Donald Trump bajó a niveles de vileza extremos -aún para el personaje amoral que es-, y se excedió -como el abusivo megalómano que es- en la creencia de que, por su coyuntural condición de dictador puede, impunemente, decir y hacer lo que quiera.
Está herido, en su ridículamente monumental ego, porque otra dictadura -en este caso, la de Irán, un “país de mierda” (“shithole coutry”) según su racista visión del mundo- se ha atrevido a desobedecerlo -y, por si eso fuese poco, a enfrentarlo-.
Por lo tanto, amenazó no solamente con masacrar a la población del país -algo más de 93 millones- sino con eliminar su multimilenaria cultura -una de las más antiguas de la humanidad-.
Previamente, la Operación “Martillo de Medianoche”(Operation “Midnight Hammer”) -lanzada el 22 de junio de 2025, contra instalaciones nucleares iraníes, en apoyo a una ofensiva bélica israelí-, resultó bastante exitosa -según Trump y sus manipuladoras exageraciones, fue 100 por ciento eficaz-.
El trumpismo logró, así, una temprana victoria relativa, en su propósito de reposicionar al imperio estadounidense como el temido/corrupto gendarme global que, históricamente, ha sido -ahora, con el agregado de que es el principal terrorista del planeta-.
A ello siguió, en las semanas del cierre de 2025, el hostigamiento militar aeronaval contra el patético dictador venezolano (2013-2026) Nicolás Maduro, lo que consistió, principalmente, en el posicionamiento de decenas de naves de la marina -incluido un submarino nuclear- frente a la costa de Venezuela, además aviones de guerra en bases militares en el área y en portaviones.
Las acciones de combate lanzadas desde esa flota, consistieron en algunos sobrevuelos intimidatorios -cubriendo, supuestamente, mar internacional-, además del criminal hundimiento de decenas de lanchas que, según la narrativa trumpista -nunca comprobada-, llevaban droga, desde Venezuela, hacia Estados Unidos.
En esas acciones bélicas, fue perpetrado el sucesivo asesinato de decenas de tripulantes, a quienes el trumpismo etiquetó -igualmente, sin demostrarlo- como “narcotraficantes”.
Ese fue el prólogo a la Operación “Absoluta Determinación” (Operation “Absolute Resolve”), llevada a cabo la madrugada del 3 de enero de 2026, en flagrante violación de la soberanía venezolana, para -en un flagrante acto de terrorismo transfronterizo- derrocar y secuestrar al tirano sudamericano, con el propósito de someterlo a juicio -como narcotraficante-, en Estados Unidos -donde está preso, desde ese día-.
La rápida invasión militar, tuvo el objetivo declarado de lograr un “cambio de régimen” (“regime change”) -lo que, hasta el momento de redacción de esta nota, meses después, no ha ocurrido-, y tuvo el propósito verdadero de controlar los recursos naturales -principalmente, los yacimientos petrolíferos- del país -entre los mayores a nivel mundial-.
Envalentonado por el exitoso golpe de Estado en el caribeño país sudamericano, y por el bombardeo de mediados del año pasado contra las instalaciones nucleares iraníes, la dictadura Maga decidió nuevamente apoyar, en Oriente Medio, a su contraparte sionista israelí.
Lo hizo, mediante la Operación “Furia Épica” (Operation “Epic Fury”), lanzada, contra Irán, el 28 febrero -casi dos meses después de la agresión en el imperial patio trasero latinoamericano-.
Por su parte, en el esfuerzo por posicionar a Israel como potencia imperial en Oriente Medio, el guerrerista/corrupto primer ministro Benjamin “Bibi” Netanyahu inició, el 13 de febrero, la Operación “León Rugiente” (“Roaring Lion”), contra Irán -uno de los enemigos del gobernante sionismo israelí-.
Al igual que en el caso de Venezuela, el propósito declarado para Irán fue el “cambio de régimen”.
También se trató, según Trump, de destruir la capacidad atómica -supuestamente “obliterada” el año pasado- de la brutal teocracia, porque “no podemos permitir que Irán tenga armas nucleares”.
