Hacienda Digital y reestructuración: un cambio que convoca expectativas y retos
En el corazón del poder estatal, en San José, el Ministerio de Hacienda vive una de las etapas más decisivas de su historia reciente: la materialización del proyecto “Hacienda Digital” —con su componente central TRIBU-CR— y la reestructuración interna de la cobranza tributaria. Lo que para algunos es una apuesta por la eficiencia y la transparencia, para otros es motivo de cautela ante los costos, riesgos operativos y su impacto institucional.
El financiamiento y el proyecto Hacienda Digital
El proyecto Hacienda Digital (avalado por el Banco Mundial) supone una inversión de USD 156,64 millones destinada a modernizar la administración tributaria, aduanera y el gasto público. Banco Mundial Bajo esa lógica, no se trata de un gasto aislado, sino de una apuesta estructural para dotar al Estado de herramientas tecnológicas que reduzcan las ineficiencias, la evasión fiscal y mejoren los servicios al contribuyente.
Algunos ejes centrales del proyecto incluyen:
Una arquitectura tecnológica integrada que permita interoperabilidad entre sistemas tributarios, aduaneros y gestión financiera.
Automatización de procesos fiscales y aduaneros.
Análisis de datos y gestión de riesgos.
Fortalecimiento del sistema integrado de gestión financiera del Estado (IFMIS).
El objetivo explícito es lograr que el Estado sea más eficiente en sus procesos internos, reducir los tiempos de trámite, y aumentar la fiscalización con menos costos operativos.
No obstante, las voces críticas advierten que importar soluciones “listas para usar” podría resultar más barato, aunque el Gobierno sostiene que los productos disponibles en el mercado no cumplían con los estándares de interoperabilidad, seguridad y adaptabilidad requeridos para el contexto costarricense.
Retrasos, multas y dudas operativas
En su avance, el proyecto no ha estado exento de tropiezos. Según reportes del medio Actualidad Tributaria, el Estado ya habría pagado mil millones de colones en multas por incumplimientos en los plazos de implementación del sistema informático del proyecto Hacienda Digital. El poder de la información fiscal Asimismo, ha habido cuestionamientos respecto a la continuidad del proyecto luego de la salida del ministro Nogui Acosta en julio de 2025, aunque la gestión actual ha insistido en que dará seguimiento al plan trazado. El poder de la información fiscal+1
Uno de los hitos esperados es la sustitución del sistema ATV (Administración Tributaria Virtual) por TRIBU-CR como plataforma única para la ejecución de obligaciones fiscales. El poder de la información fiscal+1 Esta transición exige una migración de datos, capacitación de personal y adaptación tecnológica que no está exenta de errores o demoras.
Reestructuración interna: el cobro unificado y reordenamiento institucional
Paralelamente al esfuerzo tecnológico, el Ministerio ha propuesto reorganizar las funciones de cobranza: actualmente la cobranza administrativa está bajo la Dirección General de Tributación, mientras que la cobranza judicial recae en la Dirección General de Hacienda. La idea es crear una Dirección única de Cobranza, bajo el paraguas de TRIBU-CR, con el fin de eliminar duplicidades, mejorar eficiencia y asignar mejor el recurso humano.
Dicha reestructura fue avalada por MIDEPLAN mediante la carta DM 0621-2025 del 18 de julio de 2025. En este nuevo esquema, los funcionarios vinculados a cobro judicial serían integrados a una estructura más robusta, con mayor dotación tecnológica y procesos compartidos.
Un proyecto de ley presentado como Expediente 25093 busca reformar la estructura de la Dirección General de Tributación para convertirla en una operación basada en “macroprocesos nacionales” y dotar de respaldo legal a TRIBU-CR. Delfino La normativa implicada afectará ámbitos de gestión territorial, procedimientos y responsabilidades institucionales.
Dilemas y riesgos
Este ambicioso plan no está exento de riesgos:
Sobrecostos y desbordes presupuestarios: cada retraso o reajuste conlleva multas y costos adicionales, ya evidenciados por los pagos ya realizados.
Dependencia tecnológica externa: si bien se defiende la capacidad local, un proyecto de estas dimensiones necesariamente depende de desarrollos tecnológicos costosos y de colaboradores externos.
Capacitación y adaptación interna: la transformación digital requerirá que la burocracia se adapte —sin resistencias—, y cualquier falla humana puede comprometer su éxito.
Riesgo de fallas de seguridad o fallos sistemáticos: al intensificarse la digitalización, también crecen los riesgos de ciberataques, corrupción de datos o vulnerabilidades en sistemas críticos.
Transparencia y control social: más tecnología debe acompañarse de mecanismos de fiscalización independientes para evitar que la opacidad técnica encubra fallas institucionales.
Oportunidades y expectativas
El lado optimista del proyecto señala que, si se logra consolidar:
Se puede reducir la evasión fiscal como porcentaje del PIB.
Agilizar trámites de recaudación, devolución o fiscalización.
Mejorar la calidad del servicio al contribuyente a través de portales digitales.
Optimizar recursos humanos al automatizar funciones repetitivas.
Dotar al Estado de una arquitectura tecnológica integrada que potencie decisiones basadas en datos.
La marcha de Hacienda Digital, combinada con la reestructuración de la cobranza, representa una prueba de fuego para la modernización institucional del Estado costarricense.
Conclusión: entre la promesa y el desafío
A 24 de septiembre de 2025, San José contempla con atención y expectativa este ambicioso devenir administrativo. Entre balances técnicos, desafíos operativos y costos contingentes, el resultado definirá si Costa Rica da un salto cualitativo hacia una administración pública digital, más eficiente y transparente, o si el proyecto queda como un esfuerzo costoso con logros parciales.
Para el ciudadano común, la pregunta es sencilla: ¿me evitará trámites, demoras o costos adicionales? Para el Estado, el reto es mayor: demostrar que la tecnología puede consolidar el buen gobierno.
