El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, recibió el pasado lunes 11 de noviembre de 2024 la Orden Nacional Juan Mora Fernández, la máxima distinción diplomática otorgada por Costa Rica, de manos de su homólogo Rodrigo Chaves en el Palacio Presidencial en San José. Esta condecoración se da en un contexto paradójico, pues mientras Costa Rica honra la gestión de Bukele en seguridad, el país atraviesa sus años más violentos en décadas, con tasas de homicidios históricos y un creciente clamor ciudadano por mayor control del crimen.
Bukele ha ganado una popularidad significativa en la región por sus políticas de “mano dura” contra las pandillas en El Salvador, destacándose por su “Plan Control Territorial” y su “guerra contra las pandillas”. Estas políticas, que implican despliegues militares y regímenes de excepción en cárceles y zonas de alta criminalidad, han sido aplaudidas en su país y en otros de la región, aunque también han suscitado controversias en cuanto al respeto de los derechos humanos.
Su enfoque directo ha logrado una notable reducción de la criminalidad en El Salvador, con el apoyo de buena parte de la población, que valoran la mejora en la seguridad cotidiana.
En Costa Rica, sin embargo, los niveles de violencia y criminalidad continúan escalando, provocando en algunos sectores un llamado a replicar medidas similares a las de Bukele. El gobierno costarricense se enfrenta a una crisis de seguridad que ha obligado a las autoridades a revisar sus políticas y aumentar la presencia policial en diversas áreas.
La decisión de honrar al presidente salvadoreño ha generado reacciones mixtas: para algunos es un reconocimiento merecido a una política efectiva de seguridad, mientras que otros consideran que la adopción de un modelo de seguridad extremo podría erosionar los derechos civiles en el país.
Este contexto ha avivado el debate en la opinión pública costarricense sobre si se debería tomar un rumbo más firme y directo en el control de la criminalidad, emulando las acciones de Bukele, o bien, si se debe priorizar un enfoque de respeto a los derechos humanos , de mejora en la prevención social y las políticas públicas.
