Costa Rica reconoce avances en derechos de las personas con discapacidad, pero persisten brechas en empleo, transporte, infraestructura y educación inclusiva.
La Ley 7600, aprobada el 29 de mayo de 1996, llega a sus 30 años como uno de los principales instrumentos jurídicos para promover la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en Costa Rica. Sin embargo, su aniversario también plantea una pregunta fundamental: ¿cuánto ha avanzado el país en convertir los derechos reconocidos por la legislación en realidades cotidianas?
El balance evidencia avances importantes en el reconocimiento de derechos, la accesibilidad, la educación inclusiva y la institucionalidad; no obstante, persisten obstáculos que limitan la participación plena de esta población en diferentes espacios de la sociedad.
Entre los principales desafíos se encuentran las dificultades de acceso al empleo, las barreras en el transporte público y la infraestructura, las desigualdades en la educación superior , las debilidades en los mecanismos de fiscalización y aplicación de sanciones.
Uno de los cambios más importantes impulsados por la Ley 7600 ha sido la transición de un modelo médico o rehabilitador hacia un enfoque social y de derechos humanos. Esta perspectiva reconoce que la exclusión no depende únicamente de la condición de una persona, sino también de las barreras físicas, institucionales, económicas y culturales que enfrenta.
En materia laboral, la reserva del 5 % de las plazas en el sector público, establecida mediante la Ley 8862, representa un avance normativo. Sin embargo, el cumplimiento de esta disposición debe traducirse en oportunidades reales de contratación, permanencia, desarrollo profesional y participación en igualdad de condiciones.
La accesibilidad también continúa siendo una tarea pendiente. No basta con construir rampas o realizar adaptaciones aisladas: se requiere garantizar que los espacios públicos, los servicios , las rutas de desplazamiento permitan una movilidad efectiva y autónoma.
En educación, el reto no se limita a facilitar el ingreso de estudiantes con discapacidad a los centros educativos. También implica asegurar su permanencia, participación y calidad en los procesos de aprendizaje, particularmente en la educación superior.
La institucionalidad, con el papel que desempeña el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS), constituye otro componente fundamental para articular las políticas públicas. No obstante, su efectividad requiere recursos, coordinación y mecanismos de seguimiento que permitan identificar y corregir los incumplimientos.
El análisis también destaca la importancia de fortalecer la accesibilidad comunicativa, incluida la promoción de la Lengua de Señas Costarricense (LESCO), para garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder a la información y los servicios públicos.
La principal advertencia es que la existencia de una ley no garantiza, por sí sola, el cumplimiento de los derechos. Para cerrar la brecha entre la legislación y la realidad se necesitan presupuestos suficientes, fiscalización, voluntad institucional y una transformación cultural que deje atrás las prácticas excluyentes.
A tres décadas de su aprobación, la Ley 7600 representa un avance histórico para Costa Rica, pero también constituye un llamado a las instituciones públicas y a la sociedad para pasar del reconocimiento jurídico a la igualdad efectiva de oportunidades.
