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La solicitud del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el uruguayo Luis Almagro, de que se convoque a reunión del Consejo Permanente de la entidad continental, para abordar la crítica situación sociopolítica y sanitaria de Nicaragua, coincide con lo que la asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (Anpdh) viene planteando insistentemente.
Al formular el planteamiento, en conferencia de prensa, el presidente de la Anpdh, el abogado y activista de derechos humanos nicaragüense Álvaro Leiva, planteó que el CP de la OEA debe optar por aplicar, gobierno de Nicaragua, la Carta Democrática Interamericana.
La sanción debe implementarse a causa de las violaciones a los derechos humanos que, en el marco de la violenta crisis sociopolítica estallada en abril de 2018, en el país centroamericano -ahora, agudizada por el deficiente manejo gubernamental la pandemia mundial de la Enfermedad Coronavirus 2019 (Coronavirus Disease 2019, Covid-19)-, viene cometiendo el régimen encabezado por el presidente nicaragüense, Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.
Leiva aludió así a la solicitud formulada en la carta de 19 páginas que Almagro dirigió, el 16 de este mes, al actual presidente del CP, el haitiano Leon Charles, y también a la carta que, aprobada inicialmente –en 2001- como Cláusula Democrática Interamericana, se convirtió, al año siguiente, en la más elaborada Carta, la que fue aplicada a Honduras, a raíz del cruento golpe de Estado, en junio de 2009, contra el entonces presidente (2006-2009), Manuel “Mel” Zelaya.
En el vigésimo de sus 28 artículos, la carta establece que, “en caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente”.
Según la naturaleza de la situación, el consejo podrá disponer que se lleve a cabo las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática en el país afectado.
“Si las gestiones diplomáticas resultaren infructuosas o si la urgencia del caso lo aconsejare, el Consejo Permanente convocará de inmediato un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para que ésta adopte las decisiones que estime apropiadas, incluyendo gestiones diplomáticas, conforme a la Carta de la Organización, el derecho internacional y las disposiciones de la presente Carta Democrática”, agrega.
La disposición reafirma que, durante el proceso, se llevará a cabo las gestiones diplomáticas pertinentes, entre ellas, los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática.
Entretanto, el artículo 21 prevé los pasos a seguir en el caso de que las gestiones diplomáticas y de buenos oficios no sean exitosas, y determina que el país en cuestión sea sancionado, por la vía de la suspensión como integrante de la OEA.
En su solicitud a Charles, el secretario general de la OEA indicó que “solicitamos se convoque una reunión del Consejo Permanente”, para abordar la situación nicaragüense.
Al respecto, Leiva aseguró, un día después, que “la petición que ha hecho, el doctor Luis Almagro (…) no nos toma por sorpresa, porque esta es una gestión que hemos venido insistiendo”.
Se trata “de que todas las violaciones graves, profundas, hacia los derechos humanos de los nicaragüenses, definitivamente, tienen que ser castigadas, y, el régimen Ortega-Murillo, tiene que entender de que todos sus delitos de lesa humanidad, genocidio viral” ameritan la aplicación de la carta, en el caso de Nicaragua, explicó, en la conferencia llevada a cabo en la sede de la Anpdh en el exilio, en San José, la capital costarricense.
“Nosotros, como organismo de derechos humanos, hemos venido haciendo gestiones internacionales, permanentemente, a fin de que se sancione, al régimen Ortega-Murillo, en sus actuares criminales, de violaciones a los derechos humanos, y por haber roto, ya, el orden constitucional y el orden democrático de Nicaragua”, agregó el activista, asilado hace dos años en Costa Rica.
La carta “debe de aplicarse al régimen Ortega-Murillo, lamentablemente, producto de su falta de voluntad política, que ha venido a desmejorar la radiografía de la democracia y de respeto hacia los derechos humanos de los nicaragüenses”, reafirmó.
Leiva indicó que, frente a la dramática situación nicaragüense, viene desarrollando una intensa campaña diplomática internacional, mediante contacto lo mismo escrito que personal, con presidentes tales como Jair Bolsonaro (Brasil) y Nayib Bukele (El Salvador), autoridades del gobierno de Estados Unidos -entre ellos, los secretarios Mike Pompeo (de Estado) y Steven Mnuchin (del Tesoro)- además de numerosos legisladores -incluidos Marco Rubio y Ted Cruz, así como los integrantes del Comité sobre Relaciones exteriores del Senado de ese país-.
