El Ministerio Público investiga al gobierno de Arévalo mientras se languidecen casos de corrupción
En Guatemala, una serie de investigaciones penales dirigidas por el Ministerio Público contra miembros del gobierno del presidente Bernardo Arévalo ha generado preocupación nacional e internacional. Organismos como Human Rights Watch han señalado que estas tienen una motivación política y carecen de sustento de acciones probatorias sólidas, mientras que los casos de corrupción de administraciones anteriores permanecen estancados o cerrados.
Un Ministerio Público bajo escrutinio
Desde que Bernardo Arévalo asumió la presidencia en enero de 2024, el Ministerio Público ha iniciado al menos 17 investigaciones contra funcionarios de su administración. Entre ellas, seis solicitudes para retirar la inmunidad del presidente, todas basadas en acusaciones que expertos legales califican como exageradas o carentes de mérito. Estas investigaciones han sido declaradas como “reservadas” por los fiscales, lo que dificulta la comprensión pública sobre su fundamento y desarrollo.
Una de las acciones más polémicas ocurrió en noviembre, cuando un juez ordenó la cancelación del registro legal del Movimiento Semilla, el partido oficialista, en un caso promovido por la fiscal general María Consuelo Porras. Este movimiento ha sido interpretado por la Unión Europea y Estados Unidos como un intento de socavar la democracia guatemalteca.
Casos emblemáticos
Ligia Hernández, directora del Instituto de la Víctima, fue detenida en agosto bajo acusación de “financiamiento electoral no registrado”. A pesar de que este tipo de infracciones suelen resolverse en el ámbito administrativo, Hernández fue encarcelada preventivamente durante tres meses antes de aceptar un acuerdo de culpabilidad. Este caso fue utilizado posteriormente como justificación para anular el registro del partido Semilla.
Por otro lado, el Ministerio Público ha cerrado investigaciones sensibles contra figuras como el expresidente Alejandro Giammattei, acusado de recibir sobornos de empresas extranjeras, y ha desestimado denuncias sobre corrupción en el Ministerio de Salud. Además, se han iniciado investigaciones cuestionables contra funcionarios que denunciaron irregularidades, como el director de la agencia tributaria, quien fue imputado tras revelar un fraude fiscal masivo.
Un panorama de impunidad
La Fiscalía registra una impunidad superior al 94% en delitos graves como violencia contra la mujer, homicidios y extorsión. Este dato alarmante refleja un sistema judicial que prioriza investigaciones políticas sobre el combate al crimen organizado y la corrupción.
Reacciones internacionales
Organismos como Human Rights Watch han señalado a la fiscal general Porras y a otros funcionarios del Ministerio Público como responsables de socavar la democracia y el estado de derecho. Tanto la Unión Europea como Estados Unidos han impuesto sanciones a Porras, al jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, y al juez Fredy Orellana, quien lideró decisiones clave contra el gobierno de Arévalo.
Conclusión
La situación en Guatemala evidencia una profunda crisis institucional, en la que los órganos de justicia se utilizan como herramientas de persecución política mientras los verdaderos problemas estructurales permanecen sin resolver. La comunidad internacional continúa vigilando de cerca los acontecimientos, exigiendo que se respete el estado de derecho y se garantice la independencia judicial.
