En agosto de 2018, el cantón de Montes de Oca fue oficialmente declarado “Territorio Libre de Xenofobia”, un compromiso simbólico de alto valor ético y político en tiempos de creciente discriminación y exclusión hacia las personas migrantes en Costa Rica. No obstante, a casi siete años de dicha declaratoria, su implementación concreta en espacios clave como la Biblioteca Pública Faustino Montes de Oca parece aún pendiente.
Tras una consulta periodística enviada el pasado 29 de mayo a la Biblioteca Pública del cantón, en busca de información sobre posibles acciones conjuntas con la Municipalidad de Montes de Oca en torno a dicha declaratoria, la respuesta oficial fue clara: “Por el momento la Biblioteca no ha realizado en conjunto con la Municipalidad campañas de sensibilización, talleres, eventos o publicaciones sobre los temas que indica”. Así lo indicó la institución en un correo fechado el 30 de mayo.
Aunque la Biblioteca asegura que todas sus actividades “promueven el respeto a los derechos humanos y son para todas las personas de la comunidad sin importar su procedencia”, lo cierto es que, en un contexto nacional e internacional marcado por discursos y prácticas xenófobas, el silencio institucional frente a un compromiso público firmado por el gobierno local resulta preocupante.
Una declaratoria que se diluye en el papel
La declaratoria firmada en 2018 por el Concejo Municipal de Montes de Oca nació como respuesta a episodios de racismo, criminalización de la migración nicaragüense y discursos de odio cada vez más frecuentes en redes sociales, medios de comunicación y espacios públicos. El acuerdo reconocía el valor cultural, social y económico de las personas migrantes y llamaba a promover una cultura de paz, solidaridad y derechos humanos desde las instituciones locales.
Sin embargo, según la respuesta obtenida por este medio, no se han desarrollado actividades sistemáticas o conjuntas entre la Biblioteca Pública y la Municipalidad para dar vida a ese mandato político. Esta omisión institucional cobra aún más relevancia si se considera que la Biblioteca es uno de los principales centros culturales y educativos del cantón, con capacidad para organizar eventos, talleres y actividades formativas de alcance comunitario.
Un compromiso que exige seguimiento
La ausencia de acciones concretas no solo debilita el contenido simbólico de la declaratoria, sino que plantea interrogantes sobre la voluntad política de las autoridades locales para defender efectivamente los derechos de las personas migrantes, muchas de las cuales enfrentan condiciones de vida precarias, barreras de acceso a servicios básicos y múltiples formas de discriminación.
Desde el periodismo comunitario y organizaciones sociales, se hace necesario un monitoreo riguroso del cumplimiento de estos compromisos, así como la exigencia de planes de acción reales, con presupuestos, alianzas interinstitucionales y participación ciudadana. La Biblioteca Pública, como espacio educativo y formativo por excelencia, debería ser protagonista —no espectadora— de este proceso.
