La dictadura de Donald Trump está, incuestionablemente, instalada, de modo que imperan, hace casi tres meses, en Estados Unidos, la incuestionable -e incuestionada- arbitrariedad y la flagrante -e indetenible- corrupción del tirano.
Con el apoyo de sus incondicionales -e igualmente medidores- cómplices, Trump está demoliendo el Estado existente hace más de doscientos años, para, sobre esas ruinas y cualquier estructura remanente, construir su imperio de ilegalidad.
El dictador no da razones de sus actos -considera que no debe darlas a nadie-, ni admite cuestionamiento alguno -cree que nadie tiene derecho a hacerlo-, y, si alguien osa no alinearse en el verticalismo imperante, el escarmiento no tarda.
Para esto, es necesario instaurar el terror, con el poder de un sistema judicial servil, y con la fuerza de las armas.
La primera víctima de esto, ha sido la comunidad inmigrante -cualquiera sea su situación legal-, y empieza a serlo la población nacional.
Con la excusa de una “invasión” de delincuentes de otros países -principalmente, latinoamericanos, principalmente, El Salvador y Venezuela-, el régimen trumpista ha satanizado a los migrantes, en general, y a quienes están en situación migratoria irregular, en particular.
La decisión es cazarlos policialmente, encerrarlo brevemente, y enviarlos a otros países -lo que está ocurriendo, por lo menos, desde marzo.
En tal contexto, centenares de inmigrantes irregulares -presuntos criminales, violadores, fugados de hospitales psiquiátricos- son enviados a El Salvador, específicamente al campo de concentración manipuladoramente denominado Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
Según el régimen trumpista, un porcentaje considerable cosiste en ciudadanos venezolanos presuntamente integrantes de la organización delictiva transnacional Tren de Aragua, además de supuestos mareros salvadoreños.
Entre los segundos, figura Kilmar Ábrego García, un nacional salvadoreño, exiliado en Estados Unidos, huyendo de persecución/amenazas de la violenta mara (pandilla) Mara 18 (M-18) -o Barrio 18 (B-18)-, pero acusado, por la dictadura de Trump, de pertenecer a una mara.
Al igual que el régimen trumpista en el caso de Ábrego, las dictaduras, en general, inventan cargos que tipifican a quienes persiguen, para dar imposible formalidad a las detenciones ilegales.
Como no todas las juezas ni todos los jueces son obedientes, el castigo -además de la calumnia, el denuesto contra quienes se mantienen independientes- es la represión física.
Esto requiere el advenimiento del Estado policial -lo que, en Estados Unidos, está en indetenible marcha-.
La represión física contra el Poder Judicial registró, el 25 de abril, su primera víctima, cuando la jueza Hannah Dugan fue detenida, en la ciudad de Milwaukee, en el norteño estado de Wisconsin, por efectivos del Buró Federal de Investigación.
Dugan fue acusada, por el Departamento de Justicia (Department of Justice, DOJ), de haber ayudado a la fuga del inmigrante mexicano Eduardo Flores Ruiz, quien fue capturado por agentes de Control de Inmigración y Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE).
De acuerdo con versiones periodísticas estadounidenses, el incidente marcó la tercera incursión de efectivos de ICE, en lo que va de este año, en instalaciones judiciales, para llevar a cabo detenciones.
Durante una breve audiencia en un juzgado federal, el abogado Craig Mastantuono, defensor de Dugan, aseguró que la jueza “totalmente objeta la detención, y considera que no se llevó a cabo en el interés de la seguridad pública”.
Dugan fue puesta en libertad, luego de la audiencia, y fue citada para comparecer el 15 de mayo.
Entretanto, el nuevo director del FBI, Kash Patel -designado por Trump-, anunció, en la red social X, la acción dictatorial.
“Justo AHORA, el FBI detuvo a la jueza Hannah Dugan, en Milwaukee, Wisconsin, acusada de obstrucción -según evidencia de que la jueza Dugan obstruyó una operación de detención inmigratoria, la semana pasada”, escribió Patel.