Leiva se ha mantenido, asimismo, en contacto con autoridades del Tribunal Penal Internacional (TPI) y de la Unión europea (UE).
El abogado especializado en derechos humanos, también se refirió a la crítica situación sanitaria que Nicaragua enfrenta a causa de lo que describió como la omisa política que, ante la Covid-19, viene implementando el régimen orteguista.
El activista reiteró la denuncia de que, al actuar de ese modo -sin atender los lineamientos de las organizaciones Mundial de la Salud (OMS) y Panamericana de la Salud (OPS)-, Ortega y Murillo, y los responsables del área de salud pública, están cometiendo el crimen de “genocidio viral”.
En un comunicado que Leiva leyó durante la primera parte de la conferencia de prensa -transmitida, en vivo, por la red social Facebook-, la Anpdh denunció que, “en el caso particular de la pandemia del COVID-19, el régimen Ortega Murillo tuvo el tiempo y los recursos necesarios para prevenir este genocidio viral”.
“Pero lejos de adoptar medidas de contención para reducir el contagio, el régimen se dedicó a promover actividades de concentración masiva en todo el país, se negó a suministrar equipo de protección al personal de salud en los centros hospitalarios estatales y ordenó a su policía familiar reprimir el uso de mascarillas a cualquier ciudadano que, haciendo uso de su libertad individual, quisiera utilizarlas”, agregó.
“Durante las últimas semanas Nicaragua ha perdido a muchos de sus hijos más valiosos: médicos, enfermeras, periodistas, contadores públicos, ingenieros, líderes religiosos, hombres y mujeres de todas las edades”, informó.
“A estas alturas son pocas las familias que no han sido abatidas por el dolor que provoca la pérdida de un ser querido que era padre, madre, hijo, hija, abuelo, tío, hermano, cada uno con un rol dentro de cada familia, seres humanos, todos, independientemente de su nivel social, de su credo religioso o de su ideología política”, indicó, para agregar que se trata de “vidas valiosas que pudieron haberse protegido si no se hubiese impuesto la soberbia, la negligencia y la irresponsabilidad desde el poder”.
“El nivel de afectación por el COVID-19 ha sido tan grande en Nicaragua, que varias familias han perdido hasta tres de sus miembros en el transcurso de una semana”, precisó.
En lo que tiene que ver con la pandemia, en términos generales, según los más actualizados datos de la estadounidense Universidad Johns Hopkins -que son cotidianamente puestos al día-, el total de casos de Covid-19, a nivel mundial, era, al 17 de este mes, algo superior a 8.2 millones.
Estados Unidos encabeza la lista global, con poco más de 2.1 millones de casos, seguido por Brasil -el país de América Latina más afectado por la crisis sanitaría mundial-, con 923,189, y Rusia, en tercer lugar, con 552,549.
A nivel sudamericano, Brasil es seguido por Perú, con 237,156, y Chile (184,449).
En cuanto a Centroamérica, el primer lugar es ocupado por Panamá, con 21,962 casos, seguido por Guatemala (10,706), Honduras (9,656), El Salvador (4,066), Nicaragua (1,823), Costa Rica (1,796), Belice (22).
El dato de Nicaragua, coincide con las cuestionadas cifras oficiales, contrasta marcadamente con los cálculos del recientemente creado Observatorio Ciudadano COVID-19 que, al 16 de junio, ubicaba en 5,027 el total de casos.
El observatorio -mencionado por Almagro en su carta a Charles- maneja, en ausencia de cifras oficiales confiables, datos recopilados por organizaciones de sociedad civil, en redes sociales, y por particulares, según el secretario general.
En el caso de Nicaragua, la pandemia agudizó la violenta crisis sociopolítica que, estallada en abril de 2018, ha cobrado por lo menos 712 vidas, generado algo más de 840 desaparecidos, casi 515 presos políticos, poco más de 5,100 heridos, y casi 100 mil exiliados en la vecina Costa Rica, de acuerdo con los datos más recientes difundidos por la Anpdh.
En el contexto de la dramática situación sociopolítica, diferentes sectores poblacionales vienen, desde entonces, exigiendo, masivamente, la renuncia de Ortega y Murillo, lo que ha recibido la invariable respuesta de implacable represión policial y paramilitar –lo mismo masiva que selectiva-.
