El golpe de Estado, en Guatemala, está perpetrado, y la única interrogante aún sin respuesta se refiere a cuándo y cómo culminará.
El agitado desarrollo de los premonitorios acontecimientos políticos expone, claramente, la ruta, desde su punto de partida, hasta su meta, pero, como la corrupta clase política chapina no ha optado por la vía militar -al menos, no hasta ahora-, no es posible ver, con plena claridad, cómo los golpistas piensan lograr el objetivo.
La secuencia de hechos en la línea de tiempo, la naturaleza de las acciones ilegítimas e ilegales llevadas a cabo, parecen indicar que el golpismo está implementando una estrategia de prueba y error, como dando manotazos en la oscuridad.
El objetivo es más que evidente: impedir que los centroizquierdistas Bernardo Arévalo y Karin Herrera, sean juramentados, el muy cercano 14 de enero, para desempeñarse, durante el próximo cuatrienio, como, respectivamente, presidente y vicepresidenta de Guatemala.
El espurio propósito quedó determinado cuando la fórmula presidencial del Movimiento Semilla -cofundado, en 2017, por Arévalo-, dio, el 25 de junio, la sorpresa de saltar, desde el octavo de los 22 lugares, en la última encuesta de intención de sufragio, tres días antes de la jornada electoral -25 de junio-, y presentado 2.9 por ciento -un punto por encima del margen de error de ese muestreo, 2.8 por ciento-, a la segunda opción en la pugna por el trabajo más codiciado del país centroamericano.
Esa noche, se dispararon todas las alarmas y se encendieron todas las luces rojas, en la cúpula de la tradicional y corrupta clase política nacional.
El terror ideológico se apoderó de los dueños del país: el hijo de uno de los dos presidentes de la democrática Revolución de Octubre (1944-1954) se había ubicado en el sprint electoral, con fuerte posibilidad de ganar la carrera.
El centroizquierdista presidente (1945-1951) Juan José Arévalo -padre del mandatario electo-, fue el primer gobernante cuyo gobierno se enmarcó en el período democrático guatemalteco de la Revolución de 1944, proceso que inauguró, el 20 de octubre de ese año
-con la instalación de la Junta Revolucionaria de Gobierno (1944-1945)-, una década de administraciones progresistas caracterizadas por la sensibilidad social.
La revolución finalizó, abruptamente -como no podía ser de otro modo, en el contexto político local y de flagrante injerencia imperial-, cuando su segundo presidente (1951-1954), el coronel Jacobo Árbenz, fue derrocado mediante el golpe de Estado del 27 de junio de 1954.
La operación PB Success (PB Éxito) -que reemplazó a la abortada PB Fortune (PB Fortuna o Suerte)-, estructurada por la agencia central de Inteligencia (CIA) del Tío Sam, fue el instrumento -apoyado por el gobierno de Estados Unidos, la colonizadora/feudalmente explotadora compañía frutera estadounidense United Fruit Company, y el dictador nicaragüense (1933-1956) Anastasio “Tacho” Somoza García-.
Según relatos históricos de la época, durante una reunión que desarrolló con Truman, en el marco de su primera visita oficial a Estados Unidos, Somoza aseguró que, si ese país le proporcionaba las armas necesarias, “limpiaría a Guatemala”.
El golpe fue planificado durante el gobierno del presidente estadounidense (1945-1949, 1949-1953) Harry Truman, y ejecutado por la administración (1953-1957, 1957-1961) del general retirado Dwight “Ike” Eisenhower.
También de acuerdo con referencias históricas de ese momento, el entonces embajador de Estados Unidos en Guatemala, John Peurifoy, celebró el desarrollo del derrocamiento de Árbenz, disparando balazos, al aire, en la entrada a la embajada, empuñando un revolver colt en cada mano.
Así fue cómo el mediocre/ultraderechista coronel Carlos Castillo Armas llegó, en 1954, al poder, manteniéndose allí hasta 1957, cuando fue ajusticiado, en la Casa Presidencial, aparentemente, por un soldado quien, al parecer, de inmediato, se suicidó.
A diferencia de 1954, en lugar de movilizar tropas, los dueños del país activaron, ahora, en el contexto del siglo 21 -para la ejecución del golpe que vienen desarrollando desde la noche del 25 de junio-, al Ministerio Público (MP), con su jefa y fiscala general de la República, Consuelo Porras, como líder de la delictiva fuerza de tarea.
Entre sus mandos medios, Porras cuenta con el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del MP, Rafael Curruchiche -bautizado, en manifestaciones populares de protesta, como “Corrupchiche”-; el juez Freddy Orellana, titular del Juzgado Séptimo de Instancia Penal; el secretario general del Ministerio Público, Ángel Pineda.