“Creemos que la jueza Dugan intencionalmente orientó mal a agentes federales para alejarlos del sujeto a ser detenido en su juzgado, Eduardo Flores Ruiz, permitiendo que el sujeto -un foráneo ilegal- evadiera la detención”, agregó.
“Afortunadamente, nuestros agentes persiguieron al delincuente, a pie, y ha estado desde entonces bajo custodia, pero la obstrucción de la jueza creó peligro incrementado para el público”, aseveró.
“Tendremos más para compartir, pronto”, indicó, además de felicitar a sus huestes: “excelente trabajo, FBI Milwaukee”.
Por su parte, la fiscala General, Pam Bondi -una de las estrellas del régimen, quien apoya, con particular intensidad, la represión antinmigrante-, dio su versión de los hechos que supuestamente condujeron a la detención de Dugan, y que involucraron a agentes de Control de Inmigración y Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE).
En declaraciones que formuló a la trumpiana cadena de televisión estadounidense Fox, la funcionaria aseguró que “la jueza se entera de que Ice estaba afuera fara agarrar al tipo, porque había sido deportado en 2013, volvió a nuestro país, está acusado de haber cometido esos delitos”.
Según el mismo relato, “ella sale al corredor, grita a los agentes de inmigración -está furiosa, visiblemente conmocionada, alterada-, los manda a que hablen con el juez principal”.
A continuación, “ella regresa al salón de juicios, lleva, al acusado y al abogado defensor, a su oficina, los conduce a una salida privada, y les dice que se vayan”, agregó.
En la represora/anticonstitucional visión de la fiscala, “algunos de estos jueces creen que están más allá y por encima de la leyó, y no lo están”.
Respecto, puntualmente, a la detención de Dugan, reveló un razonamiento flagrantemente dictatorial.
“Hoy, estamos mandando un mensaje muy fuerte: si usted está dando refugio a un fugitivo, no nos importa quien usted sea, si usted está ayudando a ocultar a uno, si usted está dando armas a un miembro del TdA, a cualquiera quien esté ilegalmente en este país, vendremos por usted, y lo juzgaremos”, aseveró, en su peligrosamente demencial argumentación, ahora, hablando en términos de vigilancia/represión general.
Y, sintetizando la amenaza totalitaria, advirtió: “lo encontraremos”.
Las reacciones a la detención de la jueza, fueron inmediatas, en filas parlamentarias del ahora opositor Partido Demócrata, de acuerdo con lo informado por medios de comunicación.
Gwen Moore, representante por Wisconsin, aseguró que “la irrupción de agentes federales en una comunidad, deteniendo a una jueza, es un serio asunto”.
“Voy a seguir, de cerca, este caso (…) estoy muy alarmada por las acciones crecientemente ilegales de la administración Trump, y, en particular, de ICE, que han desafiado órdenes judiciales y actuado irrespetando la Constitución”, señaló.
Mark Pocan, también representante por Wisconsin, denunció que “la administración Trump está rompiendo las normas en cómo está tratando a la inmigración, el sistema legal, la normalidad”.
En opinión del representante Jamie Raskin, “es sorprendente que la administración se atreva a detener jueces de cortes de los estados”.
“Es un nuevo descenso en el caos gubernamental”, planteó, a continuación.
Por su parte, la Senadora Tammy Baldwin, reflexionó en el sentido de que, si bien se enmarca en el flagrante irrespeto de Trump hacia el Estado de Derecho, la detención de Dugan constituye “una movida muy seria y drástica”.
“Que nadie se equivoque: no tenemos reyes, en este país, y somos una democracia gobernada por leyes que todos tienen que acatar”, agregó, a manera de advertencia.
En tal contexto, reafirmo mi evaluación del 3 de agosto de 2020, en el sentido de que Trump convirtió, en su primer mandato (2017-2021), a Estados Unidos, en una “república bananera”.
Cinco años después, se convirtió en su dictador.