Pero la “Furia Épica” y el “León Rugiente” están enfrentados a un régimen infinitamente más difícil de erradicar que el madurista.
Sin embargo, tal como -al menos, de momento- ocurrió en Venezuela, el cambio de régimen quedó pendiente en Irán -aunque, como no podía ser de otra manera, Trump sostiene lo contrario-.
El dictador venezolano fue secuestrado y está preso -en pésimas condiciones, como para quebrarlo anímicamente-, aguardando juicio, en Estados Unidos, y el líder supremo de Irán (1989-2026), el ayatola (alto clérigo) Alí Khamenei, fue asesinado -lo mismo que otros altos dirigentes- en la primera jornada de furioso rugir.
En Venezuela, Maduro fue reemplazado por su vicepresidenta, Delcy Rodríguez -la antimperialista ahora, vergonzosamente, al servicio del imperio-.
En Irán, Khamenei fue sustituido por su hijo, y también ayatola, Mojtaba Khamenei -quien, a su vez, y según versiones periodísticas, fue severamente herido, durante un bombardeo, inmediatamente después de haberse convertido en el tercer máximo líder iraní desde que se instaló la teocracia-.
Algunas de esas fuentes han, además, indicado que el dictador heredero iraní es más radical que su padre, aunque Trump -en su habitualmente desenfocada y negacionista visión de la realidad- sostiene que las actuales autoridades son más razonables que las inmediatamente anteriores, además de aseverar que la teocracia -que sigue en el poder- fue derrotada.
La realidad es que, a diferencia de la fácil operación venezolana, la iraní está enfrentando tenaz resistencia por parte del régimen agredido -al parecer, el león no es tan furioso como sus creadores lo proyectan-.
La tenacidad de la casi centenaria teocracia -instalada en 1979-, no solamente está manifestándose en el ámbito militar -mediante contrataques a Israel, y a instalaciones militares estadounidenses en varios países de la región- sino que tiene incidencia en la economía mundial -esencialmente, por el marcado ascenso, con coyunturales altibajos, de precio del petróleo-.
Lo segundo, a causa del control militar de Irán sobre el Estrecho de Hormuz -paso marino ubicado frente a la costa sur iraní, conectando a los golfos Pérsico y de Omán-.
Por allí transita, habitualmente, alrededor de 20 por ciento del petróleo transportado a nivel global.
De modo que, para intimidar al planeta, Irán no necesita, en realidad, un arma nuclear, ya que tiene un arma natural que le permite controlar la economía mundial -poder que, evidentemente, atemoriza al gendarme imperialista-.
Entretanto, en el esfuerzo del sionismo por materializar el plan expansionista israelí, la guerra contra Irán se ha convertido en un conflicto regional.
Ello, particularmente contra Líbano, país que limita, al sur, con Israel, y en cuyo territorio opera la organización políticomilitar islámica Hezbollah (en transliteración del árabe: Partido de Dios).
La agrupación tiene presencia fundamentalmente en el sur de Líbano -país de cuyo parlamento es integrante-, y también en Siria, naciones árabes que comparten frontera terrestre de unos 403 kilómetros, y que, además, son linderos con Israel -a lo largo de, respectivamente, 81 y 83 kilómetros-.
Consistente en el Consejo Jihad -que dirige las operaciones militares y de seguridad del grupo- y en el partido Bloque Lealtad a la Resistencia -su componente político, representado, en el parlamento libanés, por 15 del total de 128 legisladores-, Hezbollah adoptó el modelo organizativo creado por el radical ex dictador religioso iraní (1979-1989) ayatola Ruhollah Khomeini -el primero de los, hasta ahora, tres sucesivos líderes supremos de la teocracia-.
La fijación con Líbano deriva del hecho de que ese país es involuntaria parte del plan imperialista que el sionismo intenta materializar, hace casi ocho décadas -desde la unilateral declaración de independencia por pate de Israel, en 1948-.
Se trata de la anexión de territorios nacionales -o sea, la flagrante violación de soberanías- de países, tanto limítrofes como cercanos, para establecer un megaestado regional: la Gran Israel (the Greater Israel).
