San José, 26 de marzo de 2026. La Dirección General de Adaptación Social respondió a una solicitud de acceso a información pública presentada por el Periódico Informativo JBS, en relación con la situación de personas migrantes privadas de libertad en Costa Rica.
Datos revelados
De acuerdo con la información proporcionada, al corte de febrero de 2026, la población adulta privada de libertad en Costa Rica se distribuye de la siguiente manera:
- Personas costarricenses: 16.687 (86,2%)
- Personas extranjeras: 2.681 (13,8%)
- Personas de nacionalidad nicaragüense: 2.056 (10,6%)
Estos datos reflejan que la población migrante representa una proporción significativa dentro del sistema penitenciario, siendo la comunidad nicaragüense la más numerosa entre las personas extranjeras privadas de libertad.
Datos del sistema permiten ampliar la comprensión
El abordaje de la población migrante privada de libertad también puede enriquecerse con información general del sistema penitenciario, la cual evidencia que sí existen herramientas estadísticas para analizar esta realidad desde una perspectiva más amplia. De acuerdo con datos institucionales de la Dirección General de Adaptación Social, el sistema recopila variables sociodemográficas como edad, nacionalidad, nivel educativo, tipo de delito, condición jurídica y lugar de procedencia, lo que permite construir perfiles generales de la población sin necesidad de exponer información individual.
Además, se establece que el sistema penitenciario costarricense está dividido en distintos niveles de atención que van desde la privación total de libertad hasta modalidades con mayor enfoque en la reinserción social, como los regímenes semiinstitucionales, programas en comunidad y el uso de dispositivos electrónicos.
En cuanto a indicadores concretos, el sistema mide el hacinamiento, entendido como el exceso de población sobre la capacidad de los centros penitenciarios; la reincidencia, que refleja cuántas personas vuelven a cometer delitos tras haber sido condenadas; y las tasas de crecimiento de la población penal, que permiten observar el aumento o disminución de personas privadas de libertad a lo largo del tiempo. Estos indicadores permiten dimensionar problemas estructurales del sistema y orientar la toma de decisiones institucionales.
