Costa Rica enfrenta una realidad compleja en materia laboral vinculada a la población migrante. Datos oficiales de la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo, adscrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, evidencian un aumento significativo en las inspecciones laborales y en la atención de personas trabajadoras migrantes durante los últimos años, al tiempo que exponen persistentes problemáticas de informalidad, discriminación y posibles casos de explotación.
Más de 61 mil trabajadores migrantes atendidos
Entre 2018 y 2025, las autoridades laborales reportan la atención de 61.669 personas trabajadoras migrantes, en el marco de inspecciones realizadas en distintos sectores económicos. Este crecimiento ha sido progresivo, especialmente a partir del año 2022, lo que refleja un fortalecimiento institucional en la fiscalización.
El sector agropecuario concentra la mayor cantidad de personas atendidas, con 36.496 casos en ese período, seguido por servicios (7.048), comercio (5.857) y construcción (5.311). Esta distribución evidencia que las actividades agrícolas continúan siendo el principal espacio de inserción laboral para la población migrante en el país.
Para el año 2025, la concentración porcentual confirma esta tendencia:
- Agropecuario: 55,5%
- Industria: 22,7%
- Comercio: 10,3%
- Servicios: 9,7%
- Construcción: 1,5%
- Transporte: 0,3%
Denuncias y fortalecimiento institucional
En respuesta a consultas realizadas por el Periódico Informativo JBS, la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo indicó que cuenta con mecanismos activos para la recepción y seguimiento de denuncias por explotación laboral.
Un avance relevante se dio en 2024, con la implementación de un catálogo específico de infracciones laborales asociadas a población migrante, lo que ha permitido mejorar la identificación de conductas irregulares y fortalecer los procesos de fiscalización.
Además, cuando se detectan posibles delitos graves, como la trata de personas con fines de explotación laboral, los casos son remitidos al Ministerio Público de Costa Rica para su investigación.
Informalidad: una problemática persistente
Aunque no existe un indicador estadístico exclusivo sobre informalidad laboral en población migrante, las inspecciones han permitido identificar patrones preocupantes que se repiten en distintos sectores.
Entre las principales irregularidades detectadas destacan:
- Contratación de personas sin documentación o en condición migratoria irregular.
- Amenazas o represalias relacionadas con su estatus migratorio.
- Discriminación laboral por nacionalidad, etnia o religión.
- Limitaciones en el acceso a la justicia laboral.
- Tratos humillantes o condiciones contrarias a la dignidad humana.
Estas prácticas reflejan una realidad estructural que va más allá de casos aislados, evidenciando vulnerabilidades que afectan de manera desproporcionada a la población migrante.
Derechos humanos y retos pendientes
Las autoridades reiteran que las acciones inspectivas buscan no solo sancionar, sino también regularizar condiciones laborales y garantizar la restitución de derechos. Sin embargo, los datos revelan que aún existen importantes desafíos en materia de cumplimiento normativo y protección efectiva.
El incremento en las inspecciones representa un avance institucional, pero también pone en evidencia la magnitud del problema. La informalidad, la discriminación y la explotación laboral continúan siendo riesgos reales para miles de personas migrantes que sostienen sectores clave de la economía costarricense.
En este contexto, el fortalecimiento de la fiscalización, la articulación interinstitucional y el acceso efectivo a la justicia laboral se perfilan como elementos fundamentales para avanzar hacia un modelo laboral más justo, inclusivo y respetuoso de la dignidad humana.