Curruchiche se ha revelado como el agente operativo golpista de mayor actividad visible, habiendo, entre otras actitudes, ofendido a la comunidad internacional
Eso, incluyó una serie de irrespetuosas expresiones, dirigidas personalmente al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el ex canciller uruguayo (2010-2015) Luis Almagro, durante la visita que el funcionario realizó, en setiembre del año pasado, en el marco de la crisis, a Guatemala.
La trayectoria política de Almagro -que incluye su participación, en el ámbito de la política internacional, en el gobierno del del ex presidente, ex guerrillero tupamaro, y ex preso político, José “Pepe” Mujica-, no es, bajo ningún concepto, demeritada por los exabruptos de un igualado peón golpista como Curruchiche -pero la patanería no dejó de molestar, visiblemente, al funcionario internacional-.
En su patética arrogancia, y aprovechando sus quince segundos de fama, el servil fiscal, se ha permitido, asimismo, formular amenazas a gobiernos, a nivel global, en la forma de declaraciones patrioteras sobre respeto a la dignidad nacional -la que, precisamente, los golpistas chapines están, soezmente, pisoteando-.
En una de sus más recientes acciones, Curruchiche presentó, el 5 de enero, una apelación, en la Corte de Constitucionalidad (CC), contra el fallo mediante el cual un juzgado ordenó, a la Policía Nacional Civil (PNC), que garantice la constitucional renovación de las más altas autoridades guatemaltecas.
La decisión del juzgado, emitida el 15 de diciembre, ordenó, a la cúpula policial, que “tome todas las acciones necesarias, hasta el máximo de sus recursos, con la debida diligencia, para que se garantice el principio de alternabilidad en el ejercicio del poder”.
Igualmente, para que “se evite cualquier acción que atente contra el principio de alternabilidad en el ejercicio del poder, asumiendo acciones que se sean necesarias”, y que “se preste toda la colaboración en forma diligente, para la realización de la transición de autoridades electas”.
También formuló una advertencia, a Curruchiche, y a la máxima autoridad policial.
“Se apercibe al Fiscal de Sección a cargo de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad FECI del Ministerio Público, Fiscales y Auxiliares de Fiscales de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad -FECI-, del Ministerio Público; y al Director General de la Policía Nacional Civil, que en caso de incumplimiento de lo resuelto en este amparo, incurrirán en multa de cuatro mil quetzales (poco más de 511 dólares), sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales consiguientes”.
El juzgado respaldó, así, el amparo presentado por cuatro abogadas y seis abogados, en un esfuerzo por frenar el golpe de Estado que sigue en desarrollo.
Se trata de los juristas Ana Raquel Aquino, Sara Larios, Andrea María Reyes, Mariana Reyes, Andrés Mateo Echeverría, José Javier Gálvez, Edgar Lima, Hugo Leonel Rivas, Gregorio José Saavedra, Javier Urizar.
En respuesta, Curruchiche apeló, el 5 de enero.
Entre otros planteamientos, el fiscal golpista solicitó, a la CC, que rechace lo planteado por los 10 abogados.
“Si constituye su alegato la inminencia de una amenaza de ‘golpe de estado’, ésta amenaza debe ser cierta, posible y encaminada a afectar derechos claros y precisos y sus efectos deben estar bien determinados”, planteó, en su desvarío seudolegal.
También aseveró que los juristas deben “precisar si lo que pretenden hacer ver como amenaza, es o no un ‘golpe de estado’, categoría conceptual que no ocurre en el presente caso, porque” Arévalo “aún no ha asumido el cargo, debido a que no se ha vencido el plazo para el cual fue electo el Doctor Alejandro Eduardo Giammattei Falla, actual Presidente Constitucional de la República de Guatemala”.
Por lo tanto, “es fáctica y jurídicamente inviable que en contra del Doctor César Bernardo Arévalo de León, Presidente Electo pueda existir una amenaza de ‘golpe de estado que amenace o altere el orden constitucional”, agregó.
“Sí lo sería, por ejemplo: que para impedir el cumplimiento de las funciones constitucionales de la institución obligada constitucionalmente a investigar, alguna persona sindicada de la probable comisión de hechos delictivos, generando zozobra social y sin seguir el debido proceso, mediante la fuerza, intimidación, violencia y afectación del orden publico en perjuicio del bien común, pretendiera mediante la coacción, la renuncia de un funcionario jefe de una institución de naturaleza constitucional, como sería el Ministerio Público, lo que sí constituye un acto dirigido a alterar el orden constitucional”, planteó.
El desvarío de Curruchiche, se traduce en que el leguleyo niega lo obvio: que el Ministerio Público, a través de la Feci, está implementando el golpe de Estado, que, sí existe, y que necesita que nadie le impida servir como instrumento para una acción violatoria de la Constitución guatemalteca.
Punto. Fin de discusión. Basta de hipocresía.
