Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) han anunciado una drástica reducción en la financiación destinada a los “costos indirectos” de las subvenciones para investigación médica en universidades. Esta decisión ha generado preocupación entre líderes del sector educativo y científico, quienes advierten sobre el impacto negativo en los avances biomédicos y en la sostenibilidad de los sistemas de investigación en Estados Unidos.
La nueva política limita el reembolso de costos indirectos al 15%, muy por debajo del promedio real, que oscila entre el 27% y el 28%. Estos costos incluyen gastos esenciales como eliminación de desechos peligrosos, servicios públicos y medidas de seguridad en laboratorios. Según cálculos, las instituciones de investigación perderían aproximadamente $4.3 mil millones en reembolsos, obligándolas a ajustar sus presupuestos y reducir actividades científicas críticas.
Para universidades de prestigio, como Harvard o Johns Hopkins, que reciben tasas de reembolso superiores al 60%, el impacto será aún más severo. Por ejemplo, una institución que antes recibía $1.4 millones por cada $5 millones en subvenciones, ahora solo podrá obtener $750,000 bajo las nuevas condiciones.
Mientras los NIH justifican el cambio como una medida para priorizar los costos directos de investigación científica, líderes como Barbara R. Snyder, presidenta de la Asociación de Universidades Americanas, aseguran que esta decisión es un recorte directo a la investigación que salva vidas.
Ted Mitchell, del Consejo Americano de Educación, calificó la medida como “peligrosa y miope”, señalando que afectará la posición de Estados Unidos como líder en innovación médica y tecnológica, además de poner en riesgo empleos y la competitividad global.
Investigadores y defensores de la ciencia han destacado que estos recortes no solo afectan el desarrollo de tecnologías médicas y tratamientos innovadores, sino también los compromisos adquiridos por el gobierno federal con científicos de clase mundial. Líderes universitarios coinciden en que la medida tendrá graves repercusiones para la salud pública, el crecimiento económico y el futuro de la investigación en el país.
