La represión no puede más que la fe

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La Semana Santa 2023 fue, en Nicaragua, un tiempo de reflexión en crisis, bajo represión, con la fe sitiada, pero con acciones de desobediencia civil religiosa.

Prohibidas las procesiones en sus recorridos tradicionales -limitadas a los alrededores o al interior de los templos-, la división del catolicismo nicaragüense -desde la cúpula hasta la base sacerdotal y feligresa-, entre colaboracionistas y opositores, quedó definitivamente marcada.

Mientras algunas expresiones en la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) justificaron o no mencionaron los límites impuestos a las caminatas, decenas de creyentes las iniciaron, en algunos barrios -a nivel nacional-, y fueron reprimidos y perseguidos por la pretoriana policía de la pareja gobernante.

En la mayoría de los casos, con iglesias y parroquias sitiadas policialmente, los fieles locales se reunieron para marchar, en las inmediaciones o dentro de los templos, con las imágenes de su devoción.

El contexto de opresión fue flagrantemente violatorio de la Constitución nacional que, reformada en 2021, consta de 202 artículos, contenidos, a su vez, en 11 títulos.

En el Título 4º -“Derechos, deberes y garantías del pueblo nicaragüense”, el Capítulo 1

“Derechos individuales”- señala, en el artículo 29, que “toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia, de pensamiento y de profesar o no una religión”.

También determina que “nadie puede ser objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar estos derechos ni a ser obligado a declarar su credo, ideología o creencia”.

No obstante ello, la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) se abstuvo, inicialmente de pronunciarse sobre las medidas restrictivas, aunque fuentes eclesiásticas indicaron, a medios de comunicación, que los permisos respectivos fueron negados, por la autoridad policial, “por razones de seguridad”.

Sin embargo, el presidente de la CEN, Carlos Enrique Herrera -obispo de la norteña Diócesis de Jinotega- confirmó -sin expresar cuestionamiento alguno-, el 4 de abril, las limitaciones impuestas, por la dictadura en materia de procesiones de Semana Santa.

“Podemos utilizar las calles que están cerca del templo”, dijo Herrera, citado por medios de comunicación, además de afirmar, inmediatamente, que eso “es lo único que nos han dicho”.

Además, justificó la medida, al interpretar que “debe ser por motivos de seguridad”.

Herrera se hizo, así, eco de la narrativa dictatorial que acompañó a las visitas que efectivos policiales realizaron, a templos católicos, para advertir, a sacerdotes y a fieles, sobre la prohibición de realizar procesiones en los formatos tradicionales, alegando razones -no explicadas- de seguridad.

Simultáneamente, en redes sociales, se viralizaron las denuncias de templos católicos sitiados por efectivos policiales.

Algunos de los casos referidos -con ilustración de videos y fotos-, son los de Jinotega, y Matagalpa, respectivas capitales de los departamentos homónimos en la zona norcentral del país; Chinandega, capital del noroccidental departamento de igual nombre (fronterizo con Honduras); la comunidad indígena Sutiaba, el noroccidental León; la Concepción (también conocida como La concha), y Nindirí, en el occidental departamento de Masaya; Tipitapa, en la periferia noreste de la occidental Managua (la capital nacional); Diriamba, El Rosario, Jinotepe, San Marcos, en el centroccidental Carazo.

La represión anticlerical se mantuvo, durante la Semana Santa, habiéndose destacado, en tal contexto, la expulsión, la noche del 3 de abril, de territorio nicaragüense, hacia territorio fronterizo hondureño, del sacerdote panameño Donaciano Alarcón.

El religioso estaba a cargo de la parroquia María Auxiliadora, en la localidad de San José de Cusmapa, en el norteño departamento (provincia)  nicaragüense de Madriz, limítrofe con Honduras.

El régimen castigó, así, a Alarcón, por haber organizado una procesión de Semana Santa, y haber mencionado, en la respectiva homilía, al obispo preso político nicaragüense Rolando Álvarez, de acuerdo con versiones periodísticas.

La ilegal acción se efectuó luego de que una pequeña procesión para marcar el Domingo de Ramos se llevó a cabo frente al templo donde Alarcón se desempeñaba, según las mismas fuentes.

Al respecto, Panorama Católico, medio de comunicación de la Arquidiócesis de Panamá, informó, en redes sociales, que “lo dejaron descalzo en la frontera con Honduras”.

Citado por la publicación, Alarcón dijo que “no me interesa hablar de política, pero, si el Evangelio toca el tema de la justicia, yo no me reservo, yo hablo”.

También denunció que “hemos estado en una situación incómoda”, además de precisar que ”sólo dije, al final de la misa, que me sentía asediado”.

Los fieles quienes intentaron llevar a cabo procesiones, desobedeciendo las órdenes limitantes, fueron reprimidos por efectivos de la policía -reiteradamente sancionada por Estados Unidos-.

Un ejemplo de ello es lo ocurrido, el 3 de marzo, en la localidad de Nindirí, en Masaya.

Vistiendo túnicas y cargando cruces de madera de mediano tamaño, decenas de personas iniciaron la tradicional procesión de Lunes Santo conocida como de “Los Cirineos”, actividad que fue violentamente interrumpida por efectivos policiales, todo lo cual quedó registrado en videos y fotografías también viralizados en redes sociales.

