En el marco del día internacional de la mujer, la Colectiva por el Derecho a decidir, dio a conocer el informe de resultados de la “investigación de la auditoría social de la implementación de la Norma Técnica y su protocolo de atención, para regular la Interrupción Terapéutica el Embarazo cuando la salud o la vida de la mujer está en riesgo”.
Los resultados del informe, realizado durante el 2022 son alarmantes: En los dos años desde la implementación de la norma y el protocolo, SOLO SEIS MUJERES han podido presentar la solicitud y SOLO DOS de ellas han podido acceder a la Interrupción Terapéutica del Embarazo
Las autoras de la denominada “auditoría social”, Peggy Chamorro y Soledad Díaz Pastén, trabajaron a través de la búsqueda en redes oficiales (instituciones públicas relacionadas con el tema) y de organizaciones no gubernamentales en general; entrevistas directa y semiestructurada a personal de la CCSS (funcionarios con puestos de poder y responsabilidad directa con la Norma Técnica) y entrevistas y cuestionarios aplicados a mujeres solicitantes de la interrupción terapéutica el embarazo y/o personas que les acompañaron de manera cercana y directa.
En la investigación se da cuenta de la falta de capacitación, sensibilización e información de directivos y funcionarios de salud, por parte del Ministerio de Salud, además del nulo acceso de información a través de sus Redes Sociales u otro organismo de difusión
“A partir de la búsqueda en la web, navegando dentro de páginas oficiales tales como las de la CCSS, Ministerio de Salud, INAMU no ha sido posible encontrar referencia alguna que conduzca y oriente acerca de la aplicación del protocolo de la Norma técnica y la ruta de acceso para la solicitud de una ITE”, comprueba la investigación.
En el documento, además, se muestra una preocupante falta de conocimiento e incluso el temor de los funcionarios de los centros de atención local EBAIS.
Para el trabajo investigativo: “Se entrevistó en dos centros de atención local (EBAIS) del cantón de Montes de Oca al personal de atención correspondiente. El primer médico que nos atendió relata una ruta que no coincide con lo establecido en el protocolo, pues este define que se puede acudir a los centros de atención local como los EBAIS para solicitar la ITE; sin embargo, el médico del centro local asegura que en dicho centro no hacen más que referir a los hospitales de cabecera.
En el segundo EBAIS, el personal de atención local mostró temor de brindar indicaciones erróneas (buscaron a la médica disponible) y ésta a su vez condicionó la información a brindar, a la presentación de pruebas sobre la condición de embarazo comprometido con una MIVE. Solicitó sin tregua la epicrisis correspondiente sin ofrecer ninguna orientación general de la ruta o pasos a seguir según el protocolo, como se le consultó”, relata el informe.
Desde la Colectiva por el Derecho a decidir, pusieron énfasis en lo grave de estos incumplimientos con los derechos humanos y reproductivos de las mujeres y personas gestantes, establecidos en la Norma Técnica, “exigimos al Gobierno de Rodrigo Chaves, mejorar el acceso a este derecho, es deber del Estado, como con todo decreto ejecutivo, garantizar que cumpla su cometido”
Los relatos recabados por la Colectiva por el Derecho a Decidir, son claros en demostrar como la burocracia y la negación de atención de salud constituyen una tortura física y psicológica, obligando a las mujeres a continuar con embarazos no viables, afectando su salud y la de su entorno, con justificaciones como “Todavía no era un riesgo inminente para la salud, había que esperar más”; “La situación era que la bebé tenía una mutación congénita incompatible con la vida y que eso no ponía en riesgo la vida y salud física de la madre y que no se aplica interrupción por afectación en la salud psicosocial”.
Las participantes de la encuesta reflexionaron y generaron aportes desde su experiencia para advertir a otras mujeres sobre el proceso: “Es necesario tener acceso a la información, y asesoría médica, psicológica y legal. Buscar redes de apoyo”; “Buscar alternativas generales de CR y mucho acompañamiento de psicología y psiquiatría”. Respecto de los sistemas responsables de la consecución y complimiento de la Norma Técnica: “Lo que habría que hacer es aclarar, detallar más los términos, para que realmente se aplique el procedimiento. A las mujeres, aunque están en una situación muy dura y difícil; buscar apoyo y asesoría”; “Conocer la ruta, y los derechos de las mujeres, creo que se necesita mayor difusión”.
Antecedentes
En diciembre de 2019 el presidente Carlos Alvarado firma el decreto 42113-S denominado
Norma Técnica para el procedimiento médico vinculado con el artículo 121 del Código
penal; la firma de esta normativa llega al escenario legal costarricense después de la
negociación que se dio entre el Estado y las dos mujeres que lo demandaron, Ana y
Aurora, facilitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ellas
solicitaron la interrupción de sus embarazos según lo permitido por la ley, y no fueron
atendidas porque, según dijeron los médicos tratantes, no estaba afectada su salud física
a causa del embarazo con un feto con malformaciones.
Sobre la investigación
El propósito de la investigación fue averiguar sobre el uso, conocimiento y cumplimiento de la NT, procedimiento médico vinculado con el artículo 121 del Código Penal (Aborto impune) Decreto Ejecutivo N° 42113-S (2019), y su respectivo protocolo asociado, tras el primer año de su aprobación, que tiene el objetivo de permitir el acceso a la interrupción terapéutica del embarazo. Nos limitamos al Área Metropolitana de Costa Rica, por razones de complejidad logística y presupuesto.
