El Ministerio de Educación Pública (MEP) reafirmó su enfoque preventivo y pedagógico para la promoción de la convivencia, el respeto a la diversidad y la no discriminación en los centros educativos públicos del país, según una respuesta oficial emitida por la Dirección de Vida Estudiantil mediante el oficio DVM-AC-DVE-0471-2026.
El pronunciamiento fue dirigido al Periódico Informativo JBS, en atención a una consulta sobre las iniciativas de sensibilización en centros educativos y el rol de organizaciones externas en estos procesos.
Convivencia escolar como eje educativo
En el documento, el MEP recordó que el Programa Nacional de Convivencia en los Centros Educativos, conocido como Programa Convivir, establecido mediante el Decreto Ejecutivo N.° 36779-MEP, constituye la base de las acciones institucionales orientadas a fortalecer la cultura de paz, los derechos humanos y la inclusión.
Según la Dirección de Vida Estudiantil, estas acciones no son eventos aislados, sino procesos continuos que involucran a estudiantes, docentes, personal administrativo y familias, mediante estrategias formativas, preventivas y participativas.
En este contexto, se destacó el papel de los Comités de Convivencia Institucional, encargados de analizar la realidad de cada centro educativo, identificar factores de riesgo, protección, y diseñar planes de convivencia adaptados a cada comunidad educativa.
Restricciones sobre materiales y publicidad en centros educativos
Uno de los puntos centrales de la respuesta oficial se refiere a la colocación de materiales visuales o informativos por parte de organizaciones externas dentro de instituciones educativas.
El MEP recordó que, según criterio de la Dirección de Asuntos Jurídicos (oficio DAJ-048-C-2016), existe una prohibición de instalar rótulos o anuncios en edificios públicos, incluidos los centros educativos, conforme a la Ley de Construcciones y normativa sobre publicidad exterior.
La institución enfatizó que esta restricción responde al principio de legalidad que rige la administración pública, y busca evitar cualquier forma de publicidad comercial o posicionamiento institucional externo dentro de los centros educativos.
Sin embargo, el ministerio aclaró que las iniciativas de carácter educativo o formativo pueden ser valoradas caso por caso, siempre que tengan pertinencia pedagógica y no contravengan el marco normativo vigente.
Colaboración externa bajo evaluación institucional
El MEP indicó que no existe actualmente una norma general que autorice la colocación de materiales de organizaciones externas en centros educativos, por lo que cualquier propuesta debe ser evaluada por las autoridades educativas correspondientes.
Estas iniciativas deben ser analizadas por la dirección de cada centro educativo y, dependiendo de su alcance, coordinadas con instancias del MEP como la Dirección de Vida Estudiantil u otras dependencias competentes.
El documento también subraya que toda acción dirigida a población estudiantil debe respetar el principio del interés superior del niño, establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, así como la Ley Fundamental de Educación.
Enfoque en procesos educativos sostenidos
Como parte de las buenas prácticas, el ministerio destacó que las estrategias más efectivas para mejorar la convivencia escolar son aquellas integradas en procesos continuos, como la elaboración de planes de convivencia, el fortalecimiento de los comités institucionales y la promoción de espacios de diálogo estudiantil.
Estas acciones, según el MEP, permiten que los valores de respeto, inclusión y no discriminación se integren de forma real en la vida cotidiana de los centros educativos, más allá de campañas o materiales puntuales.
Articulación con actores sociales
Finalmente, la Dirección de Vida Estudiantil reconoció el valor de la colaboración con organizaciones sociales comprometidas con la inclusión y la convivencia pacífica, pero reiteró que dicha articulación debe realizarse dentro del marco legal vigente y bajo los procedimientos institucionales establecidos.
El MEP concluyó que todas las iniciativas deben priorizar el bienestar y desarrollo integral del estudiantado, garantizando coherencia con las políticas educativas nacionales.