Ello implica la toma de algunas áreas, respectivamente, de Arabia Saudita, Egipto, Irak, Siria, y la totalidad de Jordania, Líbano, y Palestina -naciones, todas, integrantes de la Liga de Estados Árabes, más conocida como Liga Árabe, cuyos miembros son, actualmente, 22-.
De los siete países, Irak no limita con Israel, mientras que Arabia Saudita comparte, con el país judío -lo mismo que con Egipto y Jordania-, el extremo norte del Golfo de Aqaba
-a su vez, angosta extensión nororiental del Mar Rojo-.
En lo que tiene que ver con la “furiosa y rugiente” operación del guerrerista binomio imperialista Israel/Estados Unidos contra Irán, la católica Semana Santa fue usada, por Trump, para lanzar, a la teocracia, un mensaje procaz, sacrílego, explícitamente ofensivo desde el punto de vista del Islam -religión que data del siglo siete, y reúne a aproximadamente dos mil millones de fieles, o un 25 por ciento de la población mundial-.
Haciendo referencia al plazo que inicialmente fijó -el martes 7 de abril-, para que el régimen iraní desbloqueara el Estrecho de Hormuz, Trump reafirmó, dos días antes, en un breve y violento mensaje en su red social -Truth Social (Verdad Social)-, la amenaza de que si ello no ocurría en el tiempo previsto, lanzaría una devastadora ofensiva militar contra la infraestructura eléctrica, además de componentes de la red vial de Irán -objetivos, evidentemente, civiles-.
“El martes será el Día de la Planta Eléctrica, y el Día de los Puentes, todo, envuelto en uno, en Irán. No habrá nada igual!!!”, escribió.
“Abran el Hijueputa Estrecho, bastardos locos, o estarán viviendo en el Infierno – SÓLO MIREN!” (“Open de Fuckin’ Strait, you crazy bastards, or you’ll be living in Hell – JUST WATCH!”, agregó el patán, para -en soez tono de burla- afirmar, en alusión al Dios del Islam: “Alabado sea Alá” (“Praise be to Allah”).
Esta es una de las esenciales expresiones con las cuales la comunidad musulmana, a nivel universal, declara, respetuosamente, su fe.
Pero, en su monumental ignorancia, Trump no tiene idea siquiera aproximada en cuanto al Islam, además de que, en su insoportable arrogancia, irrespeta todo -empezando por su país de origen, además de la Constitución que, dos veces, juró, solemnemente, defender-.
No conforme con esos exabruptos, el matón persistió, el 7 de abril, horas antes de que venciera el plazo -que, poco después, retiró-, en su conducta amenazante -ahora, con menos vulgaridad, aunque exhibiendo, sin eufemismos, su mentalidad de sicópata notoriamente racista/xenofóbico-.
“Una civilización entera morirá esta noche, para no regresar nunca. No quiero que eso pase, pero probablemente ocurrirá”, escribió en la cloaca ideológica que es su red social.
“Sin embargo, ahora que tenemos un Completo y Total Cambio de Régimen, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes, y menos radicalizadas, posiblemente pase algo revolucionariamente maravilloso, QUIÉN SABE?”, agregó, en un enredo conceptual/doctrinario.
“Lo descubriremos esta noche, uno de los más importantes momentos en la larga y compleja historia del Mundo”, siguió intimidando.
“47 años de extorsión, corrupción, y muerte, finalmente terminarán”, planteó, de inmediato, el matón, a manera de vaticinio, cerrando el texto, con máxima hipocresía: “Dios Bendiga al Gran Pueblo de Irán!”.
Pero, poco antes de que se cumpliera, el plazo fue levantado, por el procaz dictador de Estados Unidos, en un nuevo incidente de lo que -en alusión a las cambiantes/contradictorias decisiones que lo caracterizan- medios de comunicación del país norteamericano describen como TACO -la sigla de Trump Always Chickens Out (Trump Siempre se Acobarda)-.
