Estamos frente a un régimen nefasto, de una bestialidad de comportamiento sin precedentes, que ha generado, en el pueblo de Nicaragua, dolor, luto, y derramamiento de sangre”, además de que, “hasta hoy, no demuestra si tiene un signo de que podamos creer –los derechos humanos, los sectores políticos, la sociedad nicaragüense en general- de que podamos lograr, a través de una conciliación, la solución a este problema sociopolítico humanitario que enfrenta Nicaragua”, enfatizó.
En tal contexto, “lo que hemos dicho nosotros es llamar a la conformación de la unión, de todos los sectores políticos de los Nicaragüenses –a excepción de aquellos que tienen manchadas, las manos, de sangre-, para que se conforme una junta de gobierno, de transición, que encauce la refundación del Estado”, precisó.
Se trata de que esa autoridad gubernamental interina “garantice la restitución de los derechos humanos, que garantice la organización de un ejercicio electoral, que se dé en las mejores condiciones, para los nicaragüenses, frente a ese derecho de sufragio, de manera no condicionada ni represora sino de manera librea, espontánea, bajo lo que, hoy, el soberano pueblo de Nicaragua quiere: elegir”, enfatizó.
“Hoy, estar hablando de un ejercicio electoral, a estas alturas, con un régimen tan indialogable, tan sangriento, como es el régimen Ortega-Murillo, es como caminar hacia un precipicio de seguir desquebrajando los derechos humanos de la sociedad nicaragüense, y aumentar la crisis de violaciones de los mismos”, reflexionó, enérgicamente.
“En ese sentido es que nosotros hemos hecho llegar, la comunicación, no sólo a la Presidencia del Consejo Permanente sino a la vicepresidencia, al secretario general de la OEA (…) y a embajadores representantes de gobiernos amigos de los derechos humanos y del dolor del pueblo nicaragüense, para ver si logramos esta victoria”, reafirmó.
En la documentada carta de 25 párrafos contenidos en seis páginas, Leiva planteó, en el último de cinco puntos, la “petición concreta de que se convoque lo más pronto posible”, al CP de la OEA, “a fin de que revise la persistencia de los crímenes de lesa humanidad, genocidio y violaciones graves a los derechos humanos por parte del gobierno” de Ortega, “en contra del pueblo de Nicaragua, se le aplique la Carta Democrática, y se pida su sustitución por una Junta de Gobierno de Transición”.
