Esta semana será crucial para el pleito que ha enfrentado a Colombia y Nicaragua durante años. La Corte Internacional de Justicia dará a conocer su fallo este jueves, poniendo fin a uno de los casos más complejos y prolongados que ha tenido que resolver en toda su historia. Esta etapa final del conflicto se inició en diciembre de 2001, cuando el Gobierno de Managua demandó a Colombia ante el tribunal internacional.
Los hechos revelan el deseo de Nicaragua de proyectarse hacia el Caribe, en ocasiones impulsada por los Estados Unidos, y la necesidad de Colombia de reclamar su posición en el Caribe occidental, una región que durante mucho tiempo se había descuidado.
En 1890, Nicaragua militarizó las islas Mangles, que se encontraron muy cerca de su costa y que Colombia optó por parte de su archipiélago.
En ese momento, el Gobierno colombiano, afectado por las guerras civiles, no hizo mucho por oponerse. Sin embargo, cuando Nicaragua alquiló esas mismas islas a Estados Unidos en 1913, Colombia protestó. Como respuesta, los nicaragüenses, instigados por Washington, reclamaron el archipiélago.
Además, existía una disputa sobre la costa Mosquitia, en la costa caribeña de Nicaragua, pero esta vez principalmente con los británicos, quienes la ocupaban desde hace muchos años.
Colombia incluso respaldó a Nicaragua en varios de sus reclamos sobre esa costa ante el gobierno británico. En 1928, se hizo un tratado en el cual Colombia demostró la soberanía nicaragüense sobre la costa, donde Colombia no había tenido presencia, así como sobre las islas Mangles que Nicaragua había ocupado.
A cambio, Nicaragua reconocía la soberanía colombiana sobre el archipiélago de San Andrés, donde Nicaragua nunca había puesto un pie. Sin embargo, más tarde, Nicaragua argumentó que el tratado era nulo porque había sido firmado bajo presión de Estados Unidos.
En agosto de 1969, el presidente colombiano Carlos Lleras Restrepo inventó la tesis de que el meridiano 82° era la frontera marítima. Fue un adelanto para su época, especialmente porque hasta ese momento, a excepción del general Rojas Pinilla, quien decretó la creación del puerto libre de San Andrés y construyó el aeropuerto que sacó a la isla del aislamiento, a nadie le importaba San Andrés.
Incluso el gobierno colombiano había dado instrucciones a principios del siglo XX para vender el archipiélago a Estados Unidos y años más tarde, Enrique Olaya Herrera, como embajador en Washington, afectaría al gobierno estadounidense intercambiar los cayos de Roncador y Quitasueño por un «barquito».
Las razones fundamentales de Nicaragua para demandar a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia fueron la negativa de Colombia a negociar la soberanía del archipiélago de San Andrés y los cayos, y la posición colombiana desde 1969 de que la frontera marítima entre los dos países se había establecida en 1930 mediante el meridiano 82°.
Nicaragua sostenía que no era posible que unas islas que se encontraban seis veces más cerca de su territorio que del colombiano, y frente a su costa, no le pertenecieran. Incluso creían que, en caso de pertenecer a Colombia, su jurisdicción marítima solo podría ser de pequeños enclaves de 12 millas de mar territorial, sin plataforma continental ni zona económica exclusiva.
Desde hace más de un siglo, hemos presenciado cientos de incidentes en el Caribe, muchos de los cuales han llevado a ambos países al borde de un conflicto armado. La Corte Internacional de Justicia se ha pronunciado de acuerdo con las normas y principios del derecho internacional que no conviene. Se espera que el fallo del 13 de julio no abra la puerta a un conflicto perpetuo.
A pesar de la corrupción y los problemas relacionados con el narcotráfico en el archipiélago, resulta paradójico que, si no fuera por el conflicto con Nicaragua, San Andrés, Providencia y sus cayos seguirían siendo regiones olvidadas en la geografía colombiana.
En resumen, esta semana será decisiva para el pleito entre Colombia y Nicaragua. El fallo de la Corte Internacional de Justicia determinará el destino de estas disputas marítimas y pondrá fin a años de tensiones entre ambos países. Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, espera un fallo a su favor, buscando ampliar la jurisdicción marítima de su país en detrimento de Colombia. Sin embargo, las consecuencias de esta decisión podrían tener implicaciones significativas para ambas naciones y la estabilidad en la región del Caribe.