Sin embargo, la nueva marcha atrás no lo exonera de haber estado, manifiestamente, dispuesto a perpetrar una acción que habría implicado crímenes tanto de guerra como de lesa humanidad.
El Estatuto de Roma, que, vigente desde el 1 de julio de 2002, rige el accionar de la Corte Penal Internacional (CPI) -tribunal del que 125 estados son parte, no así Estados Unidos ni Israel-, determina, en el octavo de sus 128 artículos, que los crímenes de guerra son casi una treintena de brutales actos violatorios de las garantías básicas -y de convenciones internacionales-.
La extensa lista incluye “el homicidio intencional”, “la tortura o los tratos inhumanos”, “el hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física o la salud”.
Asimismo, “dirigir intencionalmente ataques contra la población civil en cuanto tal o contra personas civiles que no participen directamente en las hostilidades”, “dirigir intencionalmente ataques contra bienes civiles, es decir, bienes que no son objetivos militares”.
Por otra parte, según el sexto artículo del estatuto, los crímenes de lesa humanidad consisten en casi una docena de bestiales actos, entre ellos “asesinato”, “exterminio”,
“otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”.
Sin lugar a duda, Trump estuvo dispuesto a perpetrar, la noche del 7 de abril, todos esos deleznables hechos -con el inocultable agregado de que se jactó, públicamente, de ello-.
Entre otras aberraciones conductuales, y por si a alguien le quedaba alguna duda, el tirano estadounidense se reveló como un criminal quien irrespeta la vida humana, además de que considera que oponérsele se castiga con asesinato -lo que incluye a ciudadanos estadounidenses, tal como lo ha demostrado-, a todo lo cual se suma el hecho de que -sin perjuicio de que es una plaga- se declara sanador/salvador -como Jesús-.
Es evidente que Trump no está en capacidad de ejercer la presidencia, y, aunque la mayoría conservadora de la Corte Suprema de Estados Unidos (Supreme Court of the United States, Scotus) le entregó -antes de su segundo nefasto período presidencial- un cheque en blanco para, impunemente, cometer arbitrariedades, la Constitución le fija algunos frenos -no muy severos-.
Redactada en 1787, ratificada en 1788, y vigente desde 1789, la Constitución -consistente en siete artículos, con sus respectivas secciones-, ha recibido, desde 1791 hasta 1992, un total de 27 enmiendas -igualmente, con sus respectivas secciones-.
La Enmienda 25 -que data de 1967, siendo una de las más recientes- prevé, en sus cuatro secciones, las alternativas y el mecanismo para reemplazar al titular de la presidencia de Estados Unidos.
En la primera, se determina que, “en el caso de la remoción del Presidente, del cargo, o de su muerte o renuncia, el vicepresidente se convertirá en presidente”.
En la segunda, se precisa que, “cuando haya una vacante en el cargo de vicepresidente, el presidente nominará un vicepresidente quien asumirá el cargo al ser confirmado por una mayoría de votos de ambas Cámaras del Congreso” -en alusión al Senado y a la Cámara de Representantes, respectivamente, las cámaras alta y baja del Poder Legislativo de Estados Unidos-.
De acuerdo con la tercera sección, “cuando un presidente transmite, al presidente pro témpore del Senado y al presidente de la Cámara de Representantes, su declaración escrita de que no está en capacidad de ejecutar los poderes y las obligaciones de su cargo, y hasta que les transmita una declaración escrita en contrario, tales poderes y obligaciones serán ejecutados por el vicepresidente, como presidente interino”.
Según la cuarta, “cuando el vicepresidente y una mayoría de los principales funcionarios de los departamentos (ministerios) o de otro organismo, tal como el Congreso, pueden, por ley, proporcionar, trasmitir, al presidente pro tempore del Senado y al presidente de la Cámara de Representantes, su declaración escrita de que el presidente no está en capacidad de ejecutar los poderes y las obligaciones de su cargo, el vicepresidente, inmediatamente, asumirá los poderes y las obligaciones del cargo de presidente interino”.
