En tiempos de agitación política, discursos disruptivos y cuestionamientos constantes a las instituciones, un hallazgo del más reciente informe del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) y la Escuela de Ciencias Políticas de la UCR despierta alarma: aunque la mayoría de la ciudadanía costarricense rechaza abiertamente ideas autoritarias, un sector no menor muestra disposición a ceder más poder al Presidente de la República.
La encuesta, realizada en abril de 2025, exploró el respaldo ciudadano a cinco narrativas políticas que han sido impulsadas principalmente por el mandatario Rodrigo Chaves y su partido. Estas narrativas desafían las normas del sistema democrático costarricense, y algunas sugieren una transformación radical del aparato institucional.
Entre la institucionalidad y el deseo de cambio
Tres de las cinco propuestas evaluadas muestran un respaldo mayoritario al respeto de la legalidad y la institucionalidad. Por ejemplo, un 58 % de los encuestados rechaza la idea de que la democracia costarricense sea obsoleta y deba reemplazarse. De forma similar, la mayoría desaprueba que el Presidente pueda destituir a jueces o ignore sentencias judiciales, defendiendo el principio del imperio de la ley.
Sin embargo, en dos narrativas los resultados son mucho más matizados. La cuarta, que plantea que el Presidente debería tener más poder sobre instituciones como el Poder Judicial, el TSE, las universidades públicas y la Contraloría General de la República, sí obtiene apoyo mayoritario: 53 % está de acuerdo, frente a un 42 % en desacuerdo.
Aún más llamativo resulta el respaldo dividido en la quinta narrativa: la idea de que los problemas del país solo pueden resolverse eliminando y refundando instituciones. Aunque un 49 % se opone, un 45 % respalda esta postura radical, lo que refleja una fractura importante en la percepción ciudadana sobre el rol de las instituciones democráticas.
Un posible caldo de cultivo para el autoritarismo
Este panorama revela un terreno fértil para discursos que, bajo la bandera del cambio o de la eficiencia, podrían minar principios fundamentales del Estado de Derecho. Aunque la mayoría de los costarricenses continúa valorando el pluralismo y la legalidad —según lo muestran los altísimos niveles de respaldo a valores como el respeto por las diferencias (92.9 %) y la libertad de expresión (82.2 %)—, el hecho de que una proporción relevante de personas apoye ideas autoritarias debería encender las alarmas.
Esto adquiere mayor relevancia si se considera el análisis que acompaña el estudio, donde se exploran las actitudes pluralistas, elitistas y autoritarias en la población. Mientras que el pluralismo parece estar firmemente enraizado, una parte significativa también simpatiza con visiones elitistas y tecnocráticas, lo que puede ser interpretado como una preferencia por soluciones verticales, centralizadas y excluyentes.
¿Democracia en disputa?
Estos datos deben ser leídos como una señal de advertencia. Costa Rica ha sido históricamente una de las democracias más sólidas de la región, pero los discursos polarizantes, la frustración con el sistema y la erosión de la confianza institucional podrían estar abriendo espacio para cambios de calado, que no necesariamente fortalecen la convivencia democrática.
¿Estamos ante un punto de inflexión? ¿Hasta dónde está dispuesto un sector de la población a sacrificar el equilibrio de poderes en nombre del cambio?
Frente a estas preguntas, el reto para la sociedad civil, los partidos políticos, los medios de comunicación y la academia es mayúsculo. No se trata solo de defender las instituciones existentes, sino de renovar la fe ciudadana en que los caminos democráticos —aunque lentos y complejos— siguen siendo los más legítimos y sostenibles.
