En un esfuerzo constante por garantizar el acceso a la justicia para todas las personas, el Poder Judicial de Costa Rica ha venido implementando una serie de medidas innovadoras para promover la inclusión y la accesibilidad de las personas con discapacidad en todos sus niveles. Estas acciones reflejan el compromiso de la institución con la equidad y la igualdad de derechos, independientemente de las capacidades individuales.
La promulgación de la Ley No 9822 marcó un hito en el enfoque hacia la inclusión en el sistema judicial costarricense.
Esta ley se centra en la promoción de la Lengua de Señas Costarricense (LESCO), con el objetivo de garantizar que las personas sordas y con discapacidad auditiva puedan acceder a los servicios judiciales de manera efectiva.
Desde entonces, el Poder Judicial ha adoptado una serie de medidas específicas para cumplir con las disposiciones de esta ley y brindar un entorno inclusivo.
Uno de los pilares fundamentales de esta iniciativa es la prestación de servicios de interpretación en LESCO. Este servicio, disponible para todas las personas usuarias del sistema judicial, se ofrece de manera gratuita y está financiado mediante el presupuesto institucional. Desde el ámbito jurisdiccional hasta eventos protocolarios, se garantiza que las personas con discapacidad auditiva puedan participar y comprender cada paso del proceso judicial.
Además de la interpretación en LESCO, se han adoptado diversos medios de apoyo a la comunicación. Estos incluyen sistemas auditivos, lenguaje sencillo, medios de voz digitalizada, magnificadores de pantalla y programas de lectura de pantalla, entre otros.
La Dirección Ejecutiva se encarga de mantener una lista actualizada de productos de apoyo, asegurando que las opciones estén disponibles para quienes las necesiten.
La accesibilidad digital también ha sido una prioridad en este esfuerzo por la inclusión. Los sitios web, programas y sistemas informáticos del Poder Judicial han sido objeto de mejoras para garantizar que sean accesibles para todas las personas, independientemente de sus capacidades. El enfoque en el diseño universal, que busca crear entornos que puedan ser utilizados por todas las personas sin necesidad de adaptación especializada, ha sido implementado en edificaciones propias y alquiladas, incluyendo el proyecto piloto en el Circuito Judicial de Goicoechea.
La capacitación del personal judicial es otro pilar esencial en este camino hacia la inclusión. El Subproceso de Gestión de la Capacitación de la Dirección de Gestión Humana ofrece anualmente cursos en LESCO para la población judicial. Esto asegura que el personal esté preparado para brindar una atención adecuada a las personas sordas y con discapacidad auditiva en sus interacciones con la institución.
La supervisión y coordinación de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad garantizan la continuidad y calidad de esta oferta formativa.
Para asegurar que las políticas implementadas sean efectivas y relevantes, el Poder Judicial ha establecido mecanismos de coordinación con organizaciones y expertos en el campo de la LESCO, la inclusión de personas con discapacidad. La colaboración continua con el CONAPDIS y la Asociación de Personas Sordas (ANASCOR) garantiza que las acciones estén alineadas con las necesidades reales de la comunidad.
En resumen, el Poder Judicial de Costa Rica está demostrando su compromiso con la inclusión y la accesibilidad al implementar una serie de medidas concretas para garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder a la justicia de manera equitativa. A través de la interpretación en LESCO, el diseño universal, la capacitación del personal y la colaboración con organizaciones relevantes, se está construyendo un entorno legal más inclusivo y accesible, donde todos los ciudadanos pueden ejercer sus derechos sin barreras.