En esta sección, se determina, asimismo, que, “a continuación, cuando el presidente transmita, al presidente pro tempore del Senado y al presidente de la Cámara de Representantes, su declaración de que no existe ninguna incapacidad, reasumirá los poderes y las obligaciones de su cargo”.
Lo último, “a menos que el vicepresidente y una mayoría de autoridades principales del departamento ejecutivo o de otro organismo, tal como el Congreso puedan proporcionar, transmitir, en los siguientes cuatro días, al presidente pro tempore del Senado y al presidente de la Cámara de Representantes, su declaración de que el presidente no está en capacidad de ejecutar los poderes y las obligaciones de su cargo”.
“A continuación, el Congreso decidirá el tema”, y, “si determina, por dos tercios de votos de ambas Cámaras, que el residente no está en capacidad de ejecutar los poderes y las obligaciones de su cargo, el vicepresidente continuará ejecutando los mismos como presidente interino; de lo contrario, el presidente reasumirá los poderes y las obligaciones de su cargo”.
Al momento de redactar esta nota, el líder de la minoría (ranking member) en el Comité de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes, el demócrata Jamie Raskin, informó, en un comunicado, sobre una acción para, precisamente, aplicar, a Trump, esa enmienda -de acuerdo con una fuente legislativa no identificada por medios de comunicación, “darle, con la 25 Enmienda, en el culo” (“25th Amendment his ass”)-.
Cincuenta congresistas demócratas, en total, copatrocinan la iniciativa de “legislación estableciendo una Comisión sobre la Capacidad Presidencial para Ejecutar los Poderes y las Obligaciones del Cargo (Commission on Presidential Capacity to Discharge the Powers and Duties of Office)”, de acuerdo con lo que se informó en el comunicado.
La idea consiste en activar “el organismo y el proceso previstos en la Sección 4 de la 25 Enmienda a la Constitución de Estados Unidos para permitir que el Congreso asegure liderazgo efectivo e ininterrumpido en la presidencia”, según la misma fuente.
“Esencialmente, la 25 Enmienda nos otorga una respuesta constitucional a cualquier crisis médica que pueda ocurrir”, se explicó, además de que se aclaró que, “si bien la 25 Enmienda fue adoptada hace más de 50 años, el Congreso nunca estableció este organismo previsto en la Sección 4”.
Citado en el comunicado, Raskin señaló que “la Constitución explícitamente confiere, al Congreso, la autoridad para crear un organismo que garantice la exitosa continuidad del gobierno, respondiendo a una incapacidad presidencial para ejecutar los poderes y las obligaciones del cargo”.
El parlamentario planteó, asimismo, la necesidad de que la comisión propuesta se formalice como organismo permanente, el que “debió establecerse, por parte del Congreso, cuando la 25 Enmienda fue agregada a la Constitución, en 1967”.
“El Congreso tendría que actuar, ahora, para establecer una permanente Comisión sobre la Capacidad Presidencial para Ejecutar los Poderes y las Obligaciones del Cargo”, siguió sugiriendo.
Raskin se refirió, puntualmente, además, a la obvia incapacidad del actual inquilino de la Casa Blanca en cuanto a ejercer el cargo.
“La confianza púbica en la habilidad de Donald Trump, de cumplir las obligaciones de su cargo, ha caído a niveles bajos sin precedente, cuando amenaza con destruir civilizaciones enteras, desencadena el caos en Oriente Medio mientras viola los poderes de (declaración de) guerra del Congreso, agresivamente insulta al papa de la Iglesia Católica, y emite representaciones artísticas, en línea, comparándose con Jesucristo”, indicó.
“Estamos ante un peligroso precipicio, y, ahora, es un tema de seguridad nacional que el Congreso cumpla sus responsabilidades bajo la 25 Enmienda para proteger, al pueblo estadounidense, de una situación crecientemente volátil e inestable”, advirtió.
