El ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde, renunció este lunes a su inmunidad como alto jerarca del Ejecutivo, luego de que la Corte Suprema de Justicia aprobara por mayoría trasladar a la Asamblea Legislativa una solicitud de levantamiento del fuero de improcedibilidad en su contra. Esta decisión judicial abre paso a un posible proceso penal relacionado con hechos ocurridos durante su paso por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), donde fungió como subdirector.
La resolución de la Corte Plena fue adoptada con 17 votos a favor y cinco en contra, durante la sesión del 30 de junio. Con este aval del Poder Judicial, ahora corresponde al Congreso decidir si levanta o no la inmunidad al ministro Campos, paso necesario para que pueda ser sometido a juicio por los presuntos delitos que se le imputan en el ejercicio de la función pública.
Renuncia voluntaria al fuero
En una declaración pública emitida tras la resolución, el ministro Campos afirmó que cumplió con su palabra de renunciar voluntariamente a su inmunidad si el caso era trasladado al Primer Poder de la República. “Cumplí mi compromiso con el señor Presidente y con los costarricenses. Renuncio a mi inmunidad porque confío en que el sistema judicial de Costa Rica demostrará que toda mi actuación ha sido legal y sin irregularidades”, expresó Campos en un comunicado.
El jerarca aseguró que ya ha remitido una nota formal a la Asamblea Legislativa informando su decisión, e hizo un llamado a los diputados para que permitan la continuidad del proceso judicial: “Soy el más interesado en que esta causa siga su curso. Quiero enfrentar ese juicio y comprobar que los hechos que se me cuestionan no constituyen delito alguno. Se trata de actos propios de la función pública, como giras oficiales autorizadas, no de pagos indebidos ni beneficios personales”, enfatizó.
Trayectoria en el Poder Judicial
Gerald Campos posee una larga trayectoria en el servicio público, particularmente en el ámbito judicial. Ingresó al OIJ como oficinista y progresivamente ocupó otros cargos como escribiente notificador y jefe de diversas unidades, hasta llegar a ser Director General Interino del Organismo de Investigación Judicial entre julio y noviembre de 2015.
Su paso por esa institución, precisamente, es el periodo bajo escrutinio por parte del Ministerio Público, aunque los detalles exactos de la acusación penal no han sido divulgados en su totalidad al ser parte de un proceso aún en fase preliminar.
Un mensaje político y ético
La decisión del ministro de renunciar a su inmunidad se enmarca en un contexto político particularmente sensible, en el que otros altos jerarcas del Gobierno también han sido señalados en investigaciones judiciales. El gesto de Campos podría interpretarse como una señal de respeto hacia el principio de rendición de cuentas y transparencia en la función pública.
Aunque será la Asamblea Legislativa la que determine si se levanta formalmente el fuero, la renuncia voluntaria del ministro pone presión sobre los diputados para que actúen con celeridad y sin dilaciones en un caso que podría tener repercusiones en la credibilidad del Gobierno y del sistema judicial costarricense.
¿Qué sigue ahora?
La Asamblea Legislativa deberá analizar el expediente remitido por la Corte Suprema y someter a votación el levantamiento del fuero de improcedibilidad. Si se aprueba, Campos quedará sujeto a proceso judicial como cualquier ciudadano. Si se rechaza, el proceso quedará detenido hasta el fin de su mandato o su salida del cargo.
Mientras tanto, el ministro ha reiterado su disposición a colaborar con la justicia y enfrentar las acusaciones de manera frontal. “La decisión de la Corte no me tomó por sorpresa. Desde que asumí este Gobierno informé al Presidente sobre los hechos investigados y sobre las pruebas disponibles. Actué siempre con rectitud”, concluyó.
Este artículo forma parte del seguimiento periodístico a los casos de presunta corrupción y transparencia en la función pública costarricense.
