El Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica respondió a una consulta realizada por este medio sobre los desalojos forzosos y los conflictos territoriales que afectan a las comunidades indígenas, no solo en Costa Rica, sino también en la región centroamericana. Este intercambio ofrece una oportunidad para reflexionar sobre la postura oficial y su efectividad en abordar las profundas tensiones entre los derechos de los pueblos originarios y el Estado.
La Mesa Técnica Interinstitucional: ¿solución o postergación?
Desde la creación de la Mesa Técnica Interinstitucional en 2022, el gobierno ha abogado por la paz y la convivencia en los territorios indígenas, instando a evitar recuperaciones territoriales por vías de hecho. Según el Ministerio, estas acciones han disminuido, priorizando procesos legales para determinar la posesión de tierras.
Sin embargo, ¿es suficiente? La insistencia en la «paz y la sana convivencia» sin atender las causas estructurales del despojo territorial plantea interrogantes sobre la efectividad del enfoque. Mientras las comunidades indígenas continúan denunciando la inacción del Estado frente a ocupaciones ilegales, el mensaje oficial parece priorizar la estabilidad sobre la justicia histórica.
Justicia restaurativa y acciones preventivas
El Ministerio destaca su labor preventiva a través de visitas y diálogos en territorios indígenas, proponiendo justicia restaurativa como mecanismo en casos penales. Sin embargo, este enfoque, limitado al ámbito de delitos o contravenciones, no aborda las violaciones sistemáticas de derechos colectivos que enfrentan los pueblos originarios.
El vacío en la aplicación de justicia restaurativa como herramienta para reparar las fracturas históricas entre el Estado y las comunidades indígenas subraya una visión restringida del concepto de justicia.
Derecho de petición y protocolos
El Ministerio reconoce no haber recibido solicitudes colectivas respaldadas por organizaciones internacionales, aunque asegura que cumpliría con la normativa vigente en caso de recibirlas.
Asimismo, aclara que no existe una unidad especializada dentro de la institución para atender denuncias de violaciones a derechos territoriales, derivando estos casos al Poder Judicial.
Esta respuesta expone una preocupante falta de articulación institucional para garantizar derechos fundamentales. La ausencia de un protocolo especializado debilita la capacidad estatal de responder adecuadamente a las demandas de los pueblos indígenas.
Participación en diálogo regional
El Ministerio manifestó su disposición a participar en mecanismos de diálogo regional, siempre que estos sean avalados por la Presidencia y Cancillería. Aunque esta apertura podría ser un paso positivo, plantea dudas sobre la capacidad del país para liderar iniciativas significativas en un contexto regional de derechos humanos.
Reflexiones finales
La respuesta del Ministerio de Justicia y Paz refleja una postura institucional que enfatiza procesos legales y medidas preventivas, pero que carece de una visión transformadora para abordar los conflictos territoriales desde una perspectiva de derechos humanos.
Los pueblos indígenas necesitan algo más que llamados a la paz y la convivencia; requieren acciones concretas que restituyan sus derechos históricos, así como un compromiso estatal que trascienda las declaraciones formales.
El desafío sigue siendo construir un Estado que no solo administre conflictos, sino que actúe como garante de justicia social y reparación histórica.