En el comunicado se explicó, respecto a la iniciativa, que, “bajo la legislación, que es escrupulosamente bipartidista, el presidente de la Cámara, el líder de la Minoría de la Cámara, el líder de la Mayoría del Senado, y el líder de la Minoría del Senado seleccionarán -cada uno- cuatro personalidades estatales (staespersons) retiradas del Poder Ejecutivo -tales como ex presidentes, vicepresidentes, fiscales generales, y Cirujanos Generales (Surgeons General), secretarios de Estado, Defensa, y Tesoro-, para que integren la Comisión”.
El Cirujano General -cargo desempeñado por un vicealmirante-, es el principal vocero militar en materia de salud pública, y supervisa el Cuerpo Comisionado del Servicio de Salud Pública de Estados Ubo idos (US Public Health Service Commissioned Corps, Usphs).
En su sitio en Internet, el Usphs se define como un componente de las fuerzas armadas estadounidense, “una rama asignada al servicio de la salud”.
“Adicionalmente, los líderes demócrata y republicano de cada cámara, seleccionarán a cuatro médicos y cuatro psiquiatras, para integrar la Comisión”, y “los 16 miembros designados seleccionarán al miembro 17 para que actúe como presidente de la Comisión”, se precisó.
Además, “para evitar conflictos de interés, y problemas de cadena de ando lo mismo civil que militar, ninguno de los miembros pueden actualmente ser, funcionario elegido, empleado federal, ni miembro de la fuerza militar activa o de reserva”.
La Constitución prevé, asimismo, un más directo mecanismo: el juicio político (impeachment).
En el primero de sus siete artículos, en la segunda de sus 10 secciones -al plantear el mecanismo para determinar si la acción legal debe llevarse a cabo-, determina que “únicamente la Cámara de Representantes (…) tendrá el Poder de Juicio Político (Power of Impeachment)”.
Y, en el segundo artículo, en la última de sus cuatro secciones, precisa que “el Presidente, el Vicepresidente y todos los Funcionarios civiles de Estados Unidos, serán removidos de sus cargos mediante Juicio Político (Impeachment) por, y Condena de, Traición, Soborno, y otros altos Delitos y Faltas”.
El proceso para enjuiciar políticamente al presidente o a otro alto funcionario gubernamental, se inicia con la presentación, en la cámara baja, de artículos de juicio político (articles of impeachment) -los cargos contra el funcionario cuestionado-.
El organismo legislativo investiga, y, para llevar a cabo el juicio político, requiere el voto favorable de la mayoría simple de sus 435 integrantes.
El Senado se encarga de llevar a cabo el proceso, que es dirigido por el magistrado quien se desempeña como presidente de la Suprema Corte de Estados Unidos (Supreme Court of the United States, Scotus).
Para formalizar la condena -y la resultante remoción- del funcionario, se requiere mayoría de dos tercios de los 100 senadores, y, para la opción de inhabilitarlo en cuanto al desempeño de cargos públicos, el requisito es mayoría simple.
Solamente tres presidentes -de los 45 que Estados Unidos ha tenido, desde que el cargo fue creado en 1789- han enfrentado juicio político -Andrew Johnson (1868), Bill Clinton (1998), Donald Trump (2019, 2021)-, pero todos fueron absueltos por el Senado, evitando, asi, la destitución.
Por su parte, Richard Nixon renunció (1974), para evitar lo que se presentaba como su inminente impeachment.
Ahora, el tercer proceso en siete años, para enjuiciar a Trump, fue iniciado por el congresista demócrata Al Green -un tenaz opositor al autócrata-, mediante la presentación, el 10 de diciembre de 2025, al Comité Judicial de la cámara baja, del proyecto de resolución para “Someter a Juicio Político a Donald John Trump, Presidente de Estados Unidos, por altos delitos y faltas”.
Sometido, al día siguiente, a votación, la mayoría del plenario de la Cámara de Representantes (237 a favor, 140 en contra, 47 abstenciones) optó por posponer -sin precisar fecha- el debate.
Green dijo, inmediatamente después de la decisión, que “el patrón de retórica amenazante, el menosprecio por las normas democráticas, y el comportamiento dañino contra legisladores y jueces federales, por parte de Donald John Trump, no puede ignorarse”.