Simultáneamente al opresivo ambiente anticatólico, dos sacerdotes nicaragüenses sufrieron accidentes carreteros, en Nicaragua, habiendo, uno de los religiosos, perdido la vida, informó, el 5 de abril, el opositor e histórico diario nicaragüense La Prensa.

Al respecto, el periódico -que actualmente, y a causa de la brutal represión dictatorial, tiene presencia únicamente en Internet- expresó escepticismo -en calidad de implícita denuncia- respecto a la versión oficial sobre ambos incidentes, planteando la posibilidad de que, en realidad, no se trate de hechos fortuitos.

“Dos extraños accidentes sacuden en plena semana santa a sacerdotes en el norte de Nicaragua, uno de los cuales perdió la vida cuando el vehículo se volcara (…) y un segundo sobrevivió a otro vuelco”, precisó La Prensa.

El religioso fallecido era José Bayardo Zeledón, vicario de la parroquia Nuestra Señora de Fátima, en la localidad de Rancho Grande -perteneciente a la Diócesis de Matagalpa, fuertemente atacada por la dictadura-.

Zeledón murió cuando el vehículo en el cual se transportaba, “salió de la vía y se volcó”, en un punto de la carretera que une a las localidades de Rancho Grande y Waslala, en Matagalpa.

Horas después, Juan Amílcar Lazo, párroco de la iglesia San Lucas Evangelista, en la localidad de San Lucas, en Madriz -el departamento del cual fue expulsado el sacerdote panameño-, salió ileso de similar situación.

Sobre este hecho, 100% Noticias -perseguido medio de comunicación que opera en el exilio, en Costa Rica-, reveló, el 4 de abril, que, a causa del incidente, Lazo “descubrió que su camioneta circulaba sin frenos”.

También indicó que, “aunque él nunca ha brindado ningún tipo de declaraciones a los medios de comunicación, su parroquia ha sido asediada y en septiembre de 2022 sus feligreses reportaron que lo había llamado la policía para que no tocara el caso de monseñor Rolando Álvarez en sus homilías”.

“El padre Juan Amílcar y sacerdotes de San José de Cusmapa, Las Sabanas, Totogalpa y Palacagüina, zonas del departamento de Madriz, y de los municipios de San Fernando, Mozonte, Ciudad Antigua, Jícaro, Murra, Quilalí, Wiwilí y Jalapa, del departamento de Nueva Segovia, fueron citados a la policía y también los visitaron los secretarios políticos de sus zonas”, agregó 100% Noticias.

“Al padre Amílcar Lazo lo citaron recientemente a la delegación policial de aquí de San Lucas y hasta lo ha visitado el mismo Secretario Político del FSLN departamental, César Olivas Vásquez, y otros dirigentes sandinistas”, reveló, al citar una declaración que formuló, “en su momento a Voces en Libertad una devota que pidió anonimato por temor a represalias”.

Sin embargo, en su habitual -y criticado- negacionismo de la realidad, el vicepresidente de la CEN y arzobispo de Managua, el cardenal Leopoldo José Brenes, presentó un idílico cuadro de situación, en el cual los católicos nicaragüenses experimentaron felicidad.

“Siento que esta Semana Santa, la hemos vivido como algo muy, pero muy especial”, expresó, al oficiar la Misa Crismal -el Jueves Santo- en la Catedral Metropolitana capitalina -uno de los templos en cuyo interior se llevaron a cabo las procesiones-.

“No dudo que cada uno de nosotros, comenzando por mi persona, hemos vivido intensas horas de oración, hemos tenido la oportunidad de ser misericordiosos, como el Padre, a través de la reconciliación”, agregó, de inmediato.

Según su particular y flagrantemente colaboracionista visión de la brutal realidad nicaragüense, “miles de nuestros fieles están viviendo esta Semana Santa con gozo y alegría”.

“Son los insumos que nos ha dado el Señor: la oración, el ayuno, y el perdón”, planteó.

Fuera la burbuja de confort en la cual el cardenal mantiene a la CEN, la realidad de represión y de violación del artículo 29 constitucional fue la tónica de la verdadera Semana Santa 2023, en Nicaragua.

Frente a ello, el catolicismo opositor maximizó el limitado espacio de expresión, y lo hizo desafiante, en resistencia, con firmeza frente a la bicéfala autocracia Ortega-Murillo.

La gente venció, como pudo, la represión: inició procesiones prohibidas -y fue apaleada por ello-, ignoró el asedio policial a los templos -y cumplió, no obstante las restricciones, los ritos tradicionales-.

La dictadura ortegamurillista haría bien en tomar nota del mensaje que la gente le envió: la brutalidad represora de su criminal y corrupta dictadura impone terror -pero no quiebra la fe, de la naturaleza que sea-.

La comunidad nicaragüense tiene fuerza espiritual, y es valiente, características que le han permitido sobrevivir a su tenazmente violenta historia nacional.

Sumada a la brutalmente reprimida insurrección popular pacífica de 2018, la resistencia de la Semana Santa 2023 puede ser la multiplicada semilla que fructificará en la liberación definitiva, en la ansiada fundación de la república justa, en el hasta ahora reprimido empoderamiento de la gente respecto a su destino en tanto grupo humano.

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