“Aunque la Cámara, en última instancia, votó por postergar mi resolución de juicio político, la diversidad de apoyo a este juicio político incluye a jefes de minoría (ranking members) de comités, subcomités, y personas de diferentes bloques políticos”, aclaró.
“Esto, tendría que enviar un poderoso mensaje, al presidente Trump”, planteó a continuación, para recomendarle que “tendría que entender, ahora, que atacar gente no sólo es dañino para la gente a quien ataca sino también dañino para la continuación de su presidencia”.
El proyecto de resolución contiene dos artículos de juicio político, respectivamente referidos a “Abuso del poder presidencial mediante el llamado a la ejecución de miembros del Congreso”, además de “Abuso del poder presidencial para intimidar a jueces federales, en violación de la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial”.
En el primer caso, hace referencia al hecho de que Trump “exhortó a la ejecución de seis legisladores demócratas” quienes, en un video de difundieron, el 18 de noviembre de 2025, en redes sociales, llamaron -como ex integrantes de las fuerzas militares y de la comunidad de inteligencia estadounidenses-, a los actuales uniformados, a “rechazar órdenes ilegales”, porque “nadie tiene que cumplir órdenes que violan la ley o nuestra Constitución”.
Los parlamentarios se refirieron al hostigamiento aeronaval que Trump mantenía contra Venezuela -incluido el hundimientos de presuntas narcolanchas y el asesinato de la mayoría de los respectivos tripulantes-.
El proyecto de resolución cita uno de varios mensajes que Trump dio a conocer, en redes sociales, afirmando, respecto a los legisladores: “COMPORTAMIENTO SEDICIOSO, se castiga con MUERTE”, y citó un coincidente mensaje de otra persona: “CUÉLGUNELOS GEORGE WASHINGTON LO HARÍA!!”.
Al respecto, Green plantea, en el texto, que “la exhortación del Presidente Trump, a la ejecución de los legisladores, es un irresponsable y flagrante abuso de poder Presidencial que promueve castigo extrajudicial y el asesinato de Miembros del Congreso, y amerita (declaración de) juicio político por parte de la Cámara de Representantes y enjuiciamiento por parte del Senado”.
En el segundo Artículo, el congresista demócrata denuncia que “el Presidente Trump ha alentado un clima político en el cual legisladores y jueces enfrentan amenazas de violencia política y agresión física; y, en ese clima, ha hecho amenazas y comentarios vituperantes contra jueces Federales, poniendo en riesgo su seguridad y bienestar, y minando la independencia de nuestro poder judicial”.
“Caso concreto, en respuesta a una resolución de un tribunal Federal de distrito con la cual discrepó, Trump escribió en redes sociales: ‘este Juez Radical de Izquierda Lunático, un pleitista y agitador quien fue tristemente designado por Barack Hussein Obama -no fue elegido Presidente-…Este juez, como muchos de los Jueces Corruptos antes los cuales soy forzado a comparecer, tendría que ser SOMETIDO A JUICIO POLÍTICO (IMPEACHED)’”, agrega el proponente de la resolución.
“Otro Juez Jefe de Distrito de Estados Unidos ha denunciado que recibió crecientes números de amenazas violentas, particularmente después de que empezó a recibir argumentos en una demanda judicial contra la administración Trump”, revela, a continuación.
También denuncia que, “en 2025, alrededor de un tercio del poder judicial Federal ha sido inundado con amenazas, con datos mostrando que esas amenazas se disparan cada vez que Trump usa retórica violenta contra jueces”.
En ambos artículos de juicio político, Green explica que, al haber amenazado a legisladores demócratas y a jueces, Trump “ha, deslealmente, peligrosamente, e inconstitucionalmente abusado de su posición oficial”.
El megalómano, quien reiteradamente se ha autodeclarado candidato al Premio Nobel de la Paz, está en guerra contra el mundo, y el Congreso tiene la clara obligación de frenarlo.
Puede hacerlo, si tiene la voluntad, y si se da cuenta de que Trump tiene al país -y al planeta-, ante el umbral del infierno.